El urdidor del 'caso máster' pide a la juez que cite como testigo al consejero de Educación

Enrique Álvarez Conde -director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartía los másteres bajo sospecho y "urdidor" de la presunta trama- ha pedido a la juez que instruye el caso que cite como testigo al consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, para esclarecer qué ocurrió el día que estalló el escándalo por el curso de posgrado de Cristina Cifuentes.

En un escrito fechado este domingo, al que ha tenido acceso El Independiente, la defensa del catedrático de Derecho Constitucional pide a la instructora que practique diversas diligencias para aclarar los hechos que se investigan desde hace cinco meses y por los que ha tenido que comparecer tres veces como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid (Carmen Rodríguez-Medel). En todas las ocasiones se ha acogido a su derecho a no declarar.

Entre las peticiones que interesa a su defensa, Álvarez Conde solicita a la magistrada que llame en calidad de testigo a Van Grieken, que tuvo una participación activa en la gestión de la crisis tras publicar eldiario.es el pasado 21 de marzo que Cifuentes había obtenido un máster en la URJC de manera irregular.

"Durante todo el día 21 de marzo de 2018, el rector recibió multitud de llamadas desde el móvil personal de D. Rafael van Grieken Salvador (consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid) en las que le solicitaba la totalidad de la documentación correspondiente al Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la Sra. Cifuentes Cuencas y especialmente el acta del Trabajo Fin de Máster", reconoció el letrado que dirige la acusación particular en nombre de la URJC en un escrito presentado a finales de abril.

Álvarez Conde quiere que se identifique la identidad de los usuarios de dos móviles correspondientes a Rafael van Grieken y al rector de la URJC

Álvarez Conde cree que el testimonio del consejero madrileño de Educación, bajo obligación de decir verdad, puede ser revelador para conocer qué ocurrió durante la jornada en que se conoció que Cifuentes obtuvo su título de posgrado después de que le hubieran modificado irregularmente las calificaciones de dos asignaturas: el Trabajo Fin de Máster (TFM) y La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales.

Rafael van Grieken está al frente de la Consejería de Educación desde finales de junio de 2015, cuando sustituyó a Lucía Figar. Como recuerda el imputado, el hoy consejero "tuvo responsabilidades" desde 2002 hasta 2012 sobre el organismo de la URJC investigado -el Instituto de Derecho Público (IDP)- por su antigua condición de vicerrector de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. "El Sr. Van Grieken tuvo responsabilidades sobre el Instituto de Derecho Público de la URJC, pues le competía estar pendiente -bajo la dirección del rector- de la actividad de los institutos universitarios (...)", expone.

Álvarez Conde no pasa por alto el hecho de que María Teresa Feito, también imputada en la causa que instruye la juez Rodríguez-Medel, era asesora del consejero de Educación cuando estalló el caso del máster de Cifuentes. Feito se vio obligada a dimitir como alto cargo de la Comunidad de Madrid tras conocerse que acudió al campus el mismo 21 de marzo. " O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar", amenazó a la profesora Cecilia Rosado, según ha declarado esta en sede judicial.

Los móviles de Van Grieken y el rector

El suspendido director del Instituto de Derecho Público también pide a la juez que inste a la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Brigada Provincial de Policía Judicial para que se identifique la identidad de los titulares de una quincena de números de teléfono, entre ellas las líneas móviles de Rafael van Grieken y del rector (Javier Ramos).

Igualmente, Enrique Álvarez Conde cree necesario que el análisis del tráfico telefónico durante la jornada del 21 de marzo -ordenado por la instructora el pasado 31 de mayo- se amplíe a tres números móviles, por lo que pide a la magistrada que libre mandamientos a las operadoras para que aporte los listados de llamadas entrantes y salientes entre las 6 y las 24 horas de aquel día. Esos teléfonos corresponden al propio Álvarez Conde, a María Teresa Feito y a Alicia López de los Mozos, profesora integrante del supuesto tribunal que evaluó el TFM de Cifuentes y también imputada en la causa.

En su escrito, el veterano niega que él hiciera la firma que aparece en las actas de defensa de los TFM de seis alumnos que cursaron el máster en Derecho Público del Estado Autonómico en la edición 2012/2013, por lo que demanda que se encargue un estudio a expertos de grafoscopia de la Guardia Civil. "Álvarez Conde desde hace décadas lleva iniciado su firma con la letra 'E' mayúscula y, por supuesto, así la realizó también al solicitar la expedición de su DNI con fechas 30 de septiembre de 1999 y 18 de enero de 2012", escribe su abogado.