La advertencia la lanzó desde la tribuna y ante decena de miles de simpatizantes: “El tiempo y la paciencia se agotan”, dijo. Sucedió el pasado 30 de septiembre con motivo del ‘Alderdi Eguna’ (Día del partido) y apenas unos días más tarde, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder del PNV, Andoni Ortuzar mantenían una reunión telefónica para intentar encauzar el malestar de quien está llamado a ser “socio preferente” del Ejecutivo. Una conversación que en gran medida sirvió además para sondear el posible apoyo del PNV a los presupuestos.

 

Fuentes a las que ha tenido acceso El Independiente aseguran que los presupuestos de 2019 fueron el centro de la conversación mantenida entre ambos dirigentes, si bien la cuestión se abordó “genéricamente, no al detalle”. En ella Ortuzar trasladó a Sánchez su disposición a entenderse pero dejando claro que no a cualquier precio, “dispuestos sí, gratis no”, recuerdan fuentes del partido.

Desde entonces, el teléfono no ha vuelto a sonar ni el correo, postal o electrónico, ha aportado información alguna sobre la letra pequeña del proyecto de presupuestos que el Gobierno propone y para cuya aprobación requerirá los cinco votos del PNV. Los nacionalistas confían en que el contacto se produzca “esta semana” y se pueda comenzar un proceso que aún se antoja largo.

El presidente del Gobierno llamó a Ortuzar días después de su advertencia de que la paciencia del PNV "se agota"

Por el momento la actitud es favorable al acuerdo, pero la decisión es cuestión de hechos más que de deseos. Antes de sentarse a hablar habrá que cerrar las “cuestiones previas”, como son los compromisos adquiridos con el PP en las negociaciones presupuestarias de 2017 y 2018 y que Sánchez asumió. Además, tendrán que conocer con precisión el compromiso cerrado con Podemos y que marcará las líneas maestras de las cuentas, “para comprobar, por ejemplo, que no incluye ni barbaridades ni invasiones competenciales”. En el PNV reconocen que la información del acuerdo PSOE-Podemos la han obtenido “de alguna página web” y no de modo oficial. También que nadie les informó previamente de ese acuerdo. Pese a ello, por el momento consideran que es un paso comprensible y razonable al tratarse del partido con mayor peso en el que debe apoyarse el Ejecutivo.

Una fase previa

La mano tendida a buscar un entendimiento es evidente. Resta ahora que la contrapartida sea satisfactoria y que al igual que la formación de Iglesias ha impreso su sello a las cuentas, la “agenda vasca” también se refleje. Si no, la prórroga presupuestaria no sería ningún drama para los nacionalistas vascos.

Como en procesos anteriores, el PNV tiene marcada la senda que ahora inicia de cara a la posible cesión de los cinco votos parlamentarios. Los nacionalistas ya avanzan que están dispuestos a hacer un planteamiento “realista” y adecuado a la situación política.  Entenderse dependerá, una vez más, del análisis de realismo de unos y otros.

La hoja de ruta del PNV incluye una primera fase previa, la actual, que se construye mirando a tiempos pasados, a viejos compromisos adquiridos por el PP y pendientes de cumplir. Son los que el Gobierno socialista deberá satisfacer con antelación si quiere que el PNV se siente a negociar, “nos tendrá que dar una garantía de cumplimiento”. Después, una vez blindados los acuerdos 2017 y 2018 será tiempo de comenzar a poner precio y letra pequeña al hipotético apoyo presupuestario para los presupuestos 2019.

Antes de acceder a negociar los nacionalistas reclamarán una garantía de cumplimiento de los compromisos pactados con Rajoy en 2017 y 2018

Y entre ambos procesos, una tercera fase se desarrolla de modo paralelo -y aparentemente ajeno-, pero siempre conectado: la negociación entre Gobiernos, el vasco y el español. En ella la batalla se libra por el cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. Los nacionalistas exigirán al menos un calendario de compromisos pactado antes de fin de año. En él se deberían fijar los plazos de cesión de la treintena de materias que el propio Sánchez calificó como “factibles” en la última reunión que celebró con Urkullu y que recientemente el lehendakari le recordó. Por el momento, en los cinco meses del Gobierno Sánchez no se ha completado ninguna cesión de transferencias, ni siquiera la de las dos líneas ferroviarias y el tramo vasco de la A-1 que ordenó el Constitucional. La primera propuesta de transferencia el Gobierno vasco la calificó de “averiada”.

Ha sido sólo una de las cuestiones que llevó el pasado día 30 de septiembre a advertir a Ortuzar en el Alderdi Eguna que la paciencia y el tiempo del PNV se agotaba. Desde entonces, varias llamadas de ministros y del propio presidente del Gobierno después, la advertencia nacionalista pareció haber surtido efecto.

Inversiones pactadas con Rajoy

En Sabin Etxea son conscientes de que en esta ocasión la partida se juega entre cinco protagonistas y que ello son sólo uno de los actores. El principal, Podemos, ya ha plasmado la rúbrica que le compromete con Sánchez. Resta mover ficha aún al resto de partidos y el PNV, como acostumbra, dejará para el final -y con la información del resto de movimientos y variables definidas-, el anuncio de su posición definitiva. Exprimir hasta el final los plazos se ha convertido en marca de la casa.

Las incertidumbres que mira con detenimiento el PNV no son sólo partidistas, sino también institucionales. El proyecto que Sánchez remita a Bruselas, con sus compromisos en materias tan sensibles como pensiones, salario mínimo o nuevos tramos fiscales, podría obligar a un cambio inesperado de compromisos y con él, de escenario.

"Si por ejemplo las inversiones del TAV no se reflejan, ni nos sentaremos a hablar"

En cuanto suene el teléfono, la primera reclamación que el PNV trasladará al Gobierno para apoyar sus cuentas pasar con sacar adelante las inversiones millonarias que para el País Vasco suscribieron con Rajoy en los presupuestos de 2017 primero y de 2018 después. En el primer caso las cuentas de hace dos años incluyeron inversiones por un valor total de casi 3.000 millones, incluidas muchas partidas plurianuales que deberían verse reflejadas en el proyecto de 2019. El apartado más costoso es el relativo al Tren de Alta Velocidad, “que si no se refleja en los presupuestos ni nos sentaremos a negociar”. Una infraestructura, costeada por el Gobierno, con el que el PNV ya ha comenzado a mostrar su malestar por el retraso de algunas decisiones del Ejecutivo que están ralentizando los trabajos. Demora que incluso estaría poniendo en riesgo el cumplimiento del plazo acordado, el año 2023, para su puesta en marcha.

Modelo territorial

Así, Sánchez debería incluir en el proyecto presupuestario partidas millonarias no sólo en 2019, sino hasta los presupuestos de 2023, tal y como se acordó el año pasado con el PP de Rajoy. En aquel pacto, también se incluían medidas como inversiones en plataformas logísticas vascas, financiación para la supresión de 40 pasos a nivel u otro tipo de inversiones plurianuales en el ámbito de la investigación.

Entre las exigencias previas que se solicitarán al Gobierno para comenzar a negociar se incorporaban además los compromisos más recientes, los adquiridos por Rajoy apenas días antes de perder la moción de censura gracias al respaldo del PNV a Sánchez. En las cuentas de 2018 se incluían inversiones millonarias en puertos, aeropuertos e infraestructuras ferroviarias o inversiones en centros de investigación, muchas de las cuales aún no se han llevado a cabo.

Sólo entonces se comenzará a plantear una negociación precisa referida a las cuentas del próximo ejercicio. Unas exigencias que el propio portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban ha subrayado que serán razonables. El PNV no desea por el momento un adelanto electoral y confía en que el tambaleante Gobierno Sánchez pueda asentarse y prolongar, al menos hasta el otoño del próximo año, la legislatura. Sin duda una de las razones que impulsa a esa mano tendida pasa por la imagen y el modelo de Estado que los aliados del PSOE, Podemos, y las formaciones nacionalistas defienden y que facilitarían de lo que el PNV considera que es un “bloqueo” del modelo territorial.