La legislatura de Mariano Rajoy cayó repentinamente tras ver la luz la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y, con él, otros 1.300 puestos entre altos cargos y personal de confianza que, hasta dos días antes, no preveían salir tan pronto de los despachos de secretarías, entidades y empresas públicas, organismos autónomos o ministerios.
Algo más de cuatro meses después de la investidura de Sánchez como nuevo presidente del Gobierno y con todas las nuevas carteras asignadas -y reasignadas en el caso de los ministerios de Cultura y de Sanidad- cabe preguntarse qué fue de sus predecesores, qué caminos tomaron los ministros de la cúpula popular después de su repentina salida del Congreso de los Diputados.
Para estos altos cargos, reincorporarse a un nuevo puesto tras su etapa en el Gobierno, ya sea en la esfera pública o privada, depende obligatoriamente del artículo 15 de la Ley 3/2015 de 30 de marzo, que establece que "los altos cargos durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar servicios a entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". Más allá de lo recogido en la ley, la realidad es que la última palabra sobre reincorporación laboral de políticos la tiene la Oficina de Conflicto de Intereses, una entidad dependiente del Ministerio de Política Territorial que ahora dirige Meritxell Batet.
En caso de quedar inhabilitados -por resolución de este organismo o por decisión propia-, los ministros tienen derecho a solicitar una indemnización a modo de compensación incompatible con cualquier otro ingreso durante los dos años en los que es efectiva la incompatibilidad con otro puesto de trabajo.
En su caso, Mariano Rajoy pidió su reingreso inmediato en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad en Santa Pola con una resolución positiva. El ex presidente del Gobierno ha permanecido en la población alicantina 104 días, hasta que el pasado martes 2 de octubre el BOE de Madrid ratificase el nuevo destino del ex presidente del Gobierno: el Registro Mercantil Nº5 en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Soraya Sáenz de Santamaría no tiene, aún, un destino conocido, aunque todo apunta a que pedirá reincorporarse a su antiguo puesto en la abogacía del Estado después de que el pasado 10 de septiembre anunciase que dejaba la política tras perder la contienda contra Pablo Casado por la presidencia del partido. Santamaría pidió una excedencia en su puesto como abogada del Estado hace ya más de 18 años para pasar a ser asesora jurídica de Mariano Rajoy, allá por el año 2000. Aunque con menos contundencia, desde las filas del PP se ha hablado también de la opción de que sea fichada por la banca privada.
En caso de optar finalmente por reincorporarse a su antiguo puesto deberá presentar un escrito a la Oficina de Conflicto de Intereses y esperar a una resolución con un plazo máximo de dos meses. Sin embargo, Santamaría tendría más complicado reanudar su vida laboral por la Ley del Alto Cargo -que ella misma impulsó- pues sus funciones como vicepresidenta del Gobierno y su posición al frente de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos afectaría a prácticamente a todas las áreas de todas las empresas
El abandono de la esfera política no ha sido una opción para otros ministros de la última legislatura de Rajoy. Por ejemplo, Dolors Montserrat, ex titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es ahora la nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados bajo el paraguas del nuevo líder del partido, Pablo Casado, sustituyendo así a Rafael Hernando. Además, Montserrat está bien posicionada para hacerse con las riendas del PP catalán tras el batacazo electoral de Albiol, un destino por el que tendría que medirse con el diputado en el Parlament Alejandro Fernández, quien ya ha presentado formalmente su candidatura.
El ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, se suma también a esta inclinación y ocupa actualmente el puesto de secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, puesto que comparte junto a la presidencia de la Comisión parlamentaria de Interior. Pero no es el único que opta por la salida de las comisiones parlamentarias -que han crecido un 115% desde 2016 hasta llegar a las 43-. Y es que Pablo Casado ha acomodado también a otros cuatro ex ministros de Rajoy al frente de estas comisiones.
Así, la ex secretaria general del partido y ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se encuentra al frente de la Comisión de Exteriores del Congreso (después de ceder el liderazgo del PP en Castilla-La Mancha tras doce años en este puesto); el ex titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo en la Comisión de Educación; Cristobal Montoro, que ocupaba la cartera de Hacienda y presidirá la de Economía y Empresa; y Juan Ignacio Zoido, que preside una de las dos nuevas comisiones de la Cámara Baja puestas en marcha para el actual Gobierno socialista, concretamente la de Política Territorial. El ex ministro de Interior ya ocupó la presidencia de la Comisión Constitucional antes de entrar a formar parte del Ejecutivo popular.
Fátima Báñez, por el momento, continúa ocupando su escaño en el Congreso como diputada nacional del PP por Huelva y Nadal es el nuevo presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados -desde el pasado 10 de septiembre- y vocal de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Por su parte, la ex titular de Agricultura y persona de confianza de Cospedal, Isabel García Tejerina, ha pasado a sustituir a Javier Maroto en el puesto de vicesecretaria de Política Sectorial del PP, si bien se posicionaba como uno de los nombres que aparecía en todas las quinielas para ocupar la Secretaría General del Partido, finalmente otorgada a Teodoro García Egea.
'Portazo' a la política
En situación diferente se encuentran otros ex altos cargos del último Gobierno de Mariano Rajoy, quienes han optado dar la espalda, al menos por el momento, a la política.
Así, tras la inesperada moción de censura, Román Escolano dijo adiós a su efímero paso por la cartera de Economía, un puesto que le ha limitado las opciones de continuar con su carrera en el campo profesional, por lo que ha optado, al menos como solución temporal, por la rama de la docencia. En la actualidad es profesor de Macroeconomía y Sistema financiero en la CUNEF, centro adscrito a la Universidad Complutense.
También el ex ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, estrenó cargo como nuevo embajador de España en Italia desde el pasado 7 de septiembre. Se trata del tercer destino de Dastis como embajador, ya que previamente había ocupado el mismo puesto en Países Bajos y como representante permanente en la Unión Europea.
Caso especial es el de Íñigo de la Serna, el único 'parado' de los ministros tras el inesperado giro político. El ex titular de Fomento ha escogido la opción del asueto que otorga la ley de incompatibilidades, por lo que disfrutará del 80% de su sueldo durante dos años, y, al menos de momento, no optará por la opción de ser candidato por el PP cántabro. La compensación del ex alcalde de Santander asciende a 4.773 euros mensuales, una cifra que recibe desde el pasado 1 de julio hasta enero de 2020: en total, 90.000 euros de prestación. De la Serna apoyó a Santamaría en las primarias y, tras su negativa a la proposición de Pablo Casado de integrarse en la dirección del nuevo PP, anunció en julio que dejaría la política activa.
Otro ex ministro que hizo también uso de esta indemnización fue Luis de Guindos quien, sin embargo, no llegó a vivir la moción de censura desde dentro. El ex titular de Economía antes que Escolano hizo uso de esta 'ayuda' durante tres meses, justo el tiempo transcurrido entre su salida del Gobierno de Rajoy y su nombramiento oficial como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), por lo que sumó a su cuenta 9.382,46 euros.
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