Los nietos de Franco empiezan a recibir la notificación: los 15 días comienzan a correr

Los nietos de Francisco Franco han empezado a recibir el acuerdo de incoación adoptado por el Consejo de Ministros para proceder a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, momento que marca el inicio del plazo de 15 días hábiles que tendrá la familia para personarse en el procedimiento y presentar las alegaciones que considere oportuno. Este trámite, por tanto, se cumplirá entrado ya el mes de octubre.

Según ha podido confirmar El Independiente, las primeras notificaciones llegaron a sus destinatarios este lunes y se da por hecho que los siete nietos la habrán recibido antes de que termine la semana. No será hasta que todos dispongan de la comunicación formal cuando eche a andar el reloj para que la familia Franco pueda presentar sus argumentos contra la decisión adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales de agosto.

Las fuentes consultadas por este diario adelantan que, en este trámite, los familiares mostrarán su oposición al traslado -como ya plasmaron ante notario a finales de junio tras conocer la pretensión del Gobierno socialista- y no ofrecerán alternativa para el nuevo enterramiento del cadáver de su abuelo, que se encuentra en un sepulcro habilitado a los pies del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos desde el 23 de noviembre de 1975.

Según el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto, los familiares del dictador podrán presentar alegaciones a la decisión de exhumación y detallar el destino que quieran darle a los restos mortales de Franco, aportando en dicho plazo los documentos y autorizaciones preceptivas. "En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura", prevé el citado texto.

Cumplido ese trámite, el Consejo de Ministros ordenaría a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que continúe el procedimiento administrativo remitiendo al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial -localidad madrileña en cuyo término municipal se encuentra el Valle de los Caídos- el proyecto para llevar a cabo la exhumación. El consistorio dispondría de un mes para notificar si dicha actuación es conforme a la ordenación urbanística en vigor, como establece la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La familia se opondrá a la exhumación en el trámite de alegaciones y no ofrecerá alternativa para el enterramiento de los restos del dictador

Igualmente, la titular de Justicia tendría que dar otro paso: solicitar un informe no vinculante a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid -departamento del Ejecutivo autonómico competente en materia de sanidad mortuoria- con otro mes máximo de plazo para contestar. La tramitación del procedimiento caminaría ya por el mes de diciembre y no habría todavía terminado.

Concluidas dichas actuaciones y antes de que se adopte la resolución final, los descendientes de Franco dispondrían de un "plazo improrrogable" de 10 días hábiles para volver a alegar. Sólo quedaría ya que el Consejo de Ministros resolviera motivadamente si procede la exhumación y detalle el destino que se le daría a los restos del dictador. Si se apuraran los plazos máximos previstos en el procedimiento, el Ejecutivo tendría muy difícil consumar la exhumación este año.

En el entorno de la familia Franco se muestran convencidos de que el traslado del cadáver momificado no se podrá ejecutar sin la autorización de la Iglesia, responsable de la custodia en virtud del documento que el hoy rey emérito firmó a las 16 horas del 22 de noviembre de 1975. Y la congregación religiosa que rige la basílica del Valle de los Caídos -la orden benedictina- ya ha dejado claro que no facilitará el traslado si no lo consienten los descendientes.

Con la Iglesia ha topado Sánchez

"Quien entregó a la comunidad benedictina la custodia del cuerpo de Franco fue el Rey y, por lo tanto, es una cuestión que depende de la familia y de la autoridad estatal competente. Nosotros lo que tendríamos que impedir es una extracción ilegal del cuerpo. Eso no lo podríamos permitir, ni de él ni de nadie. Si la familia pide sacarlo y el Rey determina que sí [atribución que ya no correspondería a la jefatura del Estado], nosotros no nos podemos oponer", declaró a este diario el pasado mes de marzo el prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios, tres de los 13 expertos que integraron la comisión a la que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en el Valle de los Caídos, ya advirtieron en el voto particular emitido de la dificultad que entrañaba cualquier actuación en el interior de la basílica por la condición de lugar sagrado del recinto y la "inviolabilidad" del templo derivada del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979. "El último superior jerárquico del abad es el Sumo Pontífice, cuyo hipotético recurso supondría una negociación de carácter internacional", añadían.

La Fundación Francisco Franco ya ha anunciado que pleiteará para intentar que no se consume la exhumación. "Cualquier intento de violentar la legalidad será oportunamente denunciada ante los Tribunales de Justicia, pues nadie puede pisotear el estado de derecho", mantiene.