Los líderes del 'procés' dan por seguro una condena por sedición y no por rebelión

Las defensas de los principales líderes del ‘procés’ tienen asumido que la Fiscalía va a mantener la acusación por rebelión contra los promotores de la declaración unilateral de independencia de Cataluña que tuvo lugar en octubre de 2017 aunque dan por hecho que no se les va a condenar por dicho delito.

Las distintas fuentes consultadas por El Independiente explican que los independentistas presos han perdido toda esperanza de que el Gobierno haya podido lograr que con el cambio de fiscal general del Estado los fiscales del ‘procés’ –Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal- vayan a suavizar su escrito de acusación de cara al juicio oral que se celebrará en los próximos meses en el Tribunal Supremo.

La llegada a la Fiscalía General de María José Segarra, junto con el acercamiento de los presos realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, disparó las expectativas entre los ex responsables de la Generalitat de que iba a haber un cambio significativo en la postura del Ministerio Público en esta causa.

Desde un primer momento, el papel desarrollado por la Fiscalía General del Estado en el desafío independentista ha sido clave ya que fue el fiscal general fallecido José Manuel Maza quien firmó la querella contra los responsables del Govern por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos tras la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament el 27 de octubre de 2017.

A lo largo de los meses de instrucción del ‘procés’, el magistrado Pablo Llarena mantuvo un criterio firme respecto a la rebelión y los fiscales de Sala del Alto Tribunal siempre lo apoyaron –excepto cuando el ex fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, hizo pedir a Fidel Cadena la libertad del ex conseller Joaquim Forn- junto con la Sala de Apelaciones.

Una calificación alternativa

Lo cierto, es que las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, explican que el criterio de los fiscales de Sala no se ha visto alterado con la llegada de Segarra a la madrileña calle Fortuny número 4, sede de la Fiscalía General del Estado.

Desde el pasado mes de julio los fiscales del Alto Tribunal han redactado su escrito de acusación de esta causa donde se incluirá el delito de rebelión para los máximos responsables del intento de proclamación de la república catalana. Para el Ministerio Público constituyen una “rebelión de libro” los hechos que tuvieron lugar entre el 20 de septiembre de 2017 y el 27 de octubre en Cataluña.

No obstante, los ex miembros del Govern que se sentarán en los próximos meses en el banquillo de los acusados creen que el Ministerio Fiscal introducirá una calificación alternativa con la sedición o conspiración para la rebelión al término del juicio en sus conclusiones definitivas.

"La presión social"

Además, las distintas defensas consultadas por este medio coinciden en afirmar que la Sala Segunda “no se atreverá de condenarles por rebelión” al ser una cuestión jurídicamente muy discutida y controvertida. Los abogados de los ex responsables del Govern dan por hecho que recibirán condenas por sedición que –dicen- serán anuladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El artículo 545 del Código Penal prevé una pena de entre ocho y diez años de prisión e inhabilitación para los responsables de la sedición, y de hasta 15 años si se tratara de autoridades públicas. En tanto, nuestra legislación sostiene que “los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”. En el caso de un delito de conspiración para la rebelión dicha pena puede verse reducida en uno o dos grados.

Las mismas fuentes apuntan a que si bien el cambio de Gobierno no les ha servido para obtener un cambio de rumbo en la Fiscalía, esperan que la “presión social” propicie en el futuro una condena más leve o incluso el indulto. En última instancia, quedará Estrasburgo. Europa, aseguran, ya les está dando la razón al rechazar entregar a la justicia española a los huidos del 'procés'.