Política

La Mesa del Congreso frena la triquiñuela legal de Sánchez para eliminar el veto del Senado

Podemos anuncia que estudiará recurrir esta decisión ante el Tribunal Constitucional al considerar que no es "jurídicamente válido"

El director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, a su llegada al Congreso junto a Ana Pastor.
El director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, a su llegada al Congreso junto a Ana Pastor. | EFE

La Mesa del Congreso ha decidido no admitir la triquiñuela legal del Grupo Socialista para eliminar el veto del Senado a la senda de déficit, paso previo a la aprobación de los Presupuestos de 2019. Podemos y Gobierno acordaron eliminar la capacidad de veto de la Cámara Alta -donde el PP tiene mayoría-, pero el nuevo intento ha vuelto a fracasar en la Mesa. En una reunión de dos horas y media, la mayoría de PP y Ciudadanos en este órgano ha decidido no incluir la enmienda presentada por los socialistas a una Ley sobre violencia de género. Ambos partidos ya presentaron sendos recursos para que no se incluyera la enmienda en el texto legislativo, al considerar que se trataba de una modificación 'ad hoc' que nada tenía que ver con el texto de la ley.

Este órgano del Congreso, presidido por Ana Pastor, ha protagonizado una reunión tensa en la que tampoco se ha pedido le informe de los letrados de la Cámara, como pedían los socialistas y Unidos Podemos. Desde Ciudadanos defienden que el informe era innecesario porque "la doctrina del Tribunal Constitucional era suficientemente clara". El TC dictó en 2011 una sentencia en la que anulaba una enmienda al considerar que su materia no tenía nada que ver con el texto legislativo, incidiendo en que ambos textos debían tener "conexión".

La polémica está en que dicha enmienda se admitió a trámite el pasado jueves en la Mesa de la Comisión de Justicia, una comisión en la que PSOE y ERC tienen mayoría y que está presidida por la socialista Isabel Rodríguez. Esta nueva decisión de la Mesa del Congreso rectifica la de la pasada semana. Esto ha rebelado a Unidos Podemos. Gloria Elizo, diputada morada y miembro de la Mesa, ha anunciado a su salida su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional al considerar que no es aceptable jurídicamente que la Mesa corrija a una comisión parlamentaria legislativa.

Esta decisión supone un nuevo revés para Gobierno y Podemos, que ya el pasado agosto intentaron tumbar el veto del Senado. Lo hicieron mediante una proposición de Ley que proponía reformar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para dar al Congreso la capacidad de levantar el veto del Senado si esta cámara rechaza los objetivos de déficit y deuda pública del Gobierno. En aquella ocasión, PP y Ciudadanos consiguieron paralizar esta ley gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso, que le permite prorrogan los plazos de enmienda para posponer el debate.

Ana Pastor: "A mí las amenazas no me mueven"

La polémica enmienda ha abierto una guerra en toda regla entre el poder legislativo y el judicial. Después de que PP y Cs anunciaran sendos recursos, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se precipitó a señalar que no podía frenar esta enmienda. En este sentido, Moncloa difundió un precedente legal que sí avalaba la decisión y el Grupo Socialista llegó a plantear la reprobación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en caso de que la medida no saliera adelante.

"A mí las amenazas no me mueven", ha defendido Pastor después de la reunión, que se ha amparado en la existencia de "dos textos idénticos" tramitándose al mismo tiempo en el Congreso. Una situación que "abre la posibilidad resultados contradictorios, generando una inseguridad jurídica que en la Mesa tenemos que evitar".

A esto se suma, según ha explicado, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2011. "El TC ha confirmado en sus sentencias la plena competencia de la Mesa para garantizar la congruencia de las enmiendas con las iniciativas legislativas que se pretenden modificar", ha comenzado Pastor. "En este caso es claro que ni existía la referida conexión con el objeto de la iniciativa ni era congruente ni con su objeto ni con su espíritu ni con sus fines esenciales tal como exige la sentencia del TC".

La presidenta de la Cámara ha advertido que "esto no es un asunto político, es un asunto que tiene que ver con la legalidad y la defensa que tiene que hacer de los derechos de todas sus señorías, de los 350 diputados".

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