Pablo Casado tiene muy claros los términos de aplicación de un nuevo 155 si de él dependiera, esto es, "hombres de negro", cierre de TV3, educación estatal e intervención plena de la policía autonómica. Y todo ello, llegado el caso, sólo con los votos del PP, sin rebajar ninguna de las medidas por mor de un consenso con otros partidos, que constituye para el actual líder del PP uno de los errores que se cometieron hace un año.
A diferencia del 155 "light" de entonces, que si bien destituyó a todo el Gobierno del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, parecía solo destinado a la celebración de elecciones autonómicas catalanas, tal y como quería Ciudadanos, y descartó intervenir la televisión autonómica así como el Parlament, en este caso por resistencias del PSOE, Casado promete "mano dura".
La paradoja es que el líder del PP tiene los votos, esto es, mayoría absoluta en el Senado, pero no el gobierno de la nación para poner en marcha una nueva intervención de la Generalitat. De ahí la exigencia a Pedro Sánchez de disolución de las cámaras para ir a unas elecciones generales adelantadas o que éste se someta a una cuestión de confianza que, de perder, derivaría también en consulta ante las urnas.
Intervención sin fecha de caducidad y sin asomo de "apaciguamiento"
Además, Casado defiende que el 155 no se puede monitorizar desde Madrid, sino con "hombres de negro", afirman literalmente fuentes populares, es decir, nombrando consejeros que ayuden desde el territorio a "restaurar la autonomía". En octubre del año pasado se barajó la posibilidad de nombrar un "ministro" especial para Cataluña, aunque finalmente todo el peso recayó en la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con su secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, entre Madrid y Barcelona. El ex delegado del gobierno Enric Millo y el comisario Juan Antonio Puigserver completaron el exiguo equipo de "intervención" un modelo que rechaza de pleno Casado, para quien, además, el órgano de propaganda del independentismo por excelencia, TV3, "debe cerrarse", explican fuentes del PP; la educación "estatalizarse" y asegurar un mando de los Mossos no independentista.
En definitiva, una intervención sin fecha de caducidad y sin asomo de ninguna política de "apaciguamiento porque no es la solución", aducen en el PP. Es más, los mismos medios consideran que "nuestro error fue ir de la mano con el PSOE y con Ciudadanos y no llevar nosotros la antorcha". Eso obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a ceder en algunas pretensiones, aunque tampoco presentaron auténtica batalla por las enormes dudas que suscitaba un mecanismo constitucional inédito, sin más desarrollo que el del artículo 155.
Queremos aplicar la Ley de Partidos a quienes no condenen la violencia; tipificar en el Código Penal el referéndum ilegal; que no reciban fondos públicos los partidos que amparen la violencia y el cierre de las mal llamadas embajadas si actúan contra la legalidad.#SouthSummit18 pic.twitter.com/zYmsGIDrsn
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 3, 2018
Casado ha presentado una batería de propuestas en respuesta al intento de chantaje de Quim Torra al presidente del Gobierno: o referéndum o retira el apoyo parlamentario que le presta el independentismo, apropiándose no sólo de los escaños de ERC, partido que no conocía el contenido del discurso de Torra, y hasta del PdeCat, formación a la que no representa y cuyo Grupo Parlamentario en Madrid y Barcelona está dividido. El líder del PP opina que Sánchez debe escoger "estar del lado de los constitucionalistas" porque de lo contrario, "está inhabilitado para seguir un día más en La Moncloa". "Si no sabe, o no puede, o no le dejan poner orden tiene que convocar elecciones cuanto antes", ha agregado hoy en declaraciones a la prensa.
Además ha recordado el paquete de iniciativas y reformas legales que va a impulsar su partido, que pasan por volver a penalizar la convocatoria de consultas ilegales; poner en marcha una ley de símbolos que impida, por ejemplo, la presencia de lazos amarillos en instituciones oficiales; activar la ley de partidos, que cree aplicable ya a la CUP por promover actuaciones violentas, o animar a activar ese nuevo 155 más duro.
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