Lo que decía Sánchez en la oposición y lo que hace en el Gobierno: de Cataluña a Melilla

"No puedo permitirme ese lujo". Con esta frase, Pedro Sánchez hacía un alarde de sinceridad el miércoles en el Congreso para reconocer que no podía dejar de vender armamento a Arabia Saudí como defendía el programa electoral de PSOE, algunos ministros de su gabinete como Margarita Robles y como le reclamaban sus socios parlamentarios de Unidos Podemos. "Yo defiendo los intereses de España y no miro hacia atrás, sino hacia adelante. Debo conciliar esos intereses desde una posición que otros no entienden porque no la ostentan", se justificaba, mostrando síntomas de un síndrome de la Moncloa prematuro que hace a los presidentes sentirse incomprendidos cuando llevan años gobernando. Con sólo cuatro meses en el poder, el Ejecutivo de Sánchez va quemando etapas a una velocidad de vértigo y empieza a mostrar indicios de ese aislamiento.

Ya instalado en Moncloa, la realidad se impone a las proclamas con las que Sánchez ganó las primarias del PSOE y hace que su discurso gire de forma significativa. De Cataluña a Melilla, la posición del presidente del Gobierno cambiado significativamente en varias materias durante los últimos seis meses. Éstos son algunos ejemplos:

Delito de rebelión

Pedro Sánchez ofreció el miércoles en el Parlamento un retrato sobre lo ocurrido en Cataluña en septiembre y octubre del año pasado muy diferente del que dibujaba cuando estaba en la oposición. "Si no hay altercados públicos, eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. Lo que sucedió el 6 y 7 de septiembre en el Parlament se puede entender como un delito de rebelión", "yo creo que lógicamente lo es", aseguraba en el mes de mayo en una entrevista en Antena 3.

Apenas cinco meses después, el presidente y su vicepresidenta, Carmen Calvo, han defendido lo contrario, asegurando que el delito de rebelión implica el uso de armas. En respuesta al portavoz del PNV, Pedro Sánchez recordó que "en 1994 el señor Trillo, entonces diputado, hizo una propuesta de modificación en la que decía que el delito de rebelión que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares y o por civiles armados a la orden de militares".

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, consolidó este mensaje el jueves en una entrevista en Onda Cero, asegurando que "lo que podemos llamar golpe de estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas". Los máximos responsables del Gobierno lanzaban así el "gesto" encaminado a rebajar las acusaciones a los encarcelados por el procés que los independentistas catalanes reclamaban para sentarse a negociar los futuros Presupuestos Generales del Estado.

Enaltecimiento del terrorismo

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves tramitar la proposición de ley de Unidos Podemos para modificar el Código Penal y revisar o derogar delitos como las injurias a la Corona, la ofensa a sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Lo hizo con los votos de PSOE, Esquerra (ERC), PNV, PDeCAT, Compromís y Unidos Podemos, mientras que PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias votaron en contra.

Durante el debate, el PSOE defendió la necesidad de estudiar esta posible modificación legal porque "en la sociedad existe un debate abierto sobe los límites de la libertad de expresión" y porque en ley hay "imprecisiones" que provocan "titubeos judiciales", como es el caso del artículo 510, que regula los delitos de odio y que "parece excesivo y desproporcionado" y por ello "casi no se aplica".

En marzo de este año, cuando el PSOE todavía estaba en la oposición, votó junto a PP y Ciudadanos en contra de una propuesta muy similar presentada por ERC.  “Para usted, injuriar y calumniar es libertad. Para mí, la libertad es que no me injurien ni me calumnien”, defendió entonces el diputado del PSOE José Andrés Torres Mora. El cambio de criterio se produce ahora porque esta iniciativa forma parte del pacto presupuestario firmado por el Gobierno y Unidos Podemos, en el que se comprometen a revisar el Código Penal para eliminar la "hiperregulación" de algunas conductas, como las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos.

También se da la circunstancia de que el PSOE abre la puerta a despenalizar actitudes como el enaltecimiento del terriorismo, los delitos de odio o las injurias a la Corona mientras propugna la penalización con hasta cuatro años de cárcel de la exaltación del franquismo, a través de una proposición de ley presentada también cuando estaba en la oposición.

Devoluciones en caliente

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió el jueves que se están realizando devoluciones sumarias de migrantes desde Francia a España, en los pasos fronterizos con el País Vasco. "Son unos acontecimientos absolutamente puntuales y van a ser corregidos", respondió al ser preguntado por unas imágenes publicadas por la Radio Televisión Pública Vasca EiTB en las que se ve cómo la Policía francesa realiza 'devoluciones en caliente' en el paso fronterizo de Irún.

No es la primera vez que ocurren. También se devolvieron a Marruecos 55 de los 209 inmigrantes subsaharianos que lograron pasar a Melilla el domingo en un salto a la valla protagonizado por unas 300 personas y que se saldó con un muerto, diecinueve heridos y seis agentes de la Guardia Civil lesionados. Pocos días después de su toma de posesión, el Gobierno entregó a Marruecos de forma inmediata a 27 migrantes de los 602 que saltaron la valla de Melilla sin ser identificados ni permitir su acceso a asistencia letrada ni intérprete, unas devoluciones en caliente que "vulneran el derecho a la petición de asilo o de protección internacional", según afirmaba Pedro Sánchez antes de ser presidente.

"Si el tristemente conocido Jorge Fernández Díaz fue el ministro que sacó a la luz pública la realidad cotidiana de las llamadas devoluciones en caliente, que hasta entonces habían estado en secreto, Marlaska está pasando a ser el ministro que está intentando normalizarlas, darles una apariencia de legalidad a pesar de que son claramente ilegales y sobre esto último no creo que haya mucho más que aclarar", ha lamentado esta semana el presidente de la Asociación Por Derecho de la Infancia (Prodein), José Palazón.

Reforma laboral

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó esta semana que su departamento elaborará un Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI y modificará los aspectos centrales de la reforma del PP, pero que "no se ha hablado de contrarreforma laboral". Dilataba así un cambio normativo que fue central en el discurso de Pedro Sánchez cocntra el Gobierno de Rajoy.

En unas jornadas junto al presidente de la patronal, Juan Rosell, la ministra sólo ofreció vaguedades sobre los planes del Gobierno en esta materia. Por su parte, el presidente de la CEOE señaló durante su intervención que es "imposible" que haya 1,4 millones de convenios colectivos, por lo que considera que deberá haber convenios de empresa donde interese, pero que para las pymes deberá haber un convenio sectorial, ya que si no, "sería imposible". Preguntada por estas declaraciones al finalizar el acto, Valerio ha asegurado que "habrá que ver exactamente qué se acuerda", porque "quizás en algunos momentos es más prioritario el convenio de empresa, pero también deberán regularse los descuelgues y otros aspectos".

Financiación autonómica

Uno de los principales caballos de batalla del PSOE de Pedro Sánchez, con todos sus barones incluidos, contra el Gobierno del PP fue la exigencia de un nuevo modelo de financiación autonómica que el presidente del Gobierno ha descartado elaborar. Poco después de tomar posesión, el 19 de junio, el presidente del Ejecutivo anunció que en esta legislatura no se revisaría. Apenas seis meses antes, le daba un ultimátum a Rajoy para que cambiara ese modelo.

En rueda de prensa en Valencia junto al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, Sánchez reclamó al Gobierno que afrontara un problema que ponía en cuestión el sistema del bienestar en España, que soportan fundamentalmente las comunidades autónomas, responsables de servicios como la educación, la sanidad o la dependencia. “El estado de las autonomías es el estado del bienestar. Por tanto hablamos de cómo financiamos servicios sociales tan importantes para las comunidades”, aseguraba entonces.“Exigimos al Gobierno que cumpla con sus compromisos porque esto es una cuestión de justicia”, reclamó Sánchez a Rajoy.

Elecciones. Quizás sea el cambio de criterio más relevante de Pedro Sánchez una vez que alcanzó el poder. Durante la defensa de la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy, el entonces candidato anunció que convocaría elecciones "cuanto antes", tras un periodo de regeneración y normalización de la vida política nacional. En su primera entrevista como presidente, el 17 de junio en TVE, Sánchez sorprendió a propios y extraños al anunciar que su intención es agotar la legislatura y convocar en 2020. En ello está.