Funcionarios de prisiones, en una de las protestas secundadas.
Fernando Grande-Marlaska tiene 24 horas para intentar frenar la primera huelga general a la que está convocado un colectivo dependiente del Ministerio del Interior. En demanda de mejoras laborales y salariales, unos 27.000 trabajadores de prisiones (entre funcionarios y personal laboral) están convocados por vez primera a un paro al que los sindicatos auguran un elevado nivel de seguimiento, lo que tendría una importante incidencia en el desarrollo de la actividad en las cárceles y centros de inserción social (CIS).
Convodada por CCOO, ACAIP-USO, UGT, CSIF y la Confederación Intersindical Galega (CIG), la primera de las seis jornadas de huelga arranca este martes a las 22 horas, a la que seguirán otras los días 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre si los representantes de los trabajadores no aprecian una voluntad de entablar una "negociación real" por parte de los responsables de Interior que vaya "más allá de los gestos" y se sustancie en un "compromiso presupuestario". Fuentes sindicales se muestran convencidas de que el colectivo secundará "de forma mayoritaria" la convocatoria y que "se hará oír" a pesar de los "abusivos" servicios mínimos establecidos por la Administración.
La principal reivindicación de la plantilla es que se acometa una reclasificación -la actual se mantiene inalterable desde 2005- que reduzca a dos los nueve tipos de centros penitenciarios que coexisten en la actualidad, lo que conllevaría incrementos salarios. También exigen que el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias sea incluido en el grupo B del funcionariado -en vez del C 1, como en la actualidad- atendiendo a la cualificación académica que se exige para poder optar a una plaza y que el nivel mínimo se eleve del 15 al 17 para equiparar así a estos empleados públicos con policías nacionales y guardias civiles.
Igualmente, entre las demandas se incluye también la cobertura de las 3.400 vacantes que arrastran los centros penitenciarios en la actualidad como consecuencia de las restricciones presupuestarias aplicadas durante la crisis económica, lo que ha deteriorado las condiciones laborales de la plantilla. A este respecto, un portavoz oficial de Instituciones Penitenciarias recuerda que el pasado año se incorporaron 700 nuevos funcionarios y que este año se ha aprobado otra oferta pública con 900 plazas, con la previsión de que se ocupen durante 2019.
"Cada vez recibimos más instrucciones y hay menos personal. También vemos cómo el resto de cuerpos avanza y nosotros seguimos siendo los grandes olvidados del Ministerio [del Interior]. Además de plantilla, falta formación, información sobre nuestro trabajo y apoyo de la Administración...", resume un funcionario a este diario.
Los sindicatos dicen que el secretario de Instituciones Penitenciarios está "deslegitimado" y que sólo Grande-Marlaska puede reconducir la situación
Los sindicatos consideran que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, está "absolutamente deslegitimado" para seguir negociando después de que el pasado 25 de septiembre "pusiera encima de la mesa" 122 millones de euros como punto de partida para la reclasificación de los centros penitenciarios (de nueve a tres) y tres días después retirara la propuesta al no tener autorización de la Secretaría de Estado de Presupuestos. Según los sindicatos, esa partida habría permitido aplicar subidas de 375 euros para los funcionarios de Interior y de 420 euros para los trabajadores de instituciones penitenciarias.
Frente a esta lectura, fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que lo que se presentó en dicho encuentro fue un "estudio técnico de una posible reclasificación" antes de elevarlo a Función Pública, al tiempo que negaron que fuera una "oferta en firme" como han interpretado las organizaciones sindicales.
Sea como fuere, fuentes de ACAIP consideran que el único que puede "desbloquear" ya esta situación es el propio ministro Grande-Marlaska, que se enfrenta a su primer conflicto laboral serio desde que asumió las riendas de Interior a principios del pasado mes de junio tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
"Discriminación clara"
Las fuentes consideran que el colectivo sufre una "discriminación clara" con otros colectivos dependientes del Ministerio del Interior que sí han visto atendidas sus reivindicaciones, caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Éstos comenzarán a notar el acuerdo de equiparación salarial este mismo mes tras el acuerdo alcanzado en marzo por los sindicatos policiales y asociaciones profesionales con el equipo de Juan Ignacio Zoido.
"Nos sentimos engañados por todos. El PSOE promovió una iniciativa con nuestra tabla reivindicativa y ahora mira hacia otro lado y no nos dan ni cita cuando les llamamos. Tampoco Podemos. El único que no nos ha engañado ha sido el PP, que no ha cambiado de postura", explican las fuentes.