Sánchez recula y delega su plan para acabar con los aforamientos en el Consejo de Estado

La propuesta de reforma constitucional sobre el aforamiento de diputados, senadores y ministros se desinfla día a día. En plena vorágine por las sospechas de plagio sobre su tesis doctoral, el presidente del Gobierno convocó a representantes de la sociedad civil el lunes y anunció que el Consejo de Ministros aprobaría este viernes un anteproyecto de ley para "acabar" con los aforamientos de los políticos. Minutos después, fuentes de su Ejecutivo explicaron que no se trataba de eliminar ese blindaje jurídico, sino de limitarlo al "ejercicio del cargo", excluyendo cuestiones del ámbito privado como, por ejemplo, irregularidades académicas como las que salpican al presidente del PP, Pablo Casado.

Llegado el viernes, el Consejo de Ministros ni siquiera ha aprobado el anteproyecto de ley prometido, sino que se ha limitado a pedir al Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, que formule esa propuesta de reforma constitucional con el objetivo de que "contribuya a la calidad normativa del texto". Es decir, el Gobierno se ha limitado a "iniciar el procedimiento para modificar el régimen de los aforamientos en la Constitución", al "encomendarle" a su órgano consultivo la "elaboración de la propuesta de reforma constitucional de los artículos 71,3 y 102.1 de la Constitución, relativos a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno."

Así lo ha anunciado la ministra portavoz, Isabel Celáa, que ha vuelto a rechazar que la reforma deje sin aforamiento al Rey, como reclaman grupos parlamentarios desde Unidos Podemos hasta el PNV, que se niegan a apoyar esa propuesta si mantiene el blindaje jurídico sobre el Jefe del Estado. "Es importante que el rey mantenga su inviolabilidad", ha asegurado la portavoz del Gobierno, que ha recordado que cualquier modificación de la Constitución en materia de la Casa Real no podría realizarse de forma exprés, como pretende el Ejecutivo en materia de aforamientos, sino por el procedimiento agravado, que incluye un referéndum y la disolución de las Cortes. No obstante, la ministra de Educación ha admitido la posibilidad de que la reforma deje de ser exprés y tenga que ser sometida a consulta popular si lo pide el diez por ciento del Congreso de los Diputados, como ha anunciado que hará Unidos Podemos.

A pesar de que el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para aprobar en el Congreso esta propuesta, aún por definir, Celáa ha defendido que el Ejecutivo no ha dejado de creer en sus posibilidades de prosperar. La ministra tampoco ha sabido aclarar el alcance de esa virtual reducción de los aforamientos después de que la portavoz socialista, Adriana Lastra, anunciara hora antes que afectarían también a los delitos de corrupción de los políticos. Con el planteamiento de la reforma mantenido en el Consejo de Ministros, se trataría de delitos de corrupción que realizaran los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno en su vida privada, no en el ejercicio del cargo. La reforma no alcanzaría a los diputados autonómicos, los miembros de la carrera judicial ni a los de las fuerzas armadas que gocen de aforamiento.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Lastra ha explicado que la propuesta del PSOE consiste en quitar el aforamiento a los políticos para aquellos delitos que se puedan cometer en el ámbito personal, lo que incluiría los delitos de corrupción. Según Lastra, esta condición "es el mínimo común denominador" de todos los grupos parlamentarios para poder realizar esta reforma de la Constitución.

Para que la propuesta del PSOE salga adelante, sería necesaria la modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución española, con el objetivo de suprimir el aforamiento de los cargos públicos salvo "en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo".

Ante la exigencia de Unidos Podemos de limitar la inviolabilidad del Rey para apoyar la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para eliminar los aforamientos, Lastra ha defendido que los artículos referidos al Jefe del Estado requieren una reforma agravada y el PSOE actualmente no lo tiene previsto. Insiste en que "cada grupo parlamentario tiene su propuesta y la nuestra es modificar aforamientos a políticos, entre otras cosas porque eso significa una modificación simple de la Constitución. Cuando hablamos de modificar otros artículos como el referido al Jefe del Estado, hablamos de incluso disolver el Parlamento".