La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díaz Picazo, por su "gestión pésima" del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de "bochornosa".
Así lo ha dicho Enrique García, portavoz del Organismo, después de conocer que el Tribunal Supremo ha acordado este martes que sea el cliente quien abone el impuesto de AJD vinculados a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
La decisión definitiva del Alto Tribunal ha supuesto una sorpresa en el ámbito financiero y judicial, ya que se esperaba que se mantuviera el criterio expuesto el pasado 18 de octubre, cuando se acordó que fueran los bancos los que asumieran el pago de este impuesto, que oscila entre las distintas comunidades autónomas entre un 0,5 y un 1,5%.
Las dudas parecían limitarse a lo referente a la retroactividad de la medida, el principal temor del sector, ya que en caso de una retroactividad total algunas fuentes estimaban que el coste para la banca podría ascender hasta los 29.300 millones de euros, según cálculos de Gestha.
Sin embargo, el paso atrás del Supremo supone una enmienda a su reciente decisión que ha despertado numerosas críticas y suspicacias desde distintos ámbitos a la actuación judicial.
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