En Euskadi ya no habrá permisos de “paternidad” y “maternidad” en la función pública, no al menos con esa denominación. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha decidido “adaptarse a los tiempos” y no sólo modificar su denominación por la de “permisos parentales” sino ampliarlos también a los casos de nacimientos por gestación subrogada. Así lo ha reflejado en el proyecto de Ley de Empleo Vasco que el Ejecutivo quiere remitir antes de finalizar el año al Parlamento Vasco y que supondría cambios también en cuestiones de comportamiento para los trabajadores públicos, a los que se les obligaría a cumplir un código ético.

Una de las novedades más significativas de la norma que afectará a 110.000 trabajadores de los tres niveles de la administración en Euskadi –Gobierno vasco, Diputaciones forales y ayuntamientos- hacer referencia al apartado de permisos que se conciben como elementos que pueden contribuir al reparto “pleno” de las responsabilidades en el criado de los hijos y que se proponen en términos de “igualdad plena”.

Los permisos por nacimiento serán de 16 semanas. El de lactancia se denominará de "cuidado" y lo podrá solicitar cualquier miembro de la pareja

Así, los nuevos “permisos de parentalidad”, que serán remunerados al 100%, tendrán una duración de 16 semanas para cada uno de los miembros de la pareja y serán intransferibles, de modo que aseguren un cuidado del menor durante 32 semanas a cargo de alguno de los progenitores. Además, también se modifica la denominación del conocido como permiso de lactancia por un permiso de 150 horas anuales para el cuidado de hijos menores de 12 años y que podrá solicitar cualquier de los progenitores. El tercer permiso estará destinado al cuidado médico de los menores. Los tres se podrán solicitar independientemente de si se trata de un nacimiento natural, adopción o subrogación.

Código ético

Junto a ello, la norma que el Gobierno vasco quiere aprobar incluirá la obligación de todos los trabajadores públicos a acogerse a un código ético y de conducta”. Semejante al que ya se aplica a los altos cargos de la administración, el Ejecutivo quiere que la ejemplariedad se traslade a toda “la organización”. Una vez aprobada la ley corresponderá a cada administración aprobar su propio código que regulará la conducta exigible a cada funcionario público en el ejercicio de sus funciones públicas. La exigencia de “integridad” será comparable a la de los altos cargos si bien en cada caso el código al que tendrá que acogerse cada empleado público estará adecuado a sus funciones y responsabilidades.

La tercera novedad del anteproyecto de ley anunciado hoy por el Gobierno de Urkullu incorpora medidas y fórmulas que contribuyan a agilizar la estabilidad de los trabajadores que acumulan muchos años de interinidad en alguna administración vasca.