El plan del Gobierno para contentar a los independentistas divide más a los ministros

Las aguas andan revueltas en la Moncloa. El 'Gobierno bonito' va de tropezón en tropezón y el malestar crece en un equipo sin cohesión e incomunicado. La confirmación ayer a través de la vicepresidenta, Carmen Calvo, de que las declaraciones de algunos ministros como Meritxell Batet (Administración Territorial) o Josep Borrell (Exteriores) forman parte de una estrategia coordinada para contentar a los independentistas catalanes, aliados del PSOE en el Congreso, ha agudizado una crisis interna que lleva semanas larvándose en el Ejecutivo.

La vicepresidenta aseguró ayer en una entrevista con La Vanguardia que es partidaria de liberar a los políticos presos catalanes encarcelados por la causa del procés. Calvo argumenta que, si el juicio a los líderes independentistas se retrasa mucho, "no sería lógico alargar la prisión preventiva", recuerda que el ex presidente Felipe González ya dijo que el hecho de que estén en prisión "no ayuda", y se muestra partidaria de valorar si se pueden "tomar otras medidas" que no pasen por alargar la prisión preventiva.

Esas afirmaciones se suman a otras similares pronunciadas por Batet y por Borrell recientemente dentro de una estrategia "pensada", confirman en Moncloa. El mensaje hacia el independentismo catalán, cuyos votos son imprescindibles en el Congreso para la acción de gobierno de Pedro Sánchez, tampoco fue desmentido por el presidente durante su entrevista con La Sexta el domingo pasado. El comunicado se produce además un día después de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, abogara por indultar a los encausados por el 'procés' si finalmente resultan condenados.

Este mensaje hacia el independentismo catalán da respuesta a las constantes peticiones de PDeCAT y ERC en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno pida a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado que renuncien a la acusación de los encausados por delito de rebelión. Lo pronuncian, además, los ministros que forman el núcleo duro de Sánchez en materia sobre Cataluña, al margen del resto del Ejecutivo, que asiste atónito a esa estrategia sin tener conocimiento de ella.

Como consecuencia, pesos políticos pesados que formaban parte de la estrategia del PSOE en la oposición como el titular de Fomento, José Luis Ábalos, a la sazón secretario de Organización, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando era portavoz parlamentaria, están quedando orillados en decisiones tan relevantes como la negociación con los independentistas. A Ábalos le toca lidiar con el enfado que generan esos mensajes en las federaciones del PSOE y a Robles, junto al titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, les llega el malestar en el seno de la judicatura. Los dos magistrados y la fiscal están, además, cada día más distanciados.

Frente a ellos, Carmen Calvo coordina una actuación del Gobierno en distintos frentes para que se cree un clima social a favor de la excarcelación de los políticos independentistas. En el poder judicial se conoce esa estrategia y se advierte de que puede generar el efecto contrario por el malestar que provoca entre los magistrados cualquier intento de injerencia a través de la Fiscalía o de los mensajes del Gobierno.

Los barones socialistas temen que esa complicidad con los postulados de los secesionistas les pase factura en las elecciones autonómicas y municipales del año que viene. Consideran, además, que este enésimo bandazo del Gobierno da pábulo a las críticas de la oposición sobre un pacto oculto con los independentistas, ya que suponen un radical cambio del criterio que tenía el PSOE hace sólo cuatro meses, cuando Sánchez anunció una propuesta para modificar el delito de rebelión en el Código Penal.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE el 16 de mayo, Sánchez abogó por "adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI" para "aprender de la experiencia de los últimos meses" a la hora de defender la Constitución como "bien jurídico" de todos los españoles. El entonces jefe de la oposición explicaba que el legislador, en el año 1973, imaginaba el delito de rebelión como un “golpe militar” y ahora “estamos ante un hecho completamente distinto”, consistente en que responsables públicos se aprovechan de su situación institucional para atacar al Estado español. Por ese motivo, el PSOE preparaba una modificación del Código Penal que quedó guardada en un cajón con la llegada de Sánchez a la Moncloa gracias al apoyo de los independentistas.

Los últimos cambios de criterio del Gobierno han generado tensiones en el Consejo de Ministros y todas las miradas se vuelven hacia la vicepresidenta, Carmen Calvo, encargada de coordinarlo. Precisamente es ella quien despacha con los ministros menos experimentados, los 'nuevos', ya que el núcleo duro del Gobierno tiene acceso directo a un Pedro Sánchez cada vez más inaccesible por su agenda y sus constantes viajes al extranjero. La dificultad para comunicarse con el presidente es una constante de sus ministros.

"Los ministros tienen su móvil y algunos ya se han acostumbrado a telefonearla a altas horas de la noche para contarle sus cuitas o los incendios en sus departamentos", explicaba ayer La Vanguardia, a la que Calvo había relatado que ve amanecer y anochecer en la Moncloa y que su hija bromea sobre su situación de "secuestro". "¿Cuánto van a pedir por tu rescate?", se queja su hija.

Esa acumulación de tareas de la vicepresidenta forma parte de una de sus quejas. En distintos foros, Carmen Calvo ha lamentado la carga de trabajo que tiene por la falta de experiencia y el desconocimiento jurídico de buena parte de los 17 ministros del Gobierno y del propio presidente en algunos casos. Ella fue, por ejemplo, a quien consultó la ministra de Justicia antes de emitir su nota negando amparo al juez Llarena tras la demanda que le ha interpuesto Carles Puigdemont en Bélgica. La propia vicepresidenta defendió públicamente esta postura que finalmente fue corregida por el presidente.

Cuestiones similares como el anuncio del impuesto al diesel, también matizado, o la polémica por la cancelación de la venta de las bombas a Arabia acaban apuntando a la vicepresidenta, en quien Sánchez delega buena parte de la gestión cotidiana. En el caso de las bombas, Calvo y Borrell elevaron el tono en sus críticas a la titular de Defensa, Margarita Robles.

La mayoría de esas discrepancias y rectificaciones ni llegan a tratarse en el Consejo de Ministros de los viernes, donde los miembros del gabinete tienen conversaciones "de cortesía" y apenas tienen tiempo para despachar con el presidente. Otra de las quejas más repetidas en este sentido es que la ministra portavoz, Isabel Celáa, no consulta con los titulares de las distintas carteras los términos exactos que utilizará en la rueda de prensa posterior para informar sobre la reunión.