Las bombas que dividen al Gobierno se entregaron a Arabia hace un mes

Unos convoyes militares partieron hace un mes de instalaciones militares del Ejército del Aire en Aragón con las 400 bombas de precisión láser que ya se encuentran en Arabia. A finales de septiembre se trasladaron en 18 tráileres y 36 contenedores desde Zaragoza al puerto de Santander, donde embarcaron hacia Arabia, según han confirmado fuentes de Defensa a El Independiente. Tras la rectificación del Gobierno al intento de la ministra Margarita Robles de paralizar la venta, las armas salieron por mar rumbo a la dictadura saudí para ser utilizadas en el conflicto bélico de Yemen. Una vez entregadas, las peticiones de partidos políticos como Unidos Podemos o PDeCat de suspender el contrato resultan inviables.

Este martes, el PSOE ha rechazado sumarse a una proposición presentada por sus socios de la moción de censura (a excepción del PNV) en la comisión de Defensa en la que se reclamaba poner fin a la venta de armas a Arabia Saudí, siguiendo los pasos de Alemania.

Diez días después del envío, un bombardeo de la coalición prosaudí contra rebeldes chiíes en Yemen mató a 17 personas en el puerto de Hodeida de la región Gabal Ras, según informó Associated Press. Hodeida, el puerto por donde llega la ayuda humanitaria, se ha convertido en el centro del conflicto en Yemen, que se ha cobrado 10.000 vidas desde 2015 y que ha causado la peor crisis humanitaria actual en el mundo según la ONU.

El 13 de septiembre, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ratificó la venta de las 400 bombas de precisión a Arabia Saudí tras estudiar el envío durante una semana y no detectar “ninguna irregularidad” en el contrato firmado en 2015 por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Se imponía así el criterio de una parte del Gobierno, liderado por la vicepresidenta, Carmen Calvo, frente a otro encabezado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la necesidad de anular un contrato en el que se habían detectado ciertas irregularidades.

La presión de un sector del Ejecutivo y del PSOE andaluz hicieron que el presidente se decantara por mantener el acuerdo armamentístico para no poner en peligro el encargo de cinco corbetas a Navantia por valor de 1.800 millones de euros que garantizan 6.000 puestos de trabajo en el astillero de San Fernando hasta 2022. Por su parte, la ministra de Defensa alegaba que esas bombas de precisión se podrían utilizar para bombardear Yemen “contra población civil”, como ocurrió en el ataque contra un autobús con niños en ese país a primeros de agosto. Fuentes conocedoras de la crisis diplomática que generó la anulación del contrato aseguran que se cerró de forma irregular y sin ninguna transparencia por el ex ministro del PP Pedro Morenés.

Las autoridades saudíes consideraron esa decisión como una forma de cuestionar su actuación en Yemen por parte del Gobierno de España, que creó un gabinete de crisis para evitar represalias diplomáticas y económicas. Coordinados por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y con especial protagonismo de Josep Borrell, los ministerios de Defensa, Exteriores y Comercio desplegaron una intensa actividad para evitar que Arabia rompiera sus encargos navales en Cádiz y Ferrol. Finalmente, la ministra rectificó y el propio presidente del Gobierno avaló la venta de las bombas.

Tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado árabe en Estambul y la decisión de Alemania de no vender más armas al país wahabí hasta que se aclaren las circunstancias de esa muerte, Podemos presiona al presidente del Gobierno para que también rompa relaciones comerciales con Arabia. “Lo que llevamos tanto tiempo diciendo desde Unidos Podemos ahora lo dice también Alemania: los países de la UE deben dejar de vender armas al régimen saudí. El miércoles le exigiré una vez más al presidente del Gobierno que nuestro país cumpla con este mandato ético y democrático”, ha explicado Iglesias en la red social Twitter.

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Lo que llevamos tanto tiempo diciendo desde Unidos Podemos ahora lo dice también Alemania: los países de la UE deben dejar de vender armas al régimen saudí. El miércoles le exigiré una vez más al presidente del Gobierno que nuestro país cumpla con este mandato ético y democrático pic.twitter.com/2z0nxu1gkM

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 22, 2018

Sánchez comparecerá este miércoles en el Congreso a petición de Unidos Podemos para dar explicaciones sobre “la autorización de exportación de armamento a Arabia Saudí". En ese debate, Iglesias pedirá al presidente del Gobierno que siga el ejemplo de Alemania y anule la venta de 400 bombas de precisión láser del ejército español, devuelva los 9,2 millones de euros abonados por este material y deje sin efecto el contrato firmado entre España y el país saudí en enero de 2015, algo inviable tras su entrega.

El asesinato del periodista saudí y la llamada de Angela Merkel a romper relaciones comerciales con Arabia hasta que se esclarezca ese crimen sitúan al Gobierno otra vez en esa incómoda tesitura. Para salir de ella en el caso de que hubiera que romper relaciones comerciales con Arabia, Podemos y PSOE cuentan con la promesa de un plan de reindustrialización de la bahía de Cádiz valorado en 20 millones de euros que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado pactados por el Gobierno y Unidos Podemos si finalmente se aprueban.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez diseña un protocolo para la venta de armamento y material de defensa a otros países con el objetivo de evitar fiascos como ese intento de cancelación del contrato de las bombas. El protocolo establecerá las condiciones del comercio internacional de España en materia de Defensa y desarrollará normativamente el compromiso electoral del PSOE en esta materia, que consiste en “cumplir estrictamente las previsiones de la ley sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”.

La campaña de las elecciones andaluzas podría saltar por los aires si el Gobierno vuelve a poner en riesgo el contrato de Navantia. Así lo advierten los trabajadores de los astilleros, que se movilizarán contra los socialistas. "Digo lo mismo que dijimos entonces: si en algún momento el contrato peligra, los trabajadores responderán de inmediato, hay en juego muchos puestos de trabajo para la Bahía de Cádiz", advirtió ayer el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta. "Entendemos que las violaciones de los derechos humanos no le gustan a nadie, pero nosotros vendemos barcos militares desde hace 300 años, es nuestro pan, lo que nos da de comer", insistió.