La Generalitat sube la apuesta contra el franquismo con una comisión de la verdad

La Generalitat de Cataluña quiere crear una comisión de la verdad que analice "la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición". Así lo recoge la memoria preliminar del anteproyecto de Ley Integral de Memoria Democrática aprobado esta semana por el Govern, coincidiendo con la votación en el Congreso del decreto del Gobierno para trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El gobierno catalán no quiere dejar pasar la oportunidad de lucimiento político que supone la lucha contra los símbolos franquistas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto al primer plano de la actualidad, máxime cuando la Generalitat es una de las administraciones que más ha invertido en proyectos de memoria histórica desde los gobiernos tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla.

El nuevo proyecto del departamento de Justicia, en manos de la republicana Ester Capella, pretende ahora unificar todas las normas de memoria histórica aprobadas desde entonces en una sola ley marco que quiere habilitar al Govern para acabar con los vestigios del franquismo. El texto catalán pretende, además, ir un paso más allá e "investigar los crímenes de lesa humanidad" que se cometieron en esos periodos.

Una pretensión que choca frontalmente con la Ley de Amnistía de 1977, pero en la que los independentistas catalanes cuentan con el apoyo de Podemos y Compromís, que ya llevaron una propuesta similar al Congreso, rechazada con la oposición de PP, PSOE y Ciudadanos.

La portavoz y consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ha defendido la propuesta de esa comisión de la verdad como una respuesta "al clamor social" que a su juicio existe para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo, y que responde "a demandas de ciudadanía, de diversas entidades y a los criterios expresados por Naciones Unidas". Unas reclamaciones que nunca hasta ahora han incluido la petición de revisar la transición, como defiende ahora la Generalitat.

La transición no se ha acabado de limpiar", argumenta Artadi para justificar una investigación desde la Guerra Civil hasta los inicios de la democracia

"La transición no se ha acabado de limpiar, hay episodios que no se han aclarado, hay que estudiarlos y seguir aportando luz, no nos podemos quedar en 1975" argumentó Artadi tras presentar el proyecto, del que advirtió que está todavía en un punto muy incipiente. Dejó claro, eso sí, que el Govern secunda la creación de la comisión de la verdad que propone Capella para analizar todos los posibles crímenes de lesa humanidad que hayan tenido lugar en Cataluña desde la Guerra Civil hasta una fecha por determinar, pero que en todo caso iría más allá de 1975, con el objetivo final de informar a las víctimas de sus derechos.

"Aún tenemos hechos como el debate sobre la presencia de Franco en el Valle de los Caídos y las reacciones que ha generado" añadió Artadi para sustentar la teoría independentista de que el franquismo sigue vivo en la sociedad española y es necesario revisar su legado y las consecuencias de la dictadura que siguen vigentes en la actualidad. "Hay consecuencias en las calles, en el nomenclátor, pero también privilegios heredados; una parte del franquismo y sus consecuencias están vigentes y no se han acabado de investigar, eso hace que sigan presentes".

Retirar símbolos, aunque el pueblo no quiera

Más allá de la creación de una comisión de la verdad, el proyecto de ley pretende actualizar y harmonizar toda la legislación sobre memoria histórica -hasta diez normas que van desde la Ley de Fosas a la de creación del Memorial Democrático- e incorporar las últimas "demandas de la sociedad civil sobre la memoria".

"Esta ley tendrá un impacto relevante", argumentó la portavoz del Govern, recordando que unos 6.000 catalanes se han inscrito en el registro genético creado por la Generalitat para identificar los restos de 20.000 víctimas no identificadas de las fosas comunes localizadas en Cataluña. El Govern pretende además recabar datos para completar el censo de los catalanes exiliados en campos franceses de refugiados tras la guerra y documentar la persecución a colectivos especialmente vulnerables, como el LGTB.

Junto a estas demandas, la Generalitat ha incluido en la ley la previsión de facultar al Govern a retirar simbología franquista incluso en aquellos casos en los que los vecinos se opongan, como sucedió en Tortosa, donde los vecinos se opusieron en una consulta organizada por el ayuntamiento para eliminar el monumento a las tropas franquistas que en el pueblo se considera ya parte del paisaje.

El proyecto aprobado por el Govern incorpora además la posibilidad de anular condecoraciones y suprimir los nombres de los espacios dedicados a dirigentes de la dictadura, y anular condecoraciones y premios.

Memoria democrática en las escuelas

Pretende además incorporar al currículo educativo de las escuelas catalanas el concepto de "memoria democrática". Esto es, el proyecto propone que los departamentos de Justicia y Enseñanza de la Generalitat "estudien la incorporación de la memoria democrática al currículo educativo, así como la formación específica de los docentes en esta materia".