El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a iniciar un proceso de negociación con el País Vasco para el traspaso de competencias. El Ejecutivo ha mostrado su intención de analizar cuáles serían esas materias “susceptibles de traspaso” por considerar que se da una suficiente base competencial, “constitucional y estatutaria”. Una vez determinadas cuáles serían las competencias “factibles” de ceder a Euskadi se abriría “la correspondiente negociación”.

De este modo, Sánchez abre la puerta a abordar una de las reclamaciones clave del nacionalismo vasco, que tanto desde el PNV como desde el propio Gobierno vasco le vienen reclamando la cesión de competencias hasta cumplir de modo íntegro el Estatuto de Gernika, de cuya aprobación ayer se cumplieron 39 años. Fijar un calendario de cesión de materias antes de final de año es una de las exigencias que los nacionalistas le han planteado al Gobierno en el ámbito de la negociación presupuestaria que ha iniciado con el PNV.

Prisiones y Seguridad Social quedarían fuera de las materias viables a ceder al País Vasco

El Gobierno vasco ha cuantificado en 27 las materias que restarían para cumplir de modo íntegro el Estatuto de Gernika de 1979. Entre ellas figuran como prioritarias la cesión del régimen económico de la Seguridad Social y la gestión de las prisiones vascas a Euskadi. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio ya avanzó en su última visita al País Vasco que ceder la Seguridad Social no figuraba como una “prioridad” para el Gobierno por las dificultades que acarrearía. A ello se suma lo expresado por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza en una entrevista a ‘El Independiente’ en la que señaló que tampoco la gestión de las cárceles será sencillo, “hay dificultades”. Loza reconoció, en cambio, que al tratarse de una Ley Orgánica debería cumplirse íntegramente, como recuerda el nacionalismo, y que para ello trabajan ya ambos Gobiernos en el resto de materias viables, para “un acuerdo político y técnico”.

Materias "prioritarias"

Ahora el Ejecutivo traslada por escrito, en una respuesta al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, que los cauces de interlocución en esta cuestión están “abiertos” y que está dispuestos a abordar las “materias que sean susceptibles de traspaso”. Una negociación en la que se fijaría en primer lugar cuáles de las materias serían las “prioritarias” por su viabilidad, por el nivel de personal y recursos, así como ajustes competenciales que requerirían. En la respuesta se apunta que el cumplimiento del Estatuto es elevado. También se aclara que existen materias cuyo ejercicio sería casi inmediato al no requerir para su efectividad “especiales medios personales o materiales”. Aclara que el traspaso de funciones y servicios es condición “de pleno ejercicio de las competencias estatutarias transferidas, según su naturaleza, sea necesario e imprescindible”.

Fue el propio lehendakari Iñigo Urkullu quien reconoció que el presidente Sánchez le trasladó que de las 37 materias pendientes que el Gobierno vasco reclama, en torno a una treintena sería “factible” que se cedieran y avanzar así hacia el cumplimento íntegro del Estatuto vasco. Por el momento, los dos Ejecutivos continúan enfrascados en la cesión de dos competencias en materia de infraestructuras. Se trata de la cesión de la titularidad de dos líneas ferroviaria y el tramo vasco de la autopista A-1, un traspaso heredado de tiempos del Gobierno de Rajoy y posteriormente avalado por la Justicia. El primer intento por formalizar la transferencia fracasó al considerar el Gobierno de Urkullu que las condiciones en las que se planteaban no eran las adecuadas.

Esta es sólo una de las cuestiones “previas” que el PNV ha planteado en la negociación presupuestaria ahora en marcha con el Gobierno. Además del calendario competencial, los nacionalistas han exigido al Gobierno que garantice el cumplimiento de los compromisos heredados del PP durante sus negociaciones presupuestarias de 2017 y en especial de 2018. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, recordó a Sánchez el pasado lunes que hasta que no se cumpla el acuerdo presupuestario de 2018 su partido no entrará a negociar las cuentas de 2019.