Los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, están siendo sometidos a un exhaustivo análisis por parte de la Audiencia Nacional. La importante suma de dinero que el agente amasó con “servicios desarrollados en su ámbito empresarial” por trabajos que no le habían sido encomendados por “los servicios policiales ni por los servicios secretos del Estado” no fueron impedimento para que el policía vinculado a las cloacas del Estado cobrara importantes cuantías que se incorporaron “a su patrimonio mediante una compleja estructura societaria y de titularidades bancarias, tanto en España como en el extranjero”. De hecho, los investigadores son incapaces de cifrar todavía a cuánto asciende su fortuna.
Sin embargo, a medida que avanza la investigación del caso Tándem, tanto el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional Diego de Egea, como los fiscales Anticorrupción hallan nuevas evidencias de que algunos de esos trabajos pagados a precio de oro nunca fueron llevados a cabo pese a que el comisario se había comprometido a la ejecución de los mismos.
Cada mes que pasa los investigadores aglutinan más indicios de criminalidad contra el investigado y desenmascaran un poco más sus negocios, considerados en ocasiones como “auténticas estafas” por las que cobraba hasta varios millones de euros, según explican fuentes de la investigación a El Independiente.
"Era bastante fantasma. Cobraba por servicios que sabía de antemano que no iba a prestar", afirman las fuentes consultadas. “Es verdad que fanfarroneaba mucho, siempre presumía de tener muy buena información y contactos”, apunta otra fuente consultada por este diario.
Además, los investigadores han detectado que, en ocasiones, era el propio comisario el que generaba un problema que, acto seguido, se ofrecía a arreglar. Gracias a esas gestiones y servicios llevados a cabo al margen de la Policía –infringiendo la Ley de Incompatibilidades-, el polémico agente encubierto acumuló un ingente patrimonio que está actualmente siendo investigado en la Audiencia Nacional. Al comisario ya retirado se le atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos, entre otros.
Delicados "secretos de Estado"
Sin embargo, más allá de sus negocios sucios, lo que más preocupa de José Manuel Villarejo son los delicados “secretos de Estado” que presuntamente tiene grabados. El agente se ha negado hasta ahora a colaborar con la Justicia, pese a haber alertado en sus sucesivas declaraciones en la Audiencia de que posee importante material sensible -incautado durante los registros en sus viviendas- que harían tambalearse los pilares del Estado.
Sin embargo, según informan fuentes jurídicas, cada vez que le pregunta por cuáles son esos secretos de Estado y dónde los tienes guardados, el silencio es la contestación. Así lleva el imputado once meses, dando la callada por respuesta.
"Era bastante fantasma. Cobraba por servicios que sabía de antemano que no iba a prestar", afirman las fuentes consultadas
En diciembre, semanas después de haber ingresado en la cárcel, Villarejo escribió una carta dirigida al juez en la que le hacía ver que los datos incluidos en los dispositivos que le habían sido intervenidos por la Policía eran de “especial sensibilidad para los intereses del Estado”, por lo que le pedía que extremara las medidas “para evitar su conocimiento, examen o difusión por terceras personas”. El comisario nunca ha querido concretar, sin embargo, a qué información "sensible" se refiere.
Paralelamente, los investigadores se han topado con la realidad y se han dado cuenta que no pueden controlar el material del que dispone el comisario ya que primero se filtró a dos medios de comunicación – El Español y Okdiario- las confesiones de la amiga íntima del Rey Juan Carlos, la princesa Corinna, hablando de un posible blanqueo de capitales cometido por el monarca emérito y, después, ha sido la filtración de la comida entre comisarios, el ex juez Baltasar Garzón y la ministra de Justicia Dolores Delgado. Esta segunda grabación, revelada por la web ‘moncloa.com’, ha puesto en la picota a la ex fiscal de la Audiencia Nacional para quien la oposición pidió en bloque la dimisión por haber mentido al negar su cercana relación con José Villarejo.
Varios dispositivos cifrados
Ni el juez, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni tampoco Asuntos Internos tienen constancia de que dichos audios formen parte del sumario ya que no han sido localizados entre el material que le fue incautado a Villarejo y su socio Rafael Redondo en los registros que tuvieron lugar en noviembre de 2017, tal y como desveló este periódico. Es por lo que las fuentes consultadas se muestran convencidas de que la filtración ha tenido que partir del agente o de su entorno más cercano, lo que Villarejo ha negado tajantemente.
Las citadas fuentes tienen la sensación de que está manejando los tiempos a su antojo con filtraciones interesadas que tratan de entorpecer el esclarecimiento de los hechos que se investigan en Tándem y que generan “mucho ruido”.
A esto se suma que faltan por desencriptar varios dispositivos electrónicos intervenidos en las entradas y registros llevadas a cabo en la operación Tándem, que la Policía no ha conseguido descifrar y analizar todavía, y que van a ser enviadas próximamente al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) -un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa- para ello. Esta circunstancia, lamentan en la Audiencia Nacional, está ralentizando la investigación.
Entre el material acumulado por Villarejo durante los últimos veinte años hay multitud de datos comprometedores para empresas del Ibex-35 y para otras grandes compañías nacionales no cotizadas, bien porque contrataron sus servicios privados de ‘inteligencia’ o bien porque el policía -previo pago- las investigó a instancia de adversarios. Tampoco se librarían de la grabadora del comisario antiguos dirigentes del máximo nivel del PP y políticos del PSOE con importantes responsabilidades en el pasado. Además, el comisario también presumió entre su círculo más cercano de poseer documentación que pondría en la picota al director del CNI, Félix Sanz Roldán, su acérrimo enemigo.
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