Los Franco recusan a la alto cargo de Justicia que instruye el proyecto de exhumación

Los nietos de Franco y la fundación que divulga la vida y obra del dictador han recusado a la instructora del procedimiento administrativo iniciado por el Gobierno para sacar los restos embalsamados del general de la basílica del Valle de los Caídos, al entender que su amistad y dependencia jerárquica de la ministra de Justicia denotan su "evidente parcialidad".

En su escrito de alegaciones al proyecto con el que el Ejecutivo pretende llevar a cabo la exhumación, la familia pide apartar a Cristina Latorre Sancho -subsecretaria del Ministerio de Justicia desde el pasado 18 de junio- como instructora del procedimiento al apreciar que concurre una de las causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: "Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél".

Los descendientes del dictador consideran que el órgano instructor "no debe tener sesgo alguno" en relación con la "procedencia o no" de la exhumación de Franco, puesto que lo contrario supondría vulnerar los principios de neutralidad y contradicción. "Es evidente que la aprobación del real decreto y la iniciación del presente procedimiento obedecen a una voluntad política claramente explicitada por el actual Gobierno y por otros miembros de su gobierno, como es la de retirar a toda cosa los restos de mi abuelo, D. Francisco Franco Bahamonde, del Valle de los Caídos", expone Francis Franco Martínez-Bordiú en el escrito.

La familia defiende que la subsecretaria de Justicia "no es neutral" sino un órgano "de carácter político" que depende jerárquicamente de la ministra de Justicia y a la que está adscrita la Dirección General para la Memoria Histórica. Los nietos no pasan por alto el hecho de que Latorre Sancho -diplomática desde 1991 y representante permanente adjunta de España en la OCDE cuando fue elegida por Dolores Delgado para incorporarse a su equipo- hubiera sido secretaria general y vicesecretaria general de Presidencia del Gobierno en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

Los nietos y la fundación que difunde la obra del dictador creen que la subsecretaria Latorre no es imparcial al depender jerárquicamente de la ministra Delgado

"¿Puede pretenderse que la subsecretaria, con un mínimo de objetividad, atenderá a las alegaciones de mi familia y propondrá al Consejo de Ministros la no exhumación de los restos de nuestro abuelo? Parece razonable, como mínimo, cuestionar la imparcialidad de la instructora, cuando su superiora directa, la ministra de Justicia, realiza declaraciones asegurando que la exhumación de Franco se llevará a cabo porque es un mandato parlamentario", añade el nieto mayor del dictador.

También la Fundación Nacional Francisco Franco ha instado formalmente la recusación de la instructora, al entender que el hecho de que sea una "persona de máxima confianza" de la titular de Justicia es una "muestra inequívoca de desviación de poder".

Según el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto, los familiares del dictador podrán presentar alegaciones a la decisión de exhumación y detallar el destino que quieran darle a los restos mortales de Franco, aportando en dicho plazo los documentos y autorizaciones preceptivas. “En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura", prevé el citado texto.

Próximos trámites

Cumplido ese trámite, el Consejo de Ministros ordenaría a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que continúe el procedimiento administrativo remitiendo al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial -localidad madrileña en cuyo término municipal se encuentra el Valle de los Caídos- el proyecto para llevar a cabo la exhumación. El consistorio dispondría de un mes para notificar si dicha actuación es conforme a la ordenación urbanística en vigor, como establece la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Igualmente, la titular de Justicia tendría que dar otro paso: solicitar un informe no vinculante a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid -departamento del Ejecutivo autonómico competente en materia de sanidad mortuoria- con otro mes máximo de plazo para contestar. La tramitación del procedimiento caminaría ya por el mes de diciembre y no habría todavía terminado.

Concluidas dichas actuaciones y antes de que se adopte la resolución final, los descendientes de Franco dispondrían de un "plazo improrrogable" de 10 días hábiles para volver a alegar. Sólo quedaría ya que el Consejo de Ministros resolviera motivadamente si procede la exhumación y detalle el destino que se le daría a los restos del dictador. Si se apuraran los plazos máximos previstos en el procedimiento, el Ejecutivo tendría muy difícil sacar el cuerpo embalsamado del dictador este año.

En sus alegaciones, los descendientes del dictador se oponen al traslado de la momia a otra sepultura, si bien detallan el lugar en el que se enterrarían los restos de su familiar en "el hipotético caso de que fueran desestimadas las alegaciones": la Cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid.