La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha rechazado la reclamación presentada por la familia Franco para recursar a la instructora del expediente que gestiona la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
En un escrito firmado por la propia Delgado, y que ya ha recibido el equipo legal que asesora a los nietos de Franco, se desestima la resolución de recusación presentada contra Cristina Latorre, subsecretaria de Justicia, para apartarla del caso.
La resolución afirma que para recusar a Latorra hace falta acreditar "interés propio, particular, individualizado y directo", algo "que no se ha hecho" por lo que puede "concluirse que no concurre en la instructora interés personal alguno". La decisión, además, es definitiva y no deja lugar al recurso.
En su escrito de alegaciones al proyecto con el que el Ejecutivo pretende llevar a cabo la exhumación, la familia pide apartar a Cristina Latorre Sancho -subsecretaria del Ministerio de Justicia desde el pasado 18 de junio- como instructora del procedimiento al apreciar que concurre una de las causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: “Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél”, algo que descarta la resolución.
"No es neutral"
La familia Franco defiende que la subsecretaria de Justicia “no es neutral” sino un órgano “de carácter político” que depende jerárquicamente de la ministra de Justicia y a la que está adscrita la Dirección General para la Memoria Histórica. Los nietos no pasan por alto el hecho de que Latorre -diplomática desde 1991 y representante permanente adjunta de España en la OCDE cuando fue elegida por Dolores Delgado para incorporarse a su equipo- hubiera sido secretaria general y vicesecretaria general de Presidencia del Gobierno en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.
También la Fundación Nacional Francisco Franco ha instado formalmente la recusación de la instructora, al entender que el hecho de que sea una “persona de máxima confianza” de la titular de Justicia es una “muestra inequívoca de desviación de poder”.
Según el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto, los familiares del dictador podían presentar alegaciones a la decisión de exhumación y detallar el destino que quieran darle a los restos mortales de Franco, aportando en dicho plazo los documentos y autorizaciones preceptivas. “En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura”, prevé el citado texto.
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