Los letrados del Senado contradicen al PSOE y avalan el "interés público" de la tesis de Sánchez

La secretaría general del Senado ha avalado el "interés público" de la tesis de Pedro Sánchez y, con ello, la obligada comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión que se va a constituir en la Cámara Alta para que explique las sospechas de plagio de la misma. El informe de los letrados, emitido a petición del Grupo Socialista, que argumentaba que el trabajo de posgrado del jefe del Ejecutivo pertenecía al ámbito de su esfera privada, contradice esta coartada.

Los letrados entienden que "en los supuestos en que asuntos privados tengan una repercusión en la esfera pública, por leve que la repercusión pueda ser, será difícil excluirlos de la posibilidad de ser sometidos al examen de una comisión de investigación", según ha podido saber El Independiente de fuentes de la secretaría general de la Cámara Alta.

Y añaden que el asunto objeto de la comisión de investigación "excede el ámbito más estrictamente privado y por ello resulta difícil afirmar que no estamos ante un asunto que reviste un interés público". Lo es "por el estatus de la persona concernida, que llevó a cabo manifestaciones públicas al respecto, y también por el conocimiento público de la controversia generada por el objeto de la misma". Se trata, recuerdan los letrados, de una cuestión ya planteada en una sesión de control en el Congreso de los Diputados, que ha generado repercusión, al menos, en la Cámaras y en los medios de comunicación.

De rechazar la comisión se podría "incurrir en la vulneración de un derecho fundamental de los senadores"

Incluso aunque la cuestión fuera dudosa "se debe aplicar un principio en favor de la admisión de la iniciativa", aducen. El artículo 76.1 de la Constitución faculta a Congreso y Senado a constituir comisiones de investigación sobre cualquier asunto de "interés público". La matización fue objeto de debate durante el proceso constituyente por lo que se interpreta que su voluntad "fue la exclusión de los asuntos que pudieran tener un carácter estrictamente privado", esto es, "aquellos que no tengan la más mínima relación con la esfera de lo público" protegidos por derechos fundamentales como a la intimidad personal o familiar.

Muy al contrario, los técnicos entienden que el objeto de la solicitud de la comisión e investigación "se refiere a un asunto de interés público". Así, verificado el cumplimiento de los requisitos formales de la petición que PP y una senadora del Grupo Mixto presentaron el pasado 11 de octubre, que fue debatida en la reunión de la mesa del Senado cinco días después, ésta tendría que admitir a trámite la iniciativa, y advierten, según los mismos medios consultados, que su inadmisión "podría incurrir en la vulneración de un derecho fundamental de los senadores autores de la misma".

El Pleno del Senado del 7 de noviembre aprobará la constitución de la comisión con la mayoría absoluta del PP

Recuerdan también los letrados la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en relación a las potestades de las mesas de las Cámaras a la hora de verificar la regularidad jurídica, viabilidad y cumplimiento de los requisitos formales y no entrar en criterios de oportunidad política "ni sustituir el debate que corresponde realizar a los órganos funcionales de la Cámara".

En definitiva, todo un triunfo para los senadores populares, que solicitaron la comparecencia en pleno del presidente del Gobierno el pasado martes y que se negó acudir alegando precisamente que esta era una cuestión personal que no atañía a su ejecución política. La petición de una comisión de investigación no entraba de hecho en los planes iniciales del PP, aunque la iniciativa no sólo está cursada sino que ha recibido el plácet de los servicios jurídicos de la Cámara Alta.

Posible "plantón" del resto de los Grupos

El Pleno del Senado del 7 de noviembre aprobará la constitución definitiva de la comisión con la mayoría absoluta del PP más algún miembro del Grupo Mixto y, a partir de ese momento, se pedirá desde la mesa que cada partido con representación parlamentaria designe a sus representantes, para lo que tienen un plazo de unos 15 días. Otra cosa es que el resto de los grupos sigan el mismo camino de la comisión que investiga la financiación de los partidos. Decidieron no participar de la misma, por lo que no es descartable que esta vez hagan lo mismo.