Un juez investiga el grado 'exprés' de la URJC con el que lograron título 200 mandos policiales

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para investigar el grado 'exprés' por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que posibilitó que unos 200 funcionarios policiales (inspectores y comisarios) obtuvieran una titulación universitaria, entre ellos un ex alto mando de la cúpula de la Policía en la etapa de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior.

El Juzgado de Instrucción 45 de Madrid abrió el procedimiento el pasado 5 de septiembre tras la denuncia presentada por Alternativa Sindical de Policía (ASP), que consideraba que el grado en Criminología impartido por la universidad madrileña para los agentes fue un portillo por el que integrantes de las escalas ejecutiva y superior de Policía obtuvieron -"posiblemente de manera fraudulenta"- una titulación "suficiente y necesaria para ascender a los más altos cargos de la Administración Policial". El sindicato tipificaba los hechos denunciados propios de un delito de cohecho.

Estos estudios se ofertaron en dos curso académicos (2013/2014 y 2014/2015) tras el convenio que la Dirección General de la Policía había firmado con la URJC en 2013 para la creación de un grado on line de 60 créditos. La formación tenía una duración de nueve meses.

La causa, sin embargo, permanece en punto muerto desde entonces por avatares procesales. En el mismo auto por el que el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid acordó investigar el caso planteó su inhibición ante el decanato para que remitiera la denuncia al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid -el órgano que investiga las irregularidades en el máster cursado por Cristina Cifuentes en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC- al entender que los hechos a esclarecer eran análogos o anexos.

La URJC dice que la denuncia por los mismos hechos fue archivada por la Fiscalía de Móstoles "tres días antes" de que el sindicato fuera al juzgado

En un auto fechado este lunes, al que ha tenido acceso El Independiente, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid (Carmen Rodríguez-Medel) rechaza la inhibición y devuelve la causa al órgano judicial que lo planteó dada por considerar que los hechos que ella investiga desde finales del pasado mes de abril y los descritos en la denuncia que ha dado pie al otro procedimiento "no guardan relación entre sí".

"Cierto es que el denunciante menciona a este órgano judicial, calificando los hechos como análogos o conexos, pero esto no se corresponde con la realidad, como se expondrá, sin que quede al libre arbitrio del denunciante la elección del juez instructor que ha de conocer de la denuncia que cursa. Por el contrario, el estudio de la misma evidencia que nada tiene que ver el objeto de esta nueva denuncia con el procedimiento seguido ante este órgano judicial", razona la juez Rodríguez-Medel.

No son hechos conexos

La magistrada rechaza que pueda justificarse la conexidad por el mero hecho de que tanto el grado de Criminología como el curso de posgrado en 'Derecho Público del Estado Autonómico' hayan sido impartidos en última instancia por la URJC, no citándose en este nuevo procedimiento quién podría ser el autor del delito de cohecho denunciado por ASP ni detallándose la implicación del Instituto de Derecho Público, organismo de la universidad madrileña al que ha quedado circunscrita su investigación del caso Máster.

"De aplicarse ese criterio (que se trata de la misma Universidad) para sustentar la inhibición procedería en su caso la remisión por parte de Instrucción 45 al Juzgado de Instrucción 40 [de Madrid], dado que, de conformidad con la diligencia de constancia que obra ut supra, el mismo conoce con anterior de presuntos hechos delictivos relacionados con la Universidad Rey Juan Carlos y súbditos italianos que pretenden el acceso al ejercicio de la abogacía (diligencias previas 712/2018)", argumenta.

Entre los mandos policiales que 0btuvieron el grado en Criminología por la URJC se encuentra Manuel Javier Peña Echeverría, al que Zoido puso al frente de la jefatura central de Recursos Humanos y Formación.

A preguntas de El Independiente, un portavoz de la URJC ha señalado que la impartición del grado fue aprobada por el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y llamó la atención sobre el hecho de que la denuncia presentada ante la Fiscalía de Móstoles por los mismos hechos "fue archivada tres días antes" de poner los hechos en conocimiento del juzgado.