Es el mayor caso de corrupción jamas investigado en Euskadi: 26 acusados y peticiones de hasta 54 años de prisión para el principal acusado, Alfredo de Miguel, ex numero 2 del PNV en Alava. En el banquillo se sientan otros ex altos cargos del partido nacionalista, así como ex altos cargos del Gobierno vasco. Hoy, las defensas de las acusados han aceptado secundar la peticion del fiscal, Josu Izagirre, para suspender el juicio durante un periodo de al menos dos semanas para negociar un acuerdo de conformidad por el que los princiales acusados reconocerían parte de los hechos por los que se les acusa. El tribunal ha accedido a suspender el juicio para facilitar las negociaciones en busqueda de un acuerdo y concede dos semanas de aplazamiento. Las vistas se reanudarían el próximo lunes 1 de octubre.

Alfredo de Miguel, que da nombre al llamado 'caso de Miguel' está acusado de delitos de cohecho, tráfico de influencia y blanqueo de capitales. Junto a él están acusados otros dos ex altos cargos del PNV, ademas de sus respectivas esposas. A todos ellos se les acusa de formar parte de una trama que extorsionaba a empresarios para cobrarles comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. En el proceso estuvieron implicados alto responsables de los parque tecnológicos, en especial el de Miñano, de cuya ampliación intentó beneficiarse la presunta trama.

La Fiscalía considera que existen pruebas suficientes para acreditar que los acusados formaban parte del entramado que a través de una sociedad pantalla, Kataia Consulting, -radicada en un txoko gastronómico- y otras sociedades dependientes de ella, se cobraban las 'mordidas'.

El juicio, que hoy celebraba su sesion numero 42, se inicio el pasado mes de enero. Para hoy estaba previstas las declaraciones de los acusados. Días atrás trascendió que la Fiscalía y las partes negociaban un acuerdo de conformidad por los que los principales acusados aceptarían la comisión de los delitos a cambio de no ingresar en prisión o hacerlo por un periodo breve de tiempos.

En la sesión celebrada esta mañana en la Audiencia provincial de Alava, todas las defensas han considerado razonable y no se han opuesto a la petición de la Fiscalía de aplazar las sesiones al menos por un periodo de 15 días para cerrar las negociaciones que podrían culminar en un acuerdo de conformidad. La ley preve hasta un mes de suspensión para la negociación de un acuerdo entre las partes. Además del ministerio fiscal también las dos acusaciones, como la que ejerce el Gobierno vasco, han aceptado explorar esta posibilidad de acuerdo para pactar una condena.

El caso estalló después de la denuncia presentada por una de las acusadas, Ainhoa Alberdi, a quien la traba reclamó una comisión de hasta 100.000 euros por una adjudicación pública. Alberdi, al negarse a abonarla recibió numerosas presiones. Denunció el caso ante la Ertzaintza a la que aportó numerosas grabaciones en las que se escuchaba las presiones que sobre ella ejercían los principales encausados.