Nuevas pruebas en la trama Púnica. El ex socio de Francisco Granados, David Marjaliza, ha aportado documentación al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción que demuestra las ‘mordidas’ de 6.000 euros por vivienda pública amañada que presuntamente cobró el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid, líder de esta red de corrupción.

En junio del año 2015, Marjaliza decidió colaborar con la Justicia y relatar las actividades ilícitas que llevó a cabo durante años con su ex amigo Granados. En su primera gran confesión ante los investigadores de Púnica, sostuvo que el que ex dirigente popular, durante su etapa como alcalde de Valdemoro, cobraba una comisión ilegal de entre “3.000 y 6.000 euros” euros por cada vivienda pública adjudicada. Tres años y medio después aquella revelación su defensa ha aportado casi 2.000 folios de documentación con pruebas que ponen de relieve la veracidad de su testimonio.

La citada documentación, que obra en poder de El Independiente, recoge los correos electrónicos que le remitió el directivo de la sociedad Obrum, Antonio Martín, en septiembre de 2006 a Marjaliza con varios “temas pendientes”. En total, 15 cuestiones que ambos investigados de Púnica debían tratar de forma urgente, entre ellos la adjudicación de unas parcelas en Getafe y otras en Móstoles por las que se pagaría una ‘mordida’ de 6.000 euros por cada vivienda amañada.

Asimismo, en el citado ‘mail’ se muestra el “listado de gestión comercial” donde se reflejan  los porcentajes de comisiones ilegales que había que abonar para poder acceder a las mismas. Un 2 por ciento en las obras de Raso de Aranjuez; un 2 por ciento en la empresa pública de gestión del suelo madrileño Arpegio; un 6 por ciento para construir un polideportivo en Boadilla del Monte, etc.

Correos electrónicos proporcionados por David Marjaliza.

Además, en otro correo aportado a la Audiencia Nacional, también aparece reflejada la cuantía de 6.000 euros –un millón de las antiguas pesetas- a cambio de la adjudicación de obra pública obtenida por Obrum, mercantil vinculada al ex socio de Granados.

Vivienda protegida

Nuevamente el imputado Antonio Martín le explica al constructor de Valdemoro que tienen que pagar para “un lote de 24 -25 parcelas” en Móstoles “6.000 euros por vivienda” e idéntica cuantía por conseguir la adjudicación de 15-16 viviendas en Buenavista, en Getafe. Se trataban de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid, en algunos casos de Viviendas de Protección Pública Libre (VPPL) y en otros Viviendas de Protección Pública Básica (VPPB).

El instructor de la trama Púnica y Anticorrupción investigan "a raíz de las declaraciones iniciales de David Marjaliza" el pago de "comisiones por contratistas y promotores" para acceder a decenas de adjudicaciones en la Comunidad de Madrid. 'Mordidas' millonarias que habrían enriquecido a los cabecillas de la trama.

Los investigadores creen que el ex consejero Francisco Granados ha sido receptor de comisiones ilegales “tanto en efectivo como en especie” por valor de varios millones de euros y que se valió de diferentes “mecanismos para tratar de ocultar estas ganancias ilícitas como el uso de mecanismos de compensación para expatriar dinero” o “el uso de terceras personas para titular sus participaciones societarias”.

Correos electrónicos proporcionados por David Marjaliza.

Sin ir más lejos, el confesor de Púnica detalló que parte de los doce millones de euros que dio en ‘mordidas’ a Granados y el ex alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, también se tradujeron en “bienes” como regalos, escopetas, cacerías, viajes, fiestas, etc- y en “atenciones” para sus círculos de confianza.

No en vano, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha aportado en los últimos cuatro años diversos informes a la causa relatando los presuntos sobornos recibidos por Francisco Granados entre los que se encuentra el pago de unas vacaciones de lujo en Ibiza, la construcción de una vivienda de lujo en Valdemoro, de una finca de 84 hectáreas en Ávila, de un chalet en Marbella, etc.

En el caso Púnica se investigan, entre otros, delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.