El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado el próximo 5 de noviembre el Pleno donde se revisará el criterio jurisprudencial de la Sección Segunda que supuso un varapalo a la banca, según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente.
Esta decisión ha sido adoptada después de que el presidente del Alto Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, haya convocado este lunes en una reunión a Díez-Picazo, y los firmantes de la sentencia que dictaminó que las entidades bancarias son las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.
En un comunicado, el presidente de lo Contencioso trata de defenderse y sostiene que la avocación a Pleno de los asuntos pendientes similares al citado fallo "parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en derecho proceda".
En dicha nota de prensa, consensuada tras la celebración de la reunión, se destaca que “los magistrados integrados en la Sección Segunda de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo y el presidente de dicha sección han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.
Pleno por la "enorme repercusión social"
No obstante, el fallo que afecta a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid es firme y contra él no cabe revocación o revisión alguna.
En una decisión tan insólita como polémica, veinticuatro horas después de notificarse la sentencia, Díez Picazo acordó “dejar sin efecto” todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes similares y avocar a Pleno los mismos ante el “giro radical” que suponía ese fallo en la jurisprudencia del Supremo y habida cuenta de “la enorme repercusión económica y social” de la sentencia.
Tal y como avanzó este medio, el presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal se ha sentido traicionado por los magistrados de su Sala –especialmente por el presidente de la Sección Segunda, Nicolás Maurandi- a los que ha acusado de “desleales” por haberle “ocultado” que iban a acordar un cambio de jurisprudencia en un asunto de gran trascendencia para la banca y los consumidores. El presidente conoció el sentido de dicha resolución judicial por los medios de comunicación si bien si estaba al tanto de la existencia de dicho recurso.
Bochorno en el Supremo
Lo cierto es que la actuación del presidente Díez-Picazo ha supuesto un escándalo social que mantiene muy preocupada a toda su Sala y abochornados a muchos miembros del Supremo. “La rapidez con la que salió en defensa de los intereses del sector bancario –dejando en manos del Pleno la confirmación o revocación de un criterio jurídico firme- ha supuesto un grave menoscabo para la imagen de independencia del Tribunal Supremo”, subraya otro miembro del Alto Tribunal en referencia a Luis María Díez-Picazo.
“Con la inmediatez con la que el presidente ha querido desautorizar a la Sección Segunda parece que el Supremo se va a plegar ahora a los intereses de la banca”, recalca un miembro de la Sala Tercera. “Este proceder devalúa la seriedad de las decisiones judiciales y deja entrever que en vez de a criterios exclusivamente jurídicos se atienen a lo conveniente. Es terrible”, lamenta otro magistrado del Supremo.
“Luis nunca ha tenido autoridad en la Sala ni la ha gestionado bien. Lo colocó Lesmes aquí para cargarse a Sieira y tener controlada a la que era su Sala para evitar sustos con las decisiones adoptadas por el Consejo y el Gobierno”, apunta otro juez que recuerda las maniobras que promovió el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para evitar la reelección del magistrado José Manuel Siera como presidente de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal. Fue la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces no prorrogó a un presidente de Sala del Alto Tribunal y supuso uno de los primeros ‘incendios’ de la ‘era Lesmes’ ya que jueces progresistas llegaron a denunciar hasta en la ONU la maniobra del todavía presidente del Poder Judicial.
La dimisión de Díez Picazo
Lo cierto es que durante todo el fin de semana, los teléfonos de los treinta magistrados que componen la Sala de lo Contencioso del Supremo han estado echando humo. Los apoyos que el presidente mantiene en su Sala son mínimos. La presidencia de Díez- Picazo está ya entredicho pese a los intentos de Lesmes de salvarlo.
Por su parte, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha exigido este lunes la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera. “No existen precedentes de esta insólita actuación Díez-Picazo: si quería hacer uso de los artículos 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la sentencia. De lo contrario se enfrenta a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable”.
Jueces y Juezas para la Democracia considera que el presidente de la Sala Tercera “ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”.
Por su parte, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria han lamentado la "confusión" generada por Díez Picazo que "no contribuye a la imagen del Poder Judicial".
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