Malestar en el Supremo por las injerencias del Gobierno sobre la libertad de los presos

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó este domingo en una entrevista en La Vanguardia que si el juicio a los líderes independentistas se retrasa mucho “no sería lógico alargar la prisión preventiva”. La número dos del Ejecutivo, que apunto además a que el ex presidente Felipe González ya dijo que el hecho de que estén en prisión “no ayuda”, y se mostró a favor de “tomar otras medidas” para los líderes del ‘procés’ que no pasen por alargar la prisión preventiva.

Lo cierto es que las declaraciones de la vicepresidenta no han causado sorpresa ni en la Fiscalía ni en el propio Tribunal Supremo donde desde hace días vienen observando cómo diversos miembros de Ejecutivo de Sánchez apuestan en público y sin rodeos por la excarcelación de los presos del ‘procés’.

Sin embargo, las distintas fuentes del Alto Tribunal consultadas por El Independiente explican que, aunque las palabras de Calvo son “improcedentes”, el Poder Judicial “no entra en ninguna mesa de negociación” ni “es permeable a las presiones” del Ejecutivo. En el Supremo tienen claro que los periodos de prisión preventiva vienen delimitados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sólo eso regirá su actuación.

Además, fuentes de la Sala recuerdan que “los miembros del Gobierno no deben decir nada sobre asuntos pendientes de resolución por parte del tribunal” y, menos, “con apariencia de querer orientar al mismo”.

El precedente de Fernández Díaz

Asimismo, en el Supremo apuntan a que por una “injerencia similar”, en el año 2014, trece de los dieciocho magistrados que entonces componían la Sala de lo Penal emitieron un comunicado criticando duramente la actuación del ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando señaló que excarcelar a presos de ETA fue “lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente”.

“Los miembros del Gobierno no deben decir nada sobre asuntos pendientes de resolución por parte del tribunal”, recalcan en el TS

Por su parte, desde Fiscalía consideran que esta estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir la libertad de los presos es, en estos momentos, “inviable". La instrucción está finalizada, los delitos son muy graves –el Ministerio Público acusará por rebelión- y, por lo tanto, no cabe pedir la libertad de los dirigentes independentistas en la actualidad, máxime cuando hay varios fugados en este procedimiento como es el caso del expresidente Carles Puigdemont.

En el caso de la que la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ordenara un giro por escrito de esas características –petición de libertad provisional o prisiones eludibles bajo fianzas de los ex miembros del Govern- se encontraría de frente con los cuatro fiscales de Sala del ‘procés’. No en vano cuando su predecesor, Julián Sánchez Melgar, ordenó al fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena pedir la libertad del ex conseller Joaquim Forn se hizo saber a la opinión pública que fue por “imperativo legal” costándole este hecho duras críticas al ex fiscal general.