El PP no descarta ir a un choque institucional Senado-Congreso para parar el ardid del Gobierno

El Partido Popular contempla "todas las hipótesis posibles" para frenar el ardid parlamentario con el que soslayar el veto del Senado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y ese "todas" incluye hasta ir al choque institucional contra el Congreso de los Diputados desde la Cámara Alta, donde los populares tienen una holgada mayoría absoluta. Fuentes del Grupo Parlamentario en el Senado explican a El Independiente que se encargaron estudios "desde el punto de vista jurídico" sobre la posibilidad de ir a un conflicto competencial contra el Congreso, un enfrentamiento sin precedentes para el que, por su complejidad, "hubo discrepancias sobre cómo abordarlo".

Sin embargo, en principio, tras la decisión de la Mesa de la Cámara Baja -que con los votos de PP y Ciudadanos ha rechazado de plano dicha enmienda,- la iniciativa ha quedado "guardada en el cajón", ante el temor, en todo caso, de que los socialistas "intenten otra argucia" para colar la reforma del artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dicho articulado establece que "si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".

Génova asume que no puede parar la reforma de la Ley de Estabilidad por la vía ordinaria, pero puede retrasarse hasta mayo

La diferencia de este veto con otros del Senado es que si la Cámara Alta rechaza una ley que le viene del Congreso, ésta regresa al Palacio de la Carrera de San Jerónimo donde, si vuelve a tener el apoyo de los diputados, se levanta el veto y sigue adelante. Pero no funciona igual con la Ley de Estabilidad. Es una especie de "veto reforzado" por el cual el proyecto debe regresar al Gobierno y el Consejo de Ministros presentar otro nuevo. Y para los populares, con sus 147 senadores (si se incluyen los dos del Partido Aragonés Regionalista) en una Cámara de 265 parlamentarios, todo es un paseo triunfal.

En todo caso, Génova asume que lo que no se puede parar con un conflicto de competencias es la reforma misma de la Ley de Estabilidad, cuya toma en consideración salió adelante el mismo día en que el Gobierno, a través del Grupo Socialista, introdujo la enmienda de la discordia en una reforma de la Ley de Violencia de Género, destinada a la formación de jueces. Esa ha sido la otra maniobra que, a juicio de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, justifica que se haya rechazado la añagaza, es decir, la existencia de "dos textos idénticos” que podían llevar a "resultados contradictorios, generando una inseguridad jurídica que en la Mesa tenemos que evitar”.

El PP teme que el PSOE vuelva a intentar sacar la enmienda por otra vía

En todo caso, los populares calculan que esa reforma por la vía ordinaria no se producirá "hasta después de las elecciones locales, autonómicas y europeas" de mayo próximo. Eso supone que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería "penar" hasta entonces para que su Ley de Estabilidad, -que supone un incremento de 6.000 millones en gasto social- pasara la criba del Senado, que aunque lo rechace vuelve al Congreso para después presentar su proyecto de Presupuestos Generales para 2019. Al no ser Ley Orgánica no necesita mayoría absoluta, pero sí más votos a favor que en contra.

La posibilidad de ir a un choque institucional sin precedentes, que hubiera enfrentado al Senado con el Congreso, también presidido por una compañera de filas, Ana Pastor, se ampara en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, "de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado".

El conflicto de competencia se sostiene en el artículo 73 de la ley del TC

"Cuando uno de estos órganos constitucionales considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y le solicitará que la revoque", reza en su apartado 1.

Y añade su punto 2: "Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas".

Supervivencia de Sánchez

Si el debate ha alcanzado tal enconamiento es porque de él depende, en muy buena medida, la supervivencia política de Pedro Sánchez, a quien gobernar con unos Presupuestos prorrogados del PP no le sitúa en el mejor de los mundos. No obstante podría intentar alargar la legislatura y gobernar lo que resta de la misma con decretos-leyes, a lo que estaba dispuesto el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en caso de no alcanzar un nuevo acuerdo parlamentario.

El Grupo Parlamentario Socialista no se ha sumado al anuncio de recurso ante el Constitucional que sí ha hecho Unidos Podemos, aunque reclamará la reconsideración de esta decisión por parte de la Mesa del Congreso. En un comunicado ha calificado de "inaudito e inaceptable el acuerdo impuesto con los votos de PP y Ciudadanos, excluyendo el debate de la enmienda socialista en la ponencia que tratará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya había sido admitida a trámite en la Mesa de la Comisión de Justicia".

En definitiva, no se está ante un punto y final sino ante un punto y seguido.