El Supremo da por hecho que la Abogacía del Estado no acusará por rebelión

Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dan por hecho que la Abogacía del Estado no acusará por rebelión a los líderes del procés, lo que interpretan como un gesto claro del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el independentismo catalán con el que el presidente sacar adelante los Presupuestos y garantizarse la estabilidad parlamentaria que le permita continuar en el Palacio de la Moncloa hasta 2020.

Después de que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal confirmara este jueves el auto de conclusión del sumario dictado por el juez Pablo Llarena y declarara abierto el juicio oral, las acusaciones -la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acción popular que ejerce VOX- tienen cinco días para calificar los hechos contra los promotores de la declaración unilateral de independencia de Cataluña que tuvo lugar hace un año. El plazo expira el próximo viernes 2 de noviembre y todo apunta a que las acusación públicas apurarán el mismo.

Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente no albergan dudas de que la tipificación de rebelión -uno de los tres delitos apreciados por el instructor Llarena en el auto de procesamiento- no se incluirá finalmente en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado. Las fuentes sospechan incluso que soslayará el de sedición y creen que tan sólo pedirán penas para los líderes del proceso soberanista por malversación al haberse destinado caudales públicos a la consulta ilegal del 1-O.

Las fuentes informantes explican que no es raro que la Abogacía del Estado -que se personó por el perjuicio causado en las arcas públicas de la Generalitat con el desafío independentista- acusara tan sólo por el delito de malversación sino fuera porque Llarena, al resolver un recurso de reforma presentado por las defensas contra la personación del abogado del Estado, Edmundo Val, acordó que el representante del Gobierno podía acusar en esta causa por el resto de delitos que se van a enjuiciar sin tener que limitarse a la malversación.

Orden directa al abogado del Estado

Lo cierto es que el Ejecutivo tiene potestad para dar por escrito orden a la Abogacía del Estado para que defienda una determinada calificación jurídica de los hechos. A diferencia de como ocurre con el Ministerio Fiscal.

El hecho de que el Gobierno no vaya a lograr cambiar, a través de la nueva fiscal general del Estado María José Segarra, que los fiscales del ‘procés’ –Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal- vayan a suavizar su escrito de acusación de cara al juicio oral ha hecho recaer el peso en la posición que adoptar la Abogacía del Estado en el ‘procés’.

La sensación de soledad se ha instaurado en la Sala de Enjuiciamiento del Supremo al igual que la padeció el juez Llarena durante los meses de instrucción, aunque los jueces tienen claro que el Poder Judicial “no entra en ninguna mesa de negociación” ni “es permeable a las presiones” de ningún Ejecutivo.

Por su parte, distintas defensas  del procés consultadas por este medio afirman que la Sala Segunda “no se atreverá de condenarles por rebelión” al ser una cuestión jurídicamente muy discutida y controvertida. Los abogados de los ex responsables del Govern dan por hecho que recibirán condenas por sedición que –dicen- serán anuladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El artículo 545 del Código Penal prevé una pena de entre ocho y diez años de prisión e inhabilitación para los responsables de la sedición, y de hasta 15 años si se tratara de autoridades públicas. En tanto, nuestra legislación sostiene que “los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”. En el caso de un delito de conspiración para la rebelión dicha pena puede verse reducida en uno o dos grados.

Las mismas fuentes apuntan a que si bien el cambio de Gobierno no les ha servido para obtener un cambio de rumbo en la Fiscalía, esperan que la “presión social” propicie un cambio en la Abogacía del Estado y en el futuro una condena más leve o incluso el indulto. En última instancia, quedará Estrasburgo. Europa, aseguran, ya les está dando la razón al rechazar entregar a la justicia española a los huidos del ‘procés’.