Pedro Sánchez abre la caja de Pandora de la reforma de la Constitución

Calculado o no, la propuesta del presidente del Gobierno de acometer una reforma exprés de la Constitución para limitar el aforamiento de los políticos ha vuelto a abrir la caja de Pandora en el Congreso. Si Pedro Sánchez pretendía crear una cortina de humo sobre la polémica de su tesis lo ha conseguido. Si quería devolver la atención a su propuesta de reforma de la Constitución tras el fracaso de la comisión parlamentaria constituida con ese objetivo, también lo ha logrado. El caso es que a su propuesta ha generado un rosario de preferencias y exigencias de los grupos políticos a la hora de cambiar la Carta Magna que se topan con un obstáculo: El PP sigue teniendo en sus manos el candado de la Constitución, ya que su apoyo es imprescindible para modificarla.

El partido de Albert Rivera, principal impulsor del fin de los aforamientos en toda España, se marcó ayer un tanto político al conseguir que el Congreso superara la propuesta del presidente para reformar la Constitución con el único objetivo de limitar el blindaje jurídico de los diputados a los delitos que puedan cometer fuera del ejercicio de su cargo, es decir, en su ámbito privado. Ciudadanos logró sacar adelante su moción, que insta al Gobierno a acabar con lo que considera un "privilegio".

Por su parte, el PP, que tiene en su mano la llave de cualquier reforma constitucional, ha demostrado que no tiene miedo a quitar el aforamiento a su presidente, Pablo Casado, investigado por el Tribunal Supremo por posibles irregularidades en la obtención de su máster, respaldando la moción de Ciudadanos. No obstante, el PP exige tiempo, consenso y rigor a la hora de abordar una reforma constitucional sobre los aforamientos y acusa a Sánchez de "convertir una buena idea en una ocurrencia" y "una frivolidad".

La portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ha lamentado que el presidente del Gobierno haya lanzado una propuesta de reforma constitucional sobre este tema sin consultar con el primer partido de oposición, que además tiene la mayoría absoluta en el Senado. "Es una frivolidad reformar la Constitución de forma exprés", ha asegurado, ya que se necesita "diálogo, consenso y rigor". El PP quiere que el Congreso solicite informes a la Comisión de Estudios del Consejo de Estado, a la Comisión General de Codificación y al Consejo General del Poder Judicial sobre el régimen de los aforamientos en España, y que esos estudios sean remitidos al Congreso, al Senado y a los parlamentos y gobiernos autonómicos antes de poner en marcha cualquier iniciativa.

Los 'populares' esperan que los informes de esos órganos contribuyan a aclarar la adecuación del aforamiento a la Carta Magna, su origen y justificación, las reformas necesarias para su limitación y, si procediera, la supresión de todos los aforamientos, así como las posibles medidas complementarias para "garantizar el libre ejercicio de las funciones" de los cargos públicos y funcionarios.

El PNV y Podemos han solicitado que la reforma incluya la eliminación de la inviolabilidad del Jefe del Estado, lo que supondría la modificación del artículo 56.3 de la Constitución. Su portavoz, Aitor Esteban, ha defendido la medida para lograr que todos los ciudadanos españoles son iguales ante la ley. En la misma línea, el grupo parlamentario de Unidos Podemos se ha abstenido en la moción de Cs precisamente por no aceptar la reclamación del PNV para eliminar la inviolabilidad del Rey.

"En una democracia no puede ser que haya algunas personas que por su apellido, por apellidarse Borbón, no respondan ante la Justicia como el conjunto de los ciudadanos", explicado la portavoz adjunta de Unidos Podemos Ione Belarra en los pasillos del Congreso, después de que por la mañana anunciara en rueda de prensa su voto a favor de la moción de Cs. "Hemos decidido no apoyar la iniciativa de Cs principalmente porque no han aceptado la enmienda del PNV para que el Rey deje de ser inviolable y todas las personas en nuestro país seamos iguales ante la Justicia", ha insistido.

Por su parte, ERC y PDeCAT han abogado por aprovechar la reforma de la Constitución para cambiar más materias y han defendido que se mantenga el aforamiento de los diputados en las cuestiones vinculadas al ejercicio de su cargo. El portavoz de ERC Joan Tardà, ha considera que el problema no son los aforamientos, sino que esta figura solo existe "para los ladrones" porque "el sistema está podrido" y permite que la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, haya ido a la cárcel por "el ejercicio de sus derechos y obligaciones como presidenta". Tardà ha recordado que ellos solo acatan la Constitución por imperativo legal y no la han legitimado nunca "porque es monárquica y niega el derecho a la autodeterminación" por lo que, de entrada, no se sentirán "concernidos" por su modificación.

Para el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, la cuestión es que si se abre "el melón" de la reforma constitucional hay otros aspectos a abordar como la cuestión catalana y la "ruptura del pacto constitucional" que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 sobre el Estatut. Campuzano ha reclamado a Sánchez una política "más efectiva que efectivista", en relación con el anuncio que realizó ayer de suprimir aforamientos, porque considera que "no hay una demanda ciudadana en esta materia que justifique la apertura de la reforma constitucional".

El independentismo también ha intentado arrimar el ascua a la sartén de la reforma a través del portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ser "valiente", porque un referéndum "cabe en la Constitución". "Hablar de aforamientos teniendo a gente en la cárcel y en el exilio no es el primer tema en la mesa de JxCat", ha explicado Pujol en el Parlament. . "Está bien que haya grupos que intenten llevar el debate a lo que les interesa, pero los grupos que trabajamos en este Parlament tenemos que ser conscientes de la situación que nos toca vivir", ha advertido.