El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonés, aseguraron hace una semana que el Gobierno de coalición integrado por JxCat y ERC se mantendrá hasta la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del 1-O, prevista para mediados de 2019. La promesa llegaba después de la enésima crisis parlamentaria entre ambos grupos por la fórmula de sustitución de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo y se tambaleó apenas cuatro días después, cuando Torrent reabrió el conflicto y el independentismo perdió la mayoría parlamentaria. Desde entonces, Govern y partido han dado pasos que parecen dirigidos a preparar ese adelanto electoral que la ley dejará en manos de Torra a partir del 27 de octubre, cuando se cumpla un año de la disolución del Parlament por aplicación del 155.
El más claro ha sido el vicepresidente de la Mesa del Parlament, Josep Costa, que el lunes daba por concluida la colaboración entre ambos partidos. Menos explícito, el Consell Executiu del martes cerró dos acuerdos de innegable aroma pre-electoral: la ley de voto electrónico para residentes en el exterior y un aumento de sueldo para los funcionarios de la Generalitat. Paralelamente, Agustí Colomines calentaba motores sobre el lanzamiento de la Crida de Carles Puigdemont y Torra, aunque su discurso quedara tapado por su patinazo sobre los muertos y la independencia.
"Había que intentarlo, pero a estas alturas creo que ya ha quedado claro que con presos políticos, exiliados y miles de represaliados no se puede gobernar con normalidad. Cuanto antes lo reconozcamos y actuemos en consecuencia, mejor para el país" afirmaba Costa en un tuit a principios de semana. Era el particular balance del vicepresidente del Parlament, uno de los elementos clave en la crisis parlamentaria por su negativa a aceptar cualquier solución que implicara de hecho la sustitución de Carles Puigdemont como diputado.
Calia intentar-ho, però a aquestes alçades crec que ja ha quedat clar que amb presos polítics, exiliats i milers de represaliats no es pot governar amb normalitat. Com abans ho reconeguem i actuem en conseqüència, millor per al país.#LlibertatPresosPoliticsiExiliats
— Josep Costa🎗 (@josepcosta) October 15, 2018
Una crisis parlamentaria en la que ya se evidenciaba el divorcio de las estrategias electorales de ambos socios de gobierno. Esquerra empeñada en preservar a Roger Torrent como activo electoral de un partido decapitado tras el encarcelamiento de Oriol Junqueras y la huida de Marta Rovira. Y JxCat dejando claro que son los republicanos los que han renunciado al "mandato del 1-O" plegándose a la autoridad del Tribunal Supremo, como antes hicieron con el Constitucional al negarse a investir a Puigdemont contra las advertencias del TC.
Voto electrónico
El martes, Elsa Artadi insistió en la voluntad de pervivencia del Govern, cuyos miembros comparten mayoritariamente la convicción de que lo mejor para el independentismo es demostrar una cierta capacidad de gestión al frente de la Generalitat, tras un año de parálisis absoluta. Pero los acuerdos de Govern no indican lo mismo. El anteproyecto de ley de voto electrónico para los residentes en el extranjero es de hecho la recuperación de un proyecto suspendido por la aplicación del 155, con el que el Govern quiere garantizar el voto de los residentes en el extranjero, entre los que el independentismo movilizado es significativo. En los últimos procesos electorales se han repetido los problemas con el voto por correo y desde la ex convergencia y ERC se ha señalado una supuesta intencionalidad de dificultar el voto a esos sectores.
El proyecto de ley recuperado ahora por el departamento de Ernest Maragall afectará solo a las elecciones autonómicas y debe superar el trámite parlamentario, pero el Govern confía en agilizar ese trámite para tener a punto el voto electrónico en los próximos comicios.
Igualmente significativa resulta la decisión del Govern de aprobar una subida de salarios del 1,9% para los funcionarios de la Generalitat, que ya recibirán el aumento en la nómina de este mes de octubre. Aparentemente el ejecutivo independentista no quiere esperar a un proyecto presupuestario del que todavía no ha dado ningún indicio, por eso ha aprobado por decreto ley hacer efectivo este aumento, acordado con los dos sindicatos mayoritarios, que supone aplicar el aumento máximo permitido por la Ley de Presupuestos.
El Govern ha aprobado un aumento de sueldo a los funcionarios con un coste de 226 millones y pone al día la ley de voto electrónico de los catalanes en el extranjero
Este aumento de los sueldos públicos supone un gasto de 226 millones de euros para la Generalitat, que el Govern pretendía asumir a costa de una relajación del límite de gasto, se ha encontrado con el primer obstáculo esta misma semana, cuando la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, rechazó esta pretensión planteada por el conseller Jordi Puigneró. Puigneró dejó claro sin embargo que la Generalitat seguirá buscando la vía para satisfacer este aumento salarial, aunque dejando claro que si no lo hace es culpa del Gobierno.
El acuerdo alcanzado el martes incluye además la decisión de volver a pagar el 100% de las bajas médicas desde el primer día a los empleados públicos catalanes. El acuerdo supone volver a la situación anterior a 2012, cuando la Ley de Estabilidad Presupuestaria fijó a partir del tercer día de baja este pago.
Lanzamiento de la Crida
El inminente lanzamiento de La Crida, algo desdibujado por la falta de adhesiones desde el PDeCat, y el rechazo frontal de ERC y la CUP, se inscribe igualmente en este clima pre-electoral. La plataforma electoral se constituirá oficialmente el próximo sábado en Manresa, coincidiendo con el primer aniversario de la declaracion unilateral de independencia (DUI), con el objetivo de convertirse en aglutinador del independentismo.
Esa es la propuesta con la que Puigdemont, Jordi Sánchez, Agustí Colomines y Ferran Mascarell lanzaron el proyecto en verano y forzaron la renuncia de Marta Pascal al frente del PDeCat para asegurarse la incorporación de los cuadros ex convergentes al nuevo proyecto, en el que aspiraban a integrar también a independientes y políticos de la órbita de Esquerra, una vez constatada la negativa del partido que lidera Oriol Junqueras. Sin embargo, la situación judicial de Junqueras ha actuado como potente aglutinador de los republicanos y parece difícil que atiendan a los cantos de sirena de la Crida, sin olvidar que los últimos sondeos les dan ventaja tanto en unas hipotéticas elecciones autonómicas como en las elecciones locales en Barcelona.
"ERC es el partido más cainita de la historia de Cataluña, pero ahora tienen un mártir" reflexionaba estos días un político catalán para explicar la inédita solidez del partido republicano frente a las fisuras en JxCat, PDeCat y el entorno ex convergente.
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