Villarejo reclama al juez que impida a 'moncloa.com' difundir nuevas grabaciones

José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre y principal imputado en el caso Tándem, ha pedido al juez que requiera "de manera urgente" a la web moncloa.com para que se abstenga de difundir nuevas grabaciones realizadas por él durante su etapa como policía y entregue al juzgado todo el material del que disponga sin quedarse con copia.

Así lo solicita la defensa del comisario ya jubilado en un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional el pasado viernes, a raíz de que el citado portal publicara en diversas entregas el contenido de la conversación grabada por el antiguo agente encubierto con ocasión de un almuerzo celebrado en el restaurante Rianxo de Madrid el 23 de octubre de 2009. Dicha comida la convocó el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico (ya fallecido), para celebrar la concesión de una medalla pensionada a Villarejo y en ella participaron también el juez Baltasar Garzón, la hoy ministra Dolores Delgado y los comisarios Gabriel Fuentes y Enrique García Castaño, El Gordo.

En su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el letrado Ernesto Díaz-Bastien plantea la adopción de esta medida cautelar después de que el director de moncloa.com, Joaquín Vidal, hubiera reconocido en entrevistas periodísticas que en los días siguientes harían públicas "nuevas grabaciones". "Hay suficiente y sobrada noticia de la inminencia de la comisión de uno o más nuevos delitos de revelación de secretos (periculum in mora y fumus delicti comissi), que ya han anunciados a bombo y platillo a través de los citados medios de comunicación, creando incluso expectación entre la población", expone.

Cuarenta y ocho horas después de presentar la solicitud al juez Diego de Egea, la web dio a conocer el fragmento de la conversación -sin la presencia ya del juez y de la actual ministra- en el que Villarejo se jacta de haber participado en la investigación del caso Gürtel de la mano de Garzón. Ello dará pie ahora que condenados en la trama de corrupción vinculada al PP presenten querella contra el magistrado jiennense, inhabilitado en 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años por haber intervenido las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de dicha red con sus letrados.

El comisario ya jubilado, en prisión desde hace 11 meses, reprocha al juzgado falta de diligencia a la hora de custodiar las cintas que le intervinieron

La publicación de esta última entrega el pasado domingo se producía tras trascender que el instructor había decidido abrir unas diligencias secretas para investigar si existe vinculación entre el citado portal de internet -activodesde el pasado 17 de septiembre, si bien la reserva del dominio está fechada el pasado 5 de junio- y Villarejo u otros imputados en el caso Tándem.

Fuentes de moncloa.com han confirmado a este diario que dos agentes de Asuntos Internos se personaron en la redacción el pasado viernes con un requerimiento del juez para que, en el plazo de 48 horas, les hicieran entrega del audio. El portal cumplimentó esa petición el sábado por la tarde personándose en la Audiencia Nacional.

La defensa del comisario retirado también va más allá y ha pedido al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que requiera al citado medio para que le "entregue inmediatamente" no sólo la grabación relativa a la citada comida celebrada en el otoño de 2009 sino todas las realizadas por su representado a las que haya podido tener acceso "sin guardar copia alguna", a fin de que las cintas queden bajo control del letrado de la Administración de Justicia.

José Manuel Villarejo reprocha al juzgado falta de diligencia a la hora de custodiar las cintas que le fueron intervenidas en sus viviendas y en la de su socio -Rafael Redondo, que ha permanecido en prisión durante 10 meses- y recuerda que todo el material está afectado por el secreto de sumario. "Desde el momento en que estas grabaciones se encuentran en poder del juzgado, y este órgano judicial es el responsable de su custodia, tiene el deber de preservar el secreto y los derechos fundamentales de las personas (sean parte o no en la causa, con independencia de su relevancia o irrelevancia pública)", añade.

La defensa de Villarejo tilda de "incontrastada e irreflexiva" la tesis de que el autor de la filtración de la grabación que compromete a Garzón y Delgado es su cliente

Por ello, el abogado insta al juez De Egea a abrir una pieza separada en la que se investiguen "todas y cada una de las revelaciones de secreto que se han cometido y se siguen cometiendo a lo largo de las instrucción" y que le tenga por personado en ese hipotético procedimiento en calidad de "perjudicado".

No es el único reproche que el ex agente encubierto formula al juzgado que instruye la causa por la que lleva en prisión desde hace 11 meses. Villarejo también considera que "no está controlando debidamente a alguno o algunos de quienes investigan", en alusión velada a los fiscales del caso -Ignacio Stampa y Miguel Serrano- o a los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

La defensa tilda de "incontrastada e irreflexiva" la tesis de que el autor de la filtración de la grabación es su representado -solemnemente venimos aquí a negar tal infundio", indica- y aporta una información del diario Público en la que moncloa.com desvincula a Villarejo de la puesta en circulación del audio, sosteniendo que "la fuente es gente enemiga".

"Las preguntas que surgen al respecto son evidentes, y pedimos que Su Ilustrísima Señoría reflexione al respecto: ¿Qué 'gente enemiga'  podría tener en su poder unas grabaciones del Sr. Villarejo Pérez? ¿Y con base en qué motivo tiene esta 'gente' tales grabaciones a su disposición? Y lo que es peor, ¿por qué 'enemigos' del Sr. Villarejo Pérez tienen acceso este material?", plantea Díaz-Bastien, que formula en el escrito "frontal protesta por el uso torticero" que se está haciendo del procedimiento penal respecto a su cliente "sin importar siquiera el potencial daño que se pueda ocasionar a la Instituciones del Estado y a terceros ajenos al proceso".