Sánchez coló su treta parlamentaria en la única ley que estaba pactada con el PP

La indignación del PP con el Gobierno y el PSOE alcanza dimensiones estratosféricas, no sólo por intentar burlar el veto del Grupo Popular a la propuesta de Estabilidad Presupuestaria a su paso por el Senado, sino por "colarla" en la única ley que habían pactado con el Ejecutivo relativa a la formación de jueces en violencia de género. La cronología del penúltimo enfrentamiento entre Pedro Sánchez y el grupo más numeroso de la Cámara arrancó a la vuelta de las vacaciones de verano cuando se presentó el decreto de desarrollo de medidas del pacto de Violencia de Género, que defendió en el Parlamento la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El PP anunció en ese momento que "si se hacía de manera unilateral, mediante decreto-ley, recurriríamos ante el Constitucional", narra un miembro de la dirección del Grupo Popular. A la vista de dicha amenaza, se produjo una conversación con los socialistas para acordar que se tramitara como proyecto de ley al objeto del volver al consenso del que ha sido uno de los pocos, por no decir el único, pacto de Estado del Gobierno con el PSOE y el resto de los partidos con representación en la Cámara Baja.

Se negoció con el portavoz adjunto del PSOE Rafael Simancas

Además, como consecuencia de dicho acuerdo, también se pactó que todas aquellas iniciativas legislativas pendientes que guardaran relación con el Pacto contra la Violencia de Género se tramitaran de manera simultánea. Una de ellas era esta, la de formación de jueces, que se negocia con Rafael Simancas, portavoz adjunto socialista.

"Nuestra sorpresa es que hayan usado este fraude descomunal", lamenta un miembro de la dirección del Grupo Popular que niega las acusaciones de "bisoñez" lanzadas por diputados y dirigentes de Génova, que sienten que les ha intentado meter un gol para eliminar su capacidad de veto en el Senado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, paso previo para la tramitación de Presupuestos y un seguro para que Sánchez agote la legislatura.

Pero por si fuera poco, la maniobra de Gobierno y PSOE sucedía de manera casi simultánea a la toma en consideración de una propuesta de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por los propios socialistas. Una especie de carambola a tres bandas, "indecente e inmoral" a juicio de los populares para quienes el PSOE "ha priorizado sacar adelante un subterfugio parlamentario antes que el pacto contra la violencia de género. Es indigno". " Se saltan todo a la torera y se regodean de manera grosera", agregan.

El Grupo Popular ya ha recurrido ante el "uso fraudulento del proceso de enmiendas" y un "fraude" al Congreso

No es, esta, sin embargo, la primera vez que se usa un subterfugio como el ensayado por Sánchez. En época de Josá María Aznar se usó, y los socialistas lo ganaron ante el Constitucional en 2011. El Grupo Popular ya ha presentado sendos recursos de amparo a la mesa de la comisión de Justicia, -donde se debatirá la propuesta socialista y el PP no tiene mayoría- y a la mesa del Congreso, donde puede unir fuerzas a Ciudadanos. La portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, "ha trabajado en ambos recursos" al tiempo que recuerdan que la catalana no es una recién llegada al Congreso ni a los mecanismos parlamentarios, que conoce, aducen, de su etapa de miembro de la Mesa.

En sendos escritos piden que se preserven las funciones legislativas del Congreso y se amparen los derechos de los diputados del Grupo Popular "y del resto de miembros de la Cámara" y, además, que se produzca la inadmisión a trámite y rechazo de la enmienda por entender que se trata "de un uso fraudulento del trámite de enmiendas para introducir un contenido" que encuentra su acomodo en otra iniciativa y por suponer "un fraude a la institución del Congreso de los Diputados que debe ser oportunamente repelido" así como al procedimiento legislativo ordinario.

Rechazar la proposición de ley

En caso de que los recursos no surtieran efecto y la proposición de ley del grupo socialista llegara al pleno con la enmienda de la discordia "nos veríamos obligados a votar que 'no' a una medida muy importante, que es la formación de jueces para la violencia de género con lo que el consenso en esta materia se rompería", dicen desde la bancada popular, con la intención es llegar hasta el Constitucional.