Los políticos corruptos seguirán aforados tras la reforma constitucional de Sánchez

Cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias... Los políticos acusados de delitos tipo de corrupción en el ejercicio de su cargo seguirán siendo aforados tras la reforma exprés de la Constitución que limitará ese blindaje jurídico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer de forma solemne ante representantes de la sociedad civil que propondrá a las Cortes una reforma constitucional para "acabar con los aforamientos", que consideró un privilegio de la clase política.

El anuncio se sostuvo poco tiempo. Tras la intervención pública del presidente, fuentes de su Gobierno matizaban el alcance de la propuesta. No se trata de "acabar con los aforamientos", como dijo Sánchez, sino de limitarlos a los asuntos vinculados con el ejercicio del cargo político, excluyendo ese blindaje jurídico de la vida personal como por ejemplo conducir ebrio o cometer irregularidades académicas, caso del presidente del PP, Pablo Casado, cuyo máster investiga el Tribunal Supremo.

En la Moncloa niegan que se trate de una reforma a la medida del líder del PP, que sería uno de los pocos diputados y senadores que se verían afectados por la pérdida del aforamiento. También perdería esa protección jurídica la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada por el Supremo dentro del caso Púnica por unos hechos que habría cometido cuando era alcaldesa de Cartagena, y el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, acusado de un delito de coacciones cometido como parte de un piquete durante una huelga de basuras convocada en el pueblo sevillano de El Coronil en 2013.

El fin de los aforamientos anunciado ayer por Sánchez también excluye a la mayoría de parlamentarios, presidentes y gobiernos autonómicos aforados por sus respectivos estatutos de autonomía, que seguirán respondiendo ante los tribunales superiores de cada comunidad. Sólo Murcia, Cantabria y Canarias tienen avanzada la supresión de los aforamientos. También se quedan fuera de la reforma los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los de la carrera judicial, por lo que finalmente la medida afectaría al Gobierno, a los senadores y a los diputados.

Según las cifras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos y unos 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. La mayoría de ellos seguirán siendo aforados.

A última hora de la tarde, la Moncloa aclaró las dudas de los informadores. "Se suprimirá el aforamiento de los cargos públicos (gobierno, diputados, senadores) salvo en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo. Para ello se modificarán los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución", anunció. Para lograrlo también será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, el defensor del pueblo o Tribunal de Cuentas.

El Gobierno recabará informes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial antes de presentar un anteproyecto de ley de reforma de la Constitución posiblemente en el Consejo de Ministros de este viernes. Posteriormente, la medida será debatida en el Congreso y en el Senado, donde necesita el apoyo del PP. "Una vez limitados los aforamientos en la Constitución no tiene sentido que se mantengan en las Comunidades Autónomas", desliza la Moncloa, invitando así a los presidentes autonómicos a seguir su iniciativa.

Con este anuncio, el presidente del Gobierno quiere pasar página de la crisis por la dimisión de su ministra de Sanidad, las bombas de Arabia y su tesis doctoral. Sánchez ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la reforma constitucional, que pretende ejecutar de forma exprés en 60 días sin referéndum al no afectar a su título primero. No obstante, los aliados parlamentarios de Podemos ya han advertido de que cualquier cambio en la Carta Magna debe ser sometido a votación para evitar casos como el de la reforma del artículo 135 acordada en 2011 por PP y PSOE para garantizar el control del déficit público.