El duro informe que la Fiscalía ha remitido al Tribunal Supremo pidiendo el archivo de la exposición razonada remitida por la juez del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, contra el líder del Partido Popular Pablo Casado aboca la causa a su cierre, según sostienen las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente.
La rotundidad mostrada por el Ministerio Fiscal, junto con los contados precedentes de procedimientos abiertos contra aforados por el Alto Tribunal en los últimos años, juegan ahora a favor del diputado.
En su informe, el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas defendió que los argumentos de la instructora de Madrid “no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo” para Casado puesto que no hay “indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal” del aforado. La Fiscalía afirmó, además, que las conclusiones expuestas por Carmen Rodríguez Medel en su exposición razonada “no pasan de ser meras sospechas y conjeturas”.
A este informe demoledor, que no es vinculante pero sí importante, se une que el criterio que aplica la Sala de lo Penal del Alto Tribunal a la hora de abrir causas especiales contra aforados es restrictivo. En 2017, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, se incoaron quince causas contra aforados en el Supremo de las que sólo dos fueron admitidas a trámite.
El informe del fiscal, clave
Se trata de los procedimientos abiertos a la senadora del Partido Popular, Pilar Barreiro,y el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, en octubre y noviembre del año pasado respectivamente. En ambos casos antes de que la Sala de Admisiones decidiera abrir una causa penal contra los citados aforados contó con el informe favorable del Ministerio Fiscal.
En contraposición, el Supremo archivó trece denuncias o querellas contra aforados y, en todos esos expedientes, la Fiscalía informó en contra de la apertura de un proceso penal.
Por lo tanto, es lógico pensar que los magistrados del Alto Tribunal acogerán ahora el criterio expuesto férreamente por el Ministerio Fiscal, apuntan fuentes jurídicas. Está previsto que en los próximos días la Sala de Admisiones, que integran los jueces Manuel Marchena, Pablo Llarena, Ana Ferrer, Francisco Monterde y Miguel Colmenero, se pronuncie sobre el futuro procesal del líder de los ‘populares’.
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