Euskadi tendrá una ley que reconocerá y reparará a las víctimas de torturas o abusos policiales durante el periodo 1979-1999. Una norma que ha suscitado el rechazo de una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo y de los principales sindicatos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza y que han remitido a la Justicia. En realidad, la que hoy ha iniciado su tramitación parlamentaria es la segunda ley, o la primera modificada, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez accediera a retirar el recurso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había presentado ante el Tribunal Constitucional a la ley que ya aprobó la Cámara de Vitoria el 28 de julio de 2016.

El nuevo articulado no ha satisfecho a la mayoría de formaciones, a unas por quedarse corta y a otras por ir demasiado lejos. Tan sólo el Gobierno de Urkullu, los partidos que lo respaldan, el PNV y el PSE, han votado a favor. La posición más crítica la ha mostrado el PP, que ha votado en contra. Tanto Podemos como EH Bildu se han abstenido al considerarla un paso pero muy insuficiente.

Ha sido la izquierda abertzale la que ha expresado una posición más dura contra a revisión de la norma que hoy ha comenzado su andadura hacia el proceso de enmiendas. Lo ha hecho con un alegato en el que ha comparado la actitud que el Estado y los gobiernos con las víctimas del ETA en comparación con la que demuestran con las víctimas “del terrorismo de Estado”. El portavoz de la coalición radical, Julen Arzuaga, ha denunciado que la ley vasca supone en realidad “un salvaconducto” para los torturadores, “a los que, de alguna manera, se les dice que estén tranquilos, que nadie os importunará en vuestra impunidad”.

Torturados sin torturadores

De este modo, el parlamentario de EH Bildu cuestionaba que en la ley no se prevea la identificación directa o denuncia de los autores sino únicamente la reparación de las víctimas. La norma incluya la composición de una Comisión de Valoración que analizará e investigara las posibles denuncias de abusos o torturas que se le remitan, pero salvaguardando la identidad o posible autoría de los mismos: “Habrá torturados pero no torturadores, habrá ejecutores pero los ejecutores estará impunes y cubiertos. Habrá asesinados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pero los asesinos seguirán sueltos, condecorados, recompensados y ascendidos”.

Arzuaga ha llegado incluso a comparar el diferente tratamiento que desde el Estado se brinda a las víctimas de ETA en comparación a las víctimas de abusos policiales. Ha señalado que mientras a unas se les ofrece una expectativa de completo esclarecimiento e incluso “se les pone un fiscal especial para reabrir casos” a los “perpetradores del Estado” se les dan garantías “de que sus causas seguirán cerradas y prescritas”. Ha añadido que con esta ley acordada entre el Gobierno vasco y el Ejecutivo de Sánchez “les ha preocupado más la dignidad de los delincuentes del Estado que la dignidad de las víctimas” y que con ello se ha buscado únicamente “apaciguar y aplacar” a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Habrá asesinados por los CFSE pero los asesinos seguirán sueltos, condecorados, recompensados y ascendidos"

Precisamente ayer representantes sindicales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, así como del PP vasco, se manifestaron en contra de esta ley por considerar que “blanquea” a ETA y por suponer una “injerencia” en la Justicia. Un argumento que también ha empleado hoy el PP para posicionarse en contra de la misma. Su portavoz, Carmelo Barrio, ha asegurado que los problemas de “acomodo constitucional” que ya observaron en la primera norma se mantienen tras la modificación de los artículos que dejó en suspenso el TC. Ha apuntado que en ella se busca fundamentalmente el “descrédito” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, fundamentalmente que se otorga a la comisión de expertos que valorará las denuncias y determinará las víctimas.

Una comisión 'parajudicial'

Así, Barrio ha reconocido que se ha suprimido el término de “esclarecimiento de los hechos” del articulado, pero a lo largo del mismo se mantiene objetivos como la de “acreditar los hechos”, “probarlos”, o “demostrarlos, que viene a ser lo mismo”. Ha recordado que a la comisión se le otorga “un poder parajudicial”, que lo convierte en una suerte de “comisión de la verdad” paralela a la vía judicial. Barrio ha destacado que la Comisión tendrá potestad para reclamar “cualquier medio de prueba” y se convertirá a un órgano administrativo, en uno “propio de la Justicia”.

El PP denuncia la potestad "parajudicial" que se otorga a la comisión que valorará las denuncias de abusos

Desde Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, ha asegurado que la ley en cambio “se queda corta” pese a ser un avance. Ha recordado que estas víctimas de abusos policiales “han estado olvidadas, han resultado casi invisibles” y merecen un reconocimiento y reparación.

Las dos formaciones de Gobierno, el PNV y el PSE, han defendió la Ley por considerar que es necesaria para cubrir una injusticia. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia ha instado a pensar únicamente en las víctimas que sufrieron estos excesos policiales, “sin otra interpretación y veremos que estamos obligados a hacerlo”. Ante las críticas que la ley ha suscitado, Mendia ha señalado que reconocer y reparar a estas víctimas “no es equipararlas” con las del terrorismo de ETA, “no se pueden presentar como dos violencias enfrentadas”. Ha apuntado que la existencia del terrorismo en ningún caso pudo justificar posibles vulneraciones de derechos fundamentales y por ello reconocer y “depurando los errores” del Estado de derecho lo fortalecen.

Por último, el PNV ha recordado que es “necesaria e imprescindible” y que en ningún caso supone una invasión de competencias del poder judicial, ni una vulneración del derecho a la intimidad o a la presunción de inocencia de los posibles responsables, ya que el foco se pone “en las víctimas, las responsabilidades penales de los hechos no constituyen el objeto de la ley”.