El juez imputa al hombre fuerte de González en Suramérica por un "saqueo" de 9 millones

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar en calidad de imputado a Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Suramérica, por la presunta sustracción de 8,9 millones de euros a empresas del grupo mediante servicios contratados y no prestados. La instrucción la dirige el juez que investiga el caso Lezo, Manuel García-Castellón, pero en un procedimiento autónomo.

Según ha podido confirmar El Independiente en fuentes jurídicas, Rodríguez Sobrino tendrá que comparecer acompañado de abogado el próximo 20 de noviembre en el marco de una causa en la que se investiga la posible comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal continuada y falsedad contable y que se ha abierto a raíz de la denuncia presentada por el Canal de Isabel II, la empresa de aguas controlada por la Comunidad de Madrid. Ésta ejerce la acusación particular en Lezo, en la que ya está imputado el antiguo directivo desde hace un año y medio.

Con el informe favorable del Ministerio Fiscal, el magistrado García-Castellón archivó el pasado 16 de julio la denuncia al entender que los hechos ya los estaba investigando la Justicia colombiana. La empresa pública recurrió en apelación y, en un auto fechado el pasado 28 de septiembre, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 a investigar los hechos, para lo que ha incoado nuevas diligencias previas al no apreciar conexidad con el objeto del procedimiento inicial.

Fuentes próximas a Rodríguez Sobrino defienden que los hechos "ya se investigan en Colombia" y consideran que se trata de una "querella defensiva" con la que el Canal de Isabel II intenta que "no le salpique" y salvar la "responsabilidad penal de la persona jurídica". "No tiene ningún sentido", insisten.

El Canal de Isabel II sustenta su acusación en los cuatro informes periciales que encargó a la consultora internacional Grant Thornton para determinar la posible existencia de "operaciones fraudulentas". "Las conclusiones evidencian la comisión de nuevos delitos, hasta ahora no comprendidos en la investigación, por parte del aquí ya investigado Edmundo Rodríguez Sobrino", relata la denuncia.

Peritos concluyen que una filial del Canal de Isabel II en Colombia pagó sumas millonarias por servicios que en realidad no prestó

Los hechos que se dilucidarán en esta nueva causa tuvieron lugar durante la etapa en que Rodríguez Sobrino ejerció como presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), holding de un grupo de empresas a través del que el Canal de Isabel II ha desarrollado su negocio en diversos países de Suramérica como Colombia, República Dominicana y Brasil.

En esa estrategia de expansión, Inassa tomó el control accionarial de la compañía Triple A de Barranquilla (Colombia), que a su vez desarrolló sus actividades -entre otras- a través de una filial denominada Recaudos & Tributos (R&T). Estas compañías forman el triángulo en cuyo perímetro se incluyen las operaciones presuntamente irregulares que la empresa de aguas madrileña ha puesto en conocimiento de la Justicia.

Transacciones financieras

Entre las operaciones analizadas por los peritos figuran las transacciones financieras entre Triple A e Inassa registradas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, periodo en que Rodríguez Sobrino desempeñaba los cargos de máxima responsabilidad en ambas empresas. El directivo fue destituido por Cristina Cifuentes en abril de 2016, tras conocerse por la publicación de los Papeles de Panamá que aparecía relacionado con tres sociedades bajo jurisdicción del antiguo paraíso fiscal de Hong Kong: Idra Drilling Equipment Holding Limited, Asia Drilling Equipment Holding Limited y Luntam Holding Limited.

Con la intención de extender el negocio del ciclo integral del agua a otros países suramericanos y caribeños, Inassa y Triple A acordaron crear a mediados de 2012 una fiducia mercantil -certificada por Helm Fiduciaria SA el 6 de julio de dicho año- por la que el fideicomitente (Triple A) transferiría al fiduciario (Inassa) los derechos económicos y recursos derivados del activo para que los administrara, cuantificándose el valor en unos 506.000 euros.

"De toda la información y documentación analizada por los peritos de Grant Thornton no se ha identificado ningún documento, contrato o información que justifique o evidencie la prestación de algún servicio", detalla la denuncia del Canal de Isabel II, que asegura que no se ha hallado ningún papel que justifique la disposición de las cantidades aportadas y puestas a disposición de Inassa por parte de Triple A.

Subcontratación bajo sospecha

La pericial encargada por la empresa de la Comunidad de Madrid ha analizado también las operaciones que en el mismo periodo encargó Triple A a R&T, como movimientos de tierra y transporte de residuos sólidos, mantenimiento de redes y la consultoría técnica y administrativa para la mejora continua de la gestión operativa de cartera. El trabajo de Grant Thornton también arroja sombras sobre esta operativa.

El contratante era Triple A y la empresa que debía ejecutar -y cobrar- esos trabajos era R&T, que, sin embargo, los subcontrató parcialmente a una compañía llamada Epsilon Gerencia de Proyectos SAS. En este caso, la posible irregularidad es doble. Por un lado, los trabajadores de Triple A dijeron a los peritos que "desconocían la prestación de dichos servicios por parte de R&T" y, de otro, tan sólo se ha encontrado actas que justifican el 18 % de los trabajos pagados por Recaudos & Tributos a Epsilon. Expresado en otras palabras, no existe soporte documental que justifique la prestación de trabajos por importe de 5,42 millones de euros.

Pagos a proveedores

El Canal de Isabel II también aprecia posibles irregularidades en actuaciones llevadas a cabo con determinados proveedores después de que se analizara la contabilidad de Tiple A e identificaran 92 operaciones en la muestra seleccionada. Tras entrevistarse con trabajadores de la citada sociedad colombiana, los técnicos han concluido que "no existe constancia" de que dichos servicios se prestaran realmente, al tiempo que no han logrado evidencias documentales que justifiquen los encargos realizados a un "determinado número de proveedores" por importe total de 8,64 millones de euros.

"Las conclusiones alcanzadas por los peritos evidencian la existencia de graves irregularidades, especialmente en lo concerniente a servicios contratados por cantidades millonarias, cuyos importes fueron abonados pese a no haberse llevado a cabo los servicios contratados. Las cantidades (...) fueron sustraídas", concluye el Canal de Isabel II.

Informe copiado para justificar cobros

La denuncia tampoco pasa por alto los servicios de asesoramiento de ajuste tarifario contratados por Triple A a Inassa, que ésta subcontrató a un tercero: Construcciones y Desarrollo Urbano (CDU). Sin embargo, estos trabajos los terminó realizando "el propio personal" de Triple A. "El informe de CDU, por el que Triple A pagó a Inassa, había sido elaborado por los técnicos de la propia Triple A, y copiado por los de CDU para justificar el pago", exponen los peritos de Grant Thornton.

Después de que la Fiscalía de Colombia detuviera el pasado 23 de abril al ex gerente de la Triple A Ramón Navarro y éste reconociera que dispuso de manera irregular de 7,8 millones de euros de la sociedad junto a la gerente financiera (Julia Margarita Serrano Monsalve) mediante la emisión de 54 órdenes de pedido ficticias y cuatro contratos de consultoría simulados, el Canal de Isabel II considera "acreditado" que Navarro y Edmundo Rodríguez Sobrino -"en connivencia"con otros trabajadores de Inassa y R&T- "se apropiaron de sumas de dinero correspondientes a Triple A".

Se trata de una "querella defensiva" de la empresa pública madrileña para que no le salpique, responden fuentes próximas al investigado

Es por ello por lo que la empresa madrileña quiere que se investiguen los hechos a fin de determinar "quiénes fueron los demás partícipes, coautores, cómplices o encubridores en España y Colombia" y, en definitiva, los "receptores de las cantidades sustraídas" a Triple A para que se depuren las responsabilidades penales por el "saqueo" realizado a las empresas del grupo. El Canal de Isabel II pide la declaración como investigado de Rodríguez Sobrino y que el juez cite a los peritos de Grant Thornton para que ratifiquen sus informes en sede judicial, peticiones a las que ya ha accedido Manuel García-Castellón.

La nueva causa se instruye en paralelo a la decisión de la Fiscalía General de Colombia de intervenir el paquete accionarial (82,16 %) que Inassa tiene en la Triple A y que, como informó El Confidencial, pasarán ahora a una sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda de Colombia. Esa participación societaria tiene una valoración en libros de unos 58 millones de euros.

El testimonio del 'arrepentido'

La decisión de las autoridades judiciales colombianas tienen como desencadenante las declaraciones judiciales del ex gerente de Inassa Diego García Arias -el 'arrepentido' del caso Lezo- en las que aseguró que Inassa cobraba a Triple A por un contrato de asistencia técnica que realmente no ejecutaba. El canon se fijó en el 4,5 % de los ingresos de Triple A.

En su denuncia, el Canal de Isabel II rebate esta acusación y aporta un informe pericial realizado por Grant Thornton en la que concluye que no sólo "ha existido una continuidad en la prestación de estos servicios" durante el periodo de tiempo analizado, sino que la ejecución de esos trabajos de know how "ha ocasionado mejoras sustanciales en los resultados financieros, comerciales, técnicos, operativos y medioambientales de Triple A".