El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz trata de impulsar el esclarecimiento de un asesinato cometido por ETA hace 38 años ordenando la práctica de diversas diligencias con las que intenta identificar al pistolero de la banda que apretó el gatillo y a las dos personas que le acompañaban cuando se llevaron de su domicilio al ingeniero técnico vitoriano José Ignacio Ustaran Ramírez, apenas una hora antes de que éste apareciera muerto en el interior de su vehículo con un tiro en la frente. Éste es uno de los cerca de 400 casos que, décadas después, sigue sin aclararse.
En una providencia fechada este jueves, a la que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional accede a la petición de la familia Ustaran Muela y ordena a la Guardia Civil que elabore un listado con los nombres de los hombres y mujeres que hubieran podido formar parte de un comando operativo en Vitoria a principios de los años 80, a fin de citar a la viuda de esta víctima de ETA a un reconocimiento fotográfico en sede judicial por si pudiera identificar a los responsables de esta acción terrorista.
Charo Muela Velasco fue testigo de cómo se llevaron a José Ignacio Ustaran, su esposo y padre de sus cuatro hijos, en la noche del 29 de septiembre de 1980. "Eran las nueve. Una chica con un paquete de regalo llamó a la puerta, le abrí y me preguntó que si estaba mi marido. Le dije que sí e inmediatamente sacó una pistola y aparecieron dos hombres también armados que estaban ocultos en el tramo de escaleras. Entraron en el despacho, que estaba junto a la vivienda, y a los niños y a mí nos mandaron a la cocina. Al rato se lo llevaron", relata la viuda.
Cuando el 6 de noviembre de 1980 le tomó declaración el juez de Vitoria que abrió el caso, Muela aportó detalles precisos de los tres etarras que se presentaron en la planta cuarta del número 34 de la vitoriana avenida de Gasteiz, donde vivía y tenía su despacho Ustaran (41 años). La joven que llamó a la puerta tenía entre 18 y 20 años, medía en torno a 1,65 metros, vestía pantalón oscuro y cazadora clara y llevaba el pelo recogido con un pañuelo de color beige.
En cuanto a los hombres que acompañaban a la chica, uno tenía de 20 a 22 años, su estatura aproximada era de 1,76 metros, su pelo era de color castaño oscuro y algo rizado, llevaba gafas con monturas metálica y vestía aquella noche un chubasquero azul marino. El otro podría rondar los 30 años, medía 1,80 metros, tenía abundante pelo de color negro, cejas pobladas, con chubasquero azul y voz fuerte y tono autoritario. Los tres iban a cara descubierta.
El juez pide a la Guardia Civil un listado con los nombres de quienes pudieron formar parte del comando operativo a principios de los 80 en Vitoria, donde mataron a Ustaran
"En el sumario consta el tipo de pistola que se pudo emplear, las balas… Yo vi muchos álbumes de fotos que me exhibió la Policía y, si bien no pude decir con exactitud si era tal o cual persona, sí describí la fisonomía y quién se parecía a los que se llevaron a mi marido. Los vi durante 20 minutos cara a cara y en el sumario no aparecen todos los detalles que yo di. Nadie se ha puesto en contacto en este tiempo”, critica Charo Muela.
Pedraz también requiere a la Guardia Civil para que le comunique si, entre la abundante documentación que el Ministerio del Interior francés entregó en febrero a España relativa de su archivo policial y judicial sobre ETA, hay papeles referidos al periodo 1980-1981 en la provincia de Álava que pudieran ayudar a "esclarecer" los hechos que él investiga. José Ignacio Ustaran fue blanco de la rama político-militar (ETApm) por su condición de miembro de la comisión ejecutiva provincial de Unión de Centro Democrático (UCD), el partido entonces en el Gobierno de la nación y al que representaba su mujer como concejal en el Ayuntamiento de Vitoria.
La práctica de estas diligencias se produce después de que la Sección Primera de la Sala de lo Penal, en un auto fechado el pasado 14 de mayo, accediera a la pretensión de la familia y revocara la resolución por la que el Juzgado Central de Instrucción 1 dio por cerrado el caso el 26 de noviembre de 1983 mientras no aparecieran nuevos indicios que ayudaran al esclarecimiento de los hechos.
La viuda de Ustaran Ramírez, bajo la dirección letrada de Ramón Dávila, instó la reapertura de la causa tras tener acceso al sumario y comprobar que ni el juzgado de Vitoria que inició la investigación ni el juzgado de la Audiencia Nacional que asumió el caso por competencia habían ordenado que se practicara ninguna diligencia para determinar la autoría de este asesinato. De momento, la familia alberga alguna esperanza de conocer quiénes integraban aquel comando que acabó con la vida de su ser querido.
Cuando la Sala de lo Penal ordenó la reapertura del caso también accedió a la petición de la Fiscalía para que se analizaran las muestras de sangre por si el avance científico permite obtener resultados para identificar al autor del asesinato y las dos balas halladas en el interior del coche -un Talbot 150, con matrícula VI-5514-E- "por si coincidieran con las de otros asesinatos cometidos con posterioridad por la banda terrorista". Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos cuando se llevaron a cabo por primera vez.
Pedraz requiere a la Guardia Civil para que aporte posibles documentos del archivo entregado por Francia a España que ayuden a esclarecer este asesinato de 1980
La inspección ocular permitió hallar en el coche dos vainas que se correspondían a cartuchos del 22 Long Rifle fabricados por la firma estadounidense Winchester Repeating Arlis Co., según se detalló en el informe balístico elaborado en su momento por la Policía. También se intervinieron dos balas que, atendiendo a su peso y formato, podrían ser cartuchos del 38 Smith Wesson Special.
En concreto, una bala terminó incrustada en el panel de la puerta trasera izquierda del vehículo -un Talbot 150, con matrícula VI-5514-E, propiedad de la víctima- después de atravesarle el cráneo. El otro proyectil se encontró en el apoya-brazos de la puerta delantera derecha, "junto al armazón de metal". Según la tesis policial, este disparo debió ser anterior al que causó la muerte al ingeniero técnico vitoriano y se produjo por una "acción involuntaria" del terrorista.
A lo que no accede el juez Santiago Pedraz es a que se citen a declarar a varios testigos propuestos por la viuda, caso de los ex ministros del Interior José Barrionuevo (PSOE) y Jaime Mayor Oreja (PP), como había pedido la viuda. Después de que el fiscal haya defendido que no era el momento procesal oportuno para oír estas declaraciones al no tratarse de testigos presenciales, el magistrado ha rechazado llamarlos.
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