Podemos propone nuevas fórmulas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y rentabilizar su pacto presupuestario con el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de Pablo Iglesias cuestiona estos días la necesidad de aprobar en el Congreso de los Diputados la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el primer trámite para aprobar las cuentas, y presiona al Ejecutivo para que presente unas cuentas con el 1,8% de gasto, aunque el Parlamento no haya dado luz verde a este nivel de deuda.
El plan inicial de Podemos consistía en agosto una ruptura unilateral con Bruselas, pactando con el Gobierno la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria vía decreto ley. Una propuesta en línea con su exigencia histórica de derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución y suprimir la dependencia europea en las cuentas del país. Después de la negativa del Gobierno a ceder en estos puntos, Podemos pasó al plan B, consistente en pactar junto al PSOE una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar la capacidad de veto del Senado para esquivar la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.
El bloqueo PP y Cs a esta reforma en la Mesa del Congreso lleva a Podemos a otro escenario. Los de Iglesias contemplan ahora un plan radicalmente opuesto a la idea inicial: si en agosto proponían quitar a la Unión Europea la potestad para intervenir en la economía doméstica, ahora se muestra partidario de reducir la capacidad del Parlamento español sobre el techo de gasto y dejarlo únicamente en manos del Gobierno y de Bruselas con el fin de agilizar los trámites.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya envió a Bruselas un borrador presupuestario y un cuadro macroeconómico que contemplaba relajar el déficit público al 1,8% del PIB, cinco décimas más que el 1,3% aprobado por el anterior Gobierno. El Gobierno es optimista y considera que obtendrá el visto bueno de la Comisión Europea, aunque han adelantado que que presentarán unos presupuestos con el 1,3% en caso de que la nueva Ley de Estabilidad socialista no salga adelante en el Parlamento.
Pero Podemos trata de marcar al camino en otro sentido. El partido de Iglesias considera que la Ley de Estabilidad es una norma destinada únicamente a las instituciones europeas, y creen que el visto bueno de Bruselas al borrador remitido por el Gobierno daría vía libre a Sánchez para elaborar unos PGE con un 1,8% de gasto, pese a no haber recibido los apoyos en el Congreso. Con este argumento, anima al Ejecutivo a obviar este trámite en el Parlamento y llevar al Congreso las cuentas de 2019 pactadas entre socialistas y morados sin aprobar previamente el marco de deuda.
Dos bloqueos a la Ley de Estabilidad
Y es que el primer paso para aprobar las cuentas de 2019 se ha dado de bruces contra el bloqueo de PP y Ciudadanos. Ambos partidos, con mayoría en la Mesa del Congreso, bloquearon la tramitación de la Ley de Estabilidad pactada entre PSOE y Podemos. Ante esta situación, los socialistas recurrieron a una argucia parlamentaria, incluyendo a última hora una enmienda a una ley sobre la violencia de género que se tramitaba en la Comisión de Justicia, presidida por una diputada socialista, para saltarse así el órgano parlamentario y dar vía libre a la aprobación de la reforma de la Ley de Estabilidad. Finalmente, y tras la polémica creada, la Mesa decidió frenar la enmienda al considerar que la materia no se ajustaba al contenido de la ley a enmendar.
En estos momentos, todas las vías para aprobar el techo de gasto se encuentran bloqueadas. El giro de Ciudadanos respecto a este primer paso para aprobar las cuentas es sólo parcial: los de Albert Rivera han permitido empezar a debatir las enmiendas a la totalidad en una de iniciativas, con el objetivo de que se incluya su enmienda para, en lugar de eliminar el veto al Senado, hacer que el Congreso pueda desbloquear dicho veto mediante una mayoría de 3/5.
Hasta que se lleve a cabo este debate, Ciudadanos continúa prorrogando el plazo de enmiendas parciales a esta ley, y en caso de que el resto de partidos no acepte su reforma, Cs presentará una enmienda parcial para incluir este cambio. Un proceso, en definitiva, que podría dilatarse durante meses.
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