El Gobierno advierte a la Mesa del Congreso que no puede frenar su treta parlamentaria

Pedro Sánchez dejó muy claro el miércoles que no cejará en su empeño por presentar unos Presupuestos con la posibilidad de endeudarse y gastar 6.000 millones más que los vigentes del PP. "Es perfectamente legal. Es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones y lo importante es que vamos a tener un presupuestos con 6.000 millones más que va a ser suficiente para reconstruir el Estado de bienestar y continuar garantizando la cohesión social", aseguró al salir del Congreso tras la sesión de control. En ese empeño, el Ejecutivo no duda en iniciar una guerra abierta con el poder legislativo.

Con ese objetivo, el PSOE ha recurrido a una treta parlamentaria, consistente en introducir una enmienda a la ley sobre la formación de los jueces en materia de violencia de género en la que pide eliminar la capacidad de veto del Senado en la aprobación de la senda de estabilidad que marca ese nuevo déficit.

La triquiñuela ha levantado en pie de guerra al PP y a Ciudadanos, que habían impedido la tramitación de esa modificación de la Ley de Estabilidad por vía de urgencia, como pretendía el Gobierno para poder presentar su proyecto de presupuestos dentro de dos meses. La mayoría de ambos en la Mesa del Congreso, órgano de gobierno de la Cámara, les permite decidir sobre qué procedimiento usar. Al intentar saltarse a la Mesa del Congreso para luego poder saltarse al Senado en la aprobación de la senda de estabilidad, PP y Ciudadanos han puesto en marcha toda su capacidad parlamentaria en contra de la maniobra y han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional.

La decisión sobre la enmienda corresponde a la Mesa de la Comisión de Justicia, donde el PSOE cuenta con mayoría gracias a su alianza con los grupos independentistas catalanes, y que ha admitido este jueves la tramitación de la iniciativa. La decisión se ha adoptado tras un debate a puerta cerrada entre los miembros de la Mesa que preside la socialista Isabel Rodríguez. El órgano de gobierno de la Comisión está compuesto por dos diputados del PSOE, uno de ERC y dos del PP.

El PSOE y ERC también han rechazado la petición del PP de que la Mesa de la Comisión solicitara un informe a los letrados de la Cámara antes de admitir la enmienda. Según socialistas e independentistas ese informe no es pertinente porque la Mesa de la Comisión tiene plenas facultades para decidir sobre la admisión de enmiendas.

Conscientes de que los dos grandes partidos de la oposición intentarán devolver la cuestión a la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría, el Gobierno ha recurrido este jueves a otro hecho insólito. Ha "recordado" a la Mesa del Congreso que su trayectoria en situaciones similares determina que "no puede revisar los acuerdos alcanzados en Comisión, al igual que ha sucedido en otras ocasiones".

Para demostrar su tesis, la Moncloa ha difundido un acuerdo de la mesa del Congreso del 24 de junio de 2014, bajo la presidencia de Jesús Posadas (PP), que viene a avalar sus argumentos. "No procede que la Mesa de la Cámara revise la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia en relación con la calificación y admisión a trámite de las citadas enmiendas. Se acuerda, en consecuencia, desestimar la solicitud de reconsideración presentada", estableció entonces una Mesa dominada por el PP en un caso muy similar.

La resolución de la Mesa en esa ocasión asegura que "no existe un sistema de recursos de alzada generalizado, en virtud del cual la Mesa del Congreso pudiera resolver cualquier reclamación contra actos de otros órganos de la Cámara; sino que, por el contrario, la inexistencia de una relación jerárquica entre los distintos órganos abona la restricción del ámbito de recursos contra actos parlamentarios a los regulados expresamente en el Reglamento. Y que, por la misma razón, la reconsideración o revisión por la Mesa de la Cámara de las decisiones de las Mesas de las Comisiones ha de realizarse de forma respetuosa con sus competencias, ciñéndose a los elementos reglados del acto objeto de impugnación".

Con este documento, que el Gobierno no descarta enviar a la Mesa del Congreso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se suma a la batalla jurídica librada entre PSOE, PP y Ciudadanos sobre la legalidad y constitucionalidad de la artimaña parlamentaria cometida el martes para que el Gobierno socialista pueda presentar su proyecto de presupuestos.