Los líderes del 'procés' promovieron "un levantamiento salpicado por actos de violencia"

“Tras los violentos incidentes acaecidos en los diferentes registros practicados los días 19 y 20 de septiembre, los acusados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, así como los acusados Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, llamaron a la ciudadanía a participar en la jornada del referéndum del 1-0, siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas si se intentaba impedir el cumplimiento del mandato judicial por las fuerzas de orden público. Con ello fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad, con lo que no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia sino que, desde el poder constituido, daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado y de los órganos judiciales por la vía de enfrentar a la población con las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplían con lo ordenado judicialmente, siendo conscientes de que ello comportaba en un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes de violencia y enfrentamiento”.

Así lo afirman los fiscales del ‘procés’ Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena en su escrito de acusación presentado este viernes ante el Tribunal Supremo donde solicitan  25 años de prisión para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y penas de 17 años para ‘los Jordis’ -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- y la ex presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, como jefes del delito de rebelión. Además, en el caso de Junqueras le acusan de malversación de caudales públicos.

Además, Fiscalía pide una pena de 16 años cárcel y 16 de inhabilitación para los ex consellers Joaquim Forn, Raul Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa también por un delito de rebelión.  Por su parte, los ex consellers Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxel Borras se enfrentan a una petición de 7 años por malversación y desobediencia mientras que el resto de acusados -Mireia Boya, Lluis Corominas, Lluis Guinói, Anna Simóm Ramona Barrufet, Josep Joan Nuet- se enfrentan a multas.

A punto de lograr la independencia

A lo largo de 127 folios de un demoledor escrito, la Fiscalía explica que los líderes independentistas “dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia –a la que denominaron el procés- perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola así del Reino de España”.

“La estrategia diseñada se basaba en la actuación convergente de las instituciones catalanas de autogobierno (Parlamento y Gobierno de la Generalitat), de las formaciones políticas independentistas con representación parlamentaria (JUNTS PEL SI y CUP), y de las entidades sociales soberanistas (Asamblea Nacional Catalana-ANC, Omnium Cultural-OC y Asociación de Municipios por la Independencia-AMI), cuyos máximos dirigentes, los acusados Oriol Junqueras, en su condición de Vicepresidente de la Generalitat y presidente de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), Carme Forcadell, en primer término como Presidenta de la ANC y posteriormente como Presidenta del Parlamento, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural respectivamente, en unión de otros procesados huidos acordaron como principales promotores ponerla en práctica mediante la acción combinada y sincronizada”, recalcan los fiscales del Alto Tribunal.

El plan que habían urdido consistía fundamentalmente en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria

De la misma forma, el acusador público subraya que “el plan que habían urdido consistía fundamentalmente en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”.

La violencia necesaria

Y, para lograr la independencia de Cataluña, los líderes del ‘procés’ estaban dispuesto a que hubiera violencia: “Los promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica en el año 2015, y en él contemplaban la utilización de todos los medios que fueran Causa especial  precisos para alcanzar su objetivo, incluida –ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones –como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.

“El plan independentista contemplaba nítidamente la alternativa de la vía unilateral y el llamamiento a la ciudadanía para oponerse a la respuesta del Estado, de manera que ni las normas jurídicas vigentes ni las resoluciones judiciales pudieran ser cumplidas y/o ejecutadas ante la oposición multitudinaria desplegada”, enfatizan los fiscales Cadena, Madrigal, Zaragoza y Moreno.

A lo largo de su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía describe el importante papel que tuvo en el intento de independencia de Cataluña la movilización social que es calificada como “herramienta imprescindible” que “sería canalizada fundamentalmente a través de las entidades ANC y OC, de modo que ante la posible reacción del Estado si la Generalitat fuera «intervenida políticamente y jurídicamente por el Estado español y/o algún partido soberanista ilegalizado», en esos escenarios, como indicaba la hoja de ruta de la ANC, la movilización ciudadana pasaría a ser la principal impulsora del proceso de independencia, de tal manera que la movilización social adquiría así una dimensión extraordinariamente relevante en el desarrollo de todo el proceso, puesto que se convertía en último término en el instrumento coactivo más decisivo y eficaz para doblegar la voluntad del Estado”.

Los líderes del procés fueron “plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos”

El Ministerio Público pone énfasis en que es, a partir del mes de noviembre del 2015 -iniciada la andadura de la XI Legislatura en Cataluña-, cuando el proceso de secesión territorial y de creación de un estado independiente “se acelera mediante la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Resolución I/XI de 9 de Noviembre, punto de partida del permanente ataque a la legalidad democrática y constitucional que los acusados habían planificado y organizado”.

Lenguaje menos conflictivo

“Bajo el manto de términos aparentemente menos conflictivos en el lenguaje político como “unilateralidad” y “desconexión”, en realidad se estaba cristalizando de forma abierta y ostensible una insurrección patente, manifiesta y exteriorizada contra el orden jurídico establecido, perfectamente organizada desde el poder constituido de la Comunidad autónoma, completamente al margen de las vías legales, para eludir la aplicación de las leyes vigentes e impedir el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional”, añaden.

Un intento de independencia que vivió su máxima tensión social el 1 de Octubre, día de celebración del referéndum ilegal. Los fiscales sostienen que los líderes del procés fueron “plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos” y aún así  “hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos –mediante entrevistas, en actos públicos y a través de las redes sociales- a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar, para proteger los centros de votación y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral”.

“Como quiera que la celebración de la jornada del 1-0 era pieza esencial en el proceso de declaración de independencia, puesto que era un trámite imprescindible para legitimar la citada declaración según la ley 19/2017 del referéndum de autodeterminación aprobada y publicada tres semanas antes, los acusados asumieron continuar con la estrategia de incumplir el mandato judicial, quebrantar la legalidad, y celebrar a toda costa la citada jornada valiéndose para ello de la población civil”, apostillan.

Con este escenario, destaca el papel de los mandos de los Mossos d’Esquadra quienes “antepusieron las directrices políticas recibidas del Govern de la Generalitat al cumplimiento de la ley y del mandato judicial que prohibía su realización”.  De hecho, la Fiscalía pide que el ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero sea condenado a 11 años de cárcel como autor de un delito de rebelión al considerar que fue una “pieza clave” en el plan secesionista ideado por el Govern y el Parlament al “impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes” judiciales.

La DUI no fue simbólica

Además, el Ministerio Público dedica parte de su escrito de acusación a explicar por qué la DUI no fue simbólica tal y como defendieron los acusados al enfrentarse en el Supremo a las peticiones de prisión preventiva. “Esta declaración de independencia no era meramente simbólica, ya que las autoridades de la Generalitat tenían preparado –para su aprobación inmediata- todo un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la República, el despliegue de las estructuras administrativas necesarias para el funcionamiento del nuevo estado, y un plan para garantizar que los Mossos d’Esquadra asumiesen la seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio de la Comunidad Autónoma”.

Felipe VI calificó de deslealtad inadmisible el comportamiento de las autoridades de Cataluña, instando a los poderes del Estado al cumplimiento de sus responsabilidades y a garantizar la convivencia democrática"

Y para ese plan preconcebido de destinaron, según el Ministerio Fiscal, fondos públicos de la Generalitat: “en los meses anteriores a la realización del referéndum ilegal, como quiera que el Gobierno de la Generalitat ya había decidido celebrarlo, con o sin anuencia del Estado, comenzaron los preparativos destinando para ello fondos públicos con los que hacer frente a los gastos que su ejecución comportaba (material electoral, campañas de publicidad, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etc.), incluyendo la financiación de actividades que se desarrollaban en el exterior, como la acción del servicio Diplocat para internacionalizar el conflicto y obtener reconocimiento en instancias supranacionales, las campañas de publicidad institucional o las campañas dirigidas a conseguir el voto de los catalanes ubicados en otros países”.

La situación vivida en España y Cataluña fue tan grave que el propio jefe del Estado intervino para reclamar la convivencia democrática. “Ante este levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia, que se estaba desarrollando con el fin de conseguir la secesión de ese territorio autonómico, y considerando la magnitud y gravedad del ataque al orden constitucional que se había producido, el día 3 de octubre, dos días después de la votación, su majestad el Rey de España, Felipe VI, en el legítimo cumplimiento de su función como Jefe del Estado y primer garante del orden constitucional, dirigió un mensaje a la Nación en el que, constatando el quebrantamiento de los principios democráticos de todo Estado de Derecho, la profunda división y fractura que se estaba produciendo en la sociedad catalana, y el enorme riesgo que se había generado para la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España, reclamó de los legítimos poderes del Estado el aseguramiento del orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y del autogobierno en Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”.

Los fiscales, recuerdan, que el propio monarca “calificó de deslealtad inadmisible el comportamiento de las autoridades de Cataluña, instando a los poderes del Estado al cumplimiento de sus responsabilidades y a garantizar la convivencia democrática”.