El Gobierno desoye al Consejo de Estado y lleva al TC "el ataque injustificado" al Rey en el Parlament

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reprobación al Rey Felipe Vi aprobada en el Parlament de Cataluña, según ha avanzado la ministra portavoz Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros celebrado este viernes en Sevilla.  El Ejecutivo recurrirá por "sentido de Estado", a pesar del dictamen del máximo consejo consultivo del Gobierno, que considera que la declaración del Parlament catalán contra la monarquía no constituye un objeto idóneo para esa impugnación.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez recuerda que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes y mantiene su decisión de recurrir la declaración contra Felipe VI por su actuación tras la consulta ilegal del 1-O. "El Gobierno agradece y respeta la opinión y el trabajo del Consejo de Estado, pero no comparte esa argumentación jurídica, por lo que interpondrá recurso ante el TC impugnando la resolución del Parlament", ha anunciado Celáa.

La ministra ha justificado esta decisión en que la declaración contra la Corona supone, a juicio del Gobierno, un "grave atentado al principio de lealtad institucional y degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Cosntitución consagra", así como una ofensa a la alta magistratura del Estado. Para el Gobierno, aunque sólo sea una declaración política, la manifestación del Parlament es inconstitucional porque pretende iniciar un "proceso unilateral que desemboque en una hipotética república". El Ejecutivo la considera inadmisible además por incluir un "ataque injustificado al Rey, que supone una extralimitación de la Cámara catalana que vulnera la Constitución y el Estatuto.

“Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlament de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado. Este Gobierno tomará las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado”, aseguró Pedro Sánchez hace dos semanas en la red social Twitter, tras la resolución aprobada en el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.

El Gobierno consideró “políticamente inaceptable” esta resolución, que se aprobó con los votos de los comuns, JxCat y ERC –69 votos–, la abstención de la CUP –4– y el rechazo de PP, PSC y Cs –57–. "Es producto de la deriva de los grupos independentistas que, inexplicablemente, han contado con el apoyo de otro grupo parlamentario, en su irresponsabilidad de utilizar las instituciones catalanas para alentar el conflicto y no para servir a los intereses generales de todos los catalanes”, denunció entonces en un comunicado oficial el Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo.

“La extravagancia jurídica de este intento de condena y rechazo de S.M el Rey Felipe VI, que carece de todo fundamento legal y constitucional, no resta gravedad a la actuación protagonizada por los citados grupos”, argumentaba el departamento de la vicepresidenta, que este martes se ratificaba en esta postura en los pasillos del Congreso. Ese día, Calvo anunció que el Consejo de Ministros de daría luz verde el viernes pasado es a su recurso ante el Tribunal Constitucional de la reprobación del rey en el Parlamento de Cataluña, pero finalmente la decisión se retrasó a la espera del informe del Consejo de Estado.

El retraso en la presentación del recurso coincidió el viernes pasado con las dudas jurídicas surgidas sobre la capacidad del TC de enmendar una resolución declarativa, de carácter política, aprobada por una Cámara legalmente constituida, y con los reproches de los socios de Gobierno de Sánchez a esta decisión, que se aparta del diálogo político para acudir a la vía judicial que el presidente del Gobierno ha descartado para Cataluña.

"Es de una lógica remarcable. Como quieres una respuesta política, la llevas a un tribunal. Y así todo, básicamente", reprochó inmediatamente el presidente de la Generalitat, Quim Torra. A su queja se sumaron las de Pablo Iglesias -"No entiendo mucho el recurso. En democracia es legítimo decir que se pueda abolir la monarquía. Al paso que vamos, a lo mejor acabamos en la cárcel por pedirlo"; Alberto Garzón (IU) y Joan Tardá (ERC), entre otros.