La APM compara el ataque a la casa de Llarena con "las estrellas amarillas con las que se marcaba a los judíos"

Los jóvenes radicales de Arran han vuelto a protagonizar un ataque contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al arrojar pintura amarilla en el portal de uno de sus domicilios, en concreto en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

El empeño de la organización juvenil de la izquierda independentista vinculada a la CUP, ha sido condenada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y comparada con la persecución a la que eran sometidos los judíos durante el holocausto nazi.

"Como las estrellas amarillas con las que se trató de marcar a los judíos, ahora se lanza pintura amarilla para señalar el domicilio de un juez" lo que evidencia "los problemas que en determinados territorios supone aplicar la Constitución y la ley".

A través de un duro comunicado -que comienza rememorando la Noche de los Cristales Rotos- la asociación subraya que "no hemos llegado ni mucho menos a la situación descrita" pero sí es el mismo propósito: "imponer una idea por la fuerza, característica definitoria de todos los regímenes dictatoriales".

No es la primera vez que ocurre algo parecido. El pasado mes de marzo Arran protagonizó otro incidente contra el juez del Supremo, aquella vez frente a la casa que este posee en Das (Girona), con pintadas en el asfalto en las que le acusaban de "fascista".

La organización ha colgado en Twitter un vídeo en el que se puede observar a dos jóvenes encapuchados arrojando pintura amarilla sobre la puerta de la entrada y en el que se muestra en detalle la dirección de Llarena.

La portavos de Arran, Núria Martí, ha justificado la acción porque "la juventud se tiene que dotar de las herramientas que tenga a su alcance para atacar un sistema judicial heredero del franquismo" por lo que atacarán "las veces que haga falta la justicia  españolas y sus herramientas represivas".

"No lo conseguirán". La APM ha defendido que los jueces continuarán "adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a la Constitución sin fisuras" para garantizar, dicen, "nuestro Estado de Derecho" como "fundamento de la convivencia pacífica".