Caos hipotecario: el Supremo se juega su prestigio en un Pleno que arranca dividido

“Cualquier cosa puede pasar”, afirma un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en conversación con El Independiente. El Pleno, que el presidente Luis María Díez Picazo convocó 24 horas después de que la Sección Segunda sentenciara que son los bancos, y no los clientes, quienes deben asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, arranca con una gran división entre los treinta magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal.

Fuentes de la Sala explican que existe una gran preocupación por la imagen que está dando el tribunal –no se recuerda un escándalo de dicha magnitud- y que se harán grandes esfuerzos porque se dé una respuesta unitaria al problema surgido con la sentencia de las hipotecas. No en vano son varios los magistrados que aludirán en la sesión plenaria a la crisis que se ha vivido en los últimos días en este órgano y al grave daño social que ha provocado en toda la institución la mala gestión del citado asunto hipotecario.

En total, se estudiarán tres recursos similares a los tres ya resueltos a favor de los clientes donde las partes litigantes son la empresa municipal de vivienda de Rivas-Vaciamadrid, el Estado y la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Sala explican que existe una gran preocupación por la imagen que está dando el tribunal

Sin embargo, pese al esfuerzo por el entendimiento, todas las opciones están abiertas y el Pleno se presume largo y complejo. Fuentes del Alto Tribunal consultadas explican que, tal y como desveló este periódico, hay un grupo de magistrados que creen que el asunto nunca debió ser avocado a Pleno y que debe ser devuelto a la Sección Segunda aunque temen que si esta opción sale adelante se desencadene la dimisión de Díez-Picazo; circunstancia que entienden que tampoco ayudaría ahora mismo a mejorar la imagen del Supremo. Nunca en la historia del Alto Tribunal se produjo la dimisión de un presidente de Sala.

Un Pleno mal convocado

Quienes apoyan esta tesis de que el pleno está mal convocado apelan al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que reza que “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia”. En el caso del impuesto de las hipotecas, hay miembros del Supremo que entienden que ni esta cuestión afecta a la Administración de Justicia ni existen resoluciones contradictorias que hagan que el asunto deba ser estudiado por el Pleno.

Como precedente, estudiado por varios magistrados de la Sala, está el auto de enero de 2014 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) donde se devolvió a las Secciones correspondientes una serie de recursos presentados contra la convocatoria para la licitación del contrato de servicios de varios hospitales madrileños. Esta opción es la que colocaría en la situación más delicada a Díez Picazo, sobre quien planea la sombra de la misión. No obstante, aunque nadie duda en la Sala del error cometido por el presidente, varios magistrados lamentan la tesitura en la que se encuentra el catedrático.

Por eso, en las últimas horas ha cogido fuerza otra postura que muchos jueces ven como "la solución menos mala" para el Supremo. O dicho de otra forma, la más beneficiosa para la malograda imagen del tribunal. Se trata de confirmar la sentencia de la Sección presidida por Nicolás Maurandi pero devolver el asunto a la misma alegando que el Pleno no tiene nada que “clarificar” o “añadir” a la misma.

Confirmar la sentencia

Por otro lado, otro grupo de magistrados sostendrán que debe confirmarse el fallo, mantener la sentencia en vigor, pero limitando la retroactividad a los últimos cuatro años o a la fecha de la notificación de la misma, es decir, al 18 de octubre. En esto también hay planteamientos distintos ya que hay togados que creen que determinar esta cuestión es competencia de la jurisdicción civil en vez de la contenciosa administrativa.

Incluso los miembros que integran la Sección Segunda del tribunal están divididos en la actualidad

Sin embargo,  también hay miembros de la Sala Tercera -un grupo de unos siete u ocho jueces- que entienden que se debe volver a la doctrina jurisprudencial anterior a dicha sentencia y que, aunque el fallo del Supremo ha anulado un decreto, la Ley da margen para volver al dictamen previo a las tres sentencias de la Sección Segunda donde se dio la razón al consumidor frente a la banca. El motivo es que el texto de la Ley del Impuesto de actor jurídicos documentados dice que el sujeto pasivo es el adquiriente por lo que defienden que eso es bastante para entender que el obligado al pago es el prestatario, es decir, el que recibe el dinero y adquiere su propiedad.

Con este escenario tan fragmentado, no es de extrañar que la división existente se haya producido incluso en los miembros que integran la Sección Segunda del tribunal. Dentro de los firmantes de la propia resolución que hizo perder 6000 millones a la banca en un día en Bolsa existen también opiniones dispares sobre qué se debe hacer ahora.  Desde confirmar la doctrina actual hasta a volver a la anterior. Han sido designados ponentes de dichos asuntos los magistrados Nicolás Maurandi y José Navarro.

Mientras Navarro va a proponer que el Pleno ratifique las sentencias de la Sección Segunda al no existir "giro jurisprudencial", el magistrado Maurandi quiere entrar en el fondo del asunto y poner límite el alcance de las mencionadas resoluciones.