Carmen Montón ha solicitado la indemnización prevista para los altos cargos tras su dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, después de que se conociera que había plagiado el Trabajo Fin de Máster (TFM) cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Montón tendrá derecho a cobrar unos 15.000 euros.
En respuesta a una petición de información tramitada por este redactor a través del Portal de la Transparencia, la Oficina de Conflictos de Intereses -dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública- ha confirmado la petición de la "pensión indemnizatoria" por parte de Montón, que estuvo en el cargo menos de 100 días: fue nombrada el 6 de junio y cesó el pasado 11 de septiembre.
La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en vigor desde el 1 de abril de 2015, reconoce en su artículo 6 el derecho de aquéllos a percibir una compensación económica mensual por el tiempo en que desempeñó la responsabilidad y "durante un periodo máximo de dos años" tras abandonar el cargo. El importe a percibir es equivalente al 80 % del sueldo que tenía, siendo incompatible el cobro de esta indemnización con la percepción de cualquier retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de cualquier actividad privada a excepción de las derivadas de la creación literaria y artística y de la participación en conferencias y seminarios.
Atendiendo al tiempo que ha ejercido como ministra y el salario que tenía como ministra de Sanidad, Carmen Montón tendrá derecho ahora a percibir algo más de tres mensualidades de unas 4.700 euros cada una. Ésta es la cantidad que el pasado 1 de julio comenzó a percibir Íñigo de la Serna tras cesar como titular de Fomento después de que prosperara la moción de censura promovida por el PSOE.
La ex titular de Sanidad, que estuvo menos de 100 días en el cargo, tendrá derecho a cobrar ahora unos 15.000 euros
A este respecto, la Oficina de Conflictos de Intereses ha precisado que es el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad el "órgano competente" para precisar la cuantía de la pensión que le corresponde, derivando a dicho departamento la petición tramitación a través del Portal de la Transparencia.
Montón se convirtió el pasado 11 de septiembre en el segundo integrante del Gobierno de Pedro Sánchez que se veía forzado a dimitir, en este caso por el escándalo del máster en Estudios Interdisciplinares de género cursado en el URJC en 2010/2011. La renuncia se producía horas después de que La Sexta desvelara que copió al menos un tercio de su TFM, titulado Maternidad y técnicas de reproducción asistida: Un análisis desde la perspectiva de género de los conflictos y experiencias de las mujeres usuarias, merecedora de un sobresaliente (9.10).
La juez que instruye el caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto una pieza separada para investigar las circunstancias que rodearon la realización de este curso de posgrado, impartido por el organismo que dirigía el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde desde su creación hasta semanas después de que estallara el escándalo. La magistrada ha iniciado la instrucción de este procedimiento ordenando que se recabe la vida laboral de la ya ex ministra y requiriéndole a la URJC la entrega, antes del próximo día 15, de una amplia batería de documentación.
Huerta renunció
Carmen Montón es el primer ex alto cargo de Pedro Sánchez que solicita la indemnización tras dejar el puesto. Màxim Huerta renunció a esta compensación, por la que podría haber cobrado unos 1.100 euros adicionales a los 1.368,28 euros que percibió por los seis días que ejerció como ministro de Cultura y Deporte.
El periodista y escritor valenciano prometió su cargo ante el Rey en la mañana del pasado 7 de junio en presencia de Pedro Sánchez y el resto de integrantes de su gabinete. En la tarde del 13 junio, Huerta convocaba de urgencia una conferencia de prensa en la que, sin admitir preguntas, anunció su renuncia al cargo. Fue horas después de que El Confidencial desvelara que defraudó a Hacienda 218.322 euros al declarar a través de una empresa los ingresos que obtuvo como presentador de televisión, convirtiéndose en el ministro más breve de la etapa democrática: apenas 153 horas.
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