El Gobierno de Pedro Sánchez intenta frenar la controversia creada por las palabras del presidente del Gobierno el miércoles y de su vicepresidenta el jueves sugiriendo que lo ocurrido en Cataluña no se enmarca en el tipo del delito de rebelión. En plena elaboración de las calificación de sus acusaciones por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para la apertura del juicio oral sobre el procés, los dos máximos responsables del Gobierno hicieron una reflexión que cuadraba con el "gesto" que pedían los diputados independentistas en el Congreso para exonerar a sus compañeros encarcelados del delito de rebelión a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado.
La celebración de ese gesto por parte de PDeCAT y ERC, así como las críticas surgidas entre los partidos de la oposición y el propio Tribunal Supremo, han llevado al Ejecutivo a intentar poner freno a la polémica. Con este objetivo, la ministra portavoz, Isabel Celáa, ha negado que las palabras de Sánchez y Calvo intentaran "marcar el paso" al tribunal del procés ni contentar a los independentistas.
"El Gobierno no entra para nada en el poder judicial ni en la Fiscalía. El Gobierno está a la espera de conocer las calificaciones que pueda hacer la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Fiscalía no recibe ningún tipo de instrucción del Gobierno, es autónoma e imparcial en sus decisiones en defensa de la ciudadanía. Y la Abogacía trabaja con criterios exclusivamente jurídicos", ha asegurado tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros este viernes en Sevilla.
Celáa ha asegurado que el Ejecutivo no tiene intención de modificar el delito de rebelión, como propugnó Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, y ha enmarcado en la "cuestión subjetiva" el grado de ofensa que los jueces del Supremo puedan sentir con las palabras del presidente del Gobierno y su vicepresidenta sobre si ha existido rebelión o no en Cataluña. "Hay gente que se siente más vulnerable u ofendida. El Gobierno no hablaba para nada del poder judicial ni pensaba orientarle a ninguna parte. Lo del presidente el miércoles era una comparecencia política. Todo el mundo es libre para tener sentimientos y expresarlos, pero no ha habido ningún tipo de presión", ha asegurado.
"El Gobierno no marca el paso a nadie y si los tribunales son independientes no tienen por qué alterar su paso", ha insistido Celáa, que ha instado a ver el resultado del juicio "para marzo o abril". Tras ser insistentemente preguntada al respecto, la ministra también ha negado que esas declaraciones hayan sido el "gesto" que reclaman los independentistas para negociar los Presupuestos. "No necesitamos hacer ese gesto, conocen los independentistas perfectamente que el Gobierno no entra a determinar ni incidir ni impactar en las decisiones que pueda tomar el poder judicial", ha zanjado.
"Saque sus zarpas de la Justicia"
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "saque las zarpas" de la Justicia y no intente torcer la "voluntad del poder judicial" sobre Cataluña con presiones.
En la presentación de una proposición de ley de Mecenazgo en el Museo Lázaro Galdiano, Rivera ha pedido a Sánchez que "deje de hacer de abogado defensor de Junqueras y de promover indultos para los presos del procés porque esa injerencia "es intolerable".
"Basta ya de humillaciones al pueblo español, bastante nos humillaron los golpistas, como para que el presidente del Gobierno intente cambiar el criterio de los jueces", ha insistido Rivera al acusar a Sánchez de querer cambiar el criterio de éstos, "minimizar las penas" y hacer de abogado defensor de los golpistas.
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