El presidente del Parlament, Roger Torrent, no ha dado marcha atrás en la decisión adoptada el pasado jueves, y mantiene la delegación de voto de Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez con una formulación que tanto los letrados del Parlament como la oposición en bloque consideran que no acata la suspensión dictada por el juez instructor del 1-O, Pablo Llarena. Pero ha pedido un informe a los letrados, atendiendo a la petición del PSC, lo que ha encendido de nuevo las alarmas entre sus socios de JxCat.

La mayoría independentista se ha impuesto en la Mesa del Parlament para rechazar las peticiones de reconsideración de C's y PSC contra el acuerdo por el que los diputados de JxCat vuelven a delegar su voto en el portavoz del grupo, obviando la suspensión de Llarena. Por tanto, mañana, el voto de los cuatro diputados de JxCat suspendidos por el Tribunal Supremo se hará efectivo en la votación de las resoluciones del Debate de Política General y pondrá en cuestión todas las decisiones que tome a partir de este momento el Parlament, puesto que el PSC ha presentado hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Los socialistas cuestionan en su recurso la decisión de remitir la suspensión al Pleno, en vez de aplicarla a través de un acuerdo de la Mesa, como pedía Llarena. Denuncian además que el Pleno votara en contra de la suspensión, cuestionando una decisión judicial, y finalmente critican que la fórmula utilizada por JxCat remita a una delegación de voto anterior.

Siguen las fricciones ERC-JxCat

Pese a esa amenaza, Torrent ha respetado el acuerdo sellado el jueves por las cúpulas de ambos partidos tras horas de negociación en la que se implicaron el president Quim Torra, y las direcciones de ambos partidos, pero ha ordenado también a los letrados que elaboren un informe escrito sobre las posibles consecuencias legales de la fórmula adoptada por JxCat.

Unas consecuencias de las que ya advirtieron el secretario general, Xavier Muro, y el letrado mayor, Joan Ridao, tanto el pasado jueves como en la reunión de hoy, pero que ahora Torrent quiere tener por escrito, acogiéndose a la petición formulada el jueves por el presidente del PSC, Miquel Iceta.

La petición del informe inquieta a JxCat, que teme un cambio de postura de Torrent, aunque oficialmente afirman que nada ha cambiado

La petición de Torrent ha generado inquietud entre las filas de JxCat, pese a que su portavoz, Eduard Pujol, ha asegurado que sus diputados "no están suspendidos ni sustituidos" y eso seguirá así mañana, cuando se voten las mociones derivadas del Debate de Política General. Pujol ha explicado que las direcciones de ambos grupos se ha reunido a primera hora de esta tarde para "de forma ordinaria" para confirmar que el acuerdo del jueves sigue en pie.

Pero esa reunión ha tenido lugar antes de que Torrent pidiera el informe que mañana podría darle pie a reclamar a JxCat un nuevo escrito que no ponga en riesgo la validez de las votaciones en el Pleno.

Los letrados ya advirtieron el jueves de que el escrito presentado por JxCat mantiene la delegación de voto acordada previamente a la suspensión de los diputados procesados, al tiempo que rechaza la suspensión en base a la votación el Pleno del 2 de octubre, lo que supone incurrir en desobediencia a un auto del Tribunal Supremo.

El pasado jueves, Torrent se acogió a una cuestión formal, el hecho de que el escrito de JxCat no estuviera legitimado porque no había sido instado por los diputados interesados sino por el grupo para abrir una negociación con sus socios en la que confiaba en reformula todo el escrito. La respuesta de JxCat, sin embargo, fue presentar cuatro escritos en los que los cuatro diputados afectados suscribían la comunicación de su grupo, manteniendo el texto que niega la suspensión como diputados. Y ERC, según fuentes parlamentarias, presionó a Torrent para que aceptara esa fórmula.

La negativa de JxCat a aplicar la fórmula pactada días antes con ERC y los Comunes y votada en el Pleno del 2 de octubre provocó una nueva crisis entre los dos socios de gobierno que llevó a hacer temer por una ruptura inminente y obligó a Torra y el vicepresidente económico, Pere Aragonés, a comparecer juntos al día siguiente en el Palau de la Generalitat. Una comparecencia en la que sólo pudieron garantizar la estabilidad del Govern hasta la sentencia del 1-O, prevista para el próximo verano.