Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales que han convocado para el próximo lunes, 19 de noviembre, una huelga para reclamar más independencia judicial, autonomía fiscal y mejores condiciones laborales y salariales han denunciado este viernes que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, trata de "amilanar" a estos colectivos con "advertencias que recuerdan épocas ya superadas" para tratar de evitar que se realice el paro laboral.

Así lo afirman en un comunicado conjunto la Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. A estas afirmaciones no se han adherido ni la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ni la Unión Progresista de Fiscales, a la que se encuentra afiliada Delgado.

Según explican las asociaciones firmantes, en la reunión que tuvo lugar el pasado 12 de noviembre entre representantes de jueces y fiscales y el Ministerio de Justicia, la propia ministra expresó una serie de "advertencias" sobre la participación en la huelga. Según afirmaron fuentes presentes en dicho encuentro, Delgado aseguró que no compartía esta convocatoria -pese a que participó en la que se hizo el pasado mes de mayo contra su antecesor en el cargo, Rafael Catalá- y anunció que las negociaciones sobre las reivindicaciones de los miembros de las carrera judicial y fiscal se podían ver afectadas.

"Cuantas acciones sean necesarias y procedentes"

Para las cinco asociaciones, estas afirmaciones "recuerdan a épocas ya superadas de nuestro país en el que el derecho a huelga no estaba garantizado en la Constitución como derecho fundamental". "Entendemos que no tienen otro fin que amilanar a nuestros colectivos de cara al posible seguimiento de la huelga convocada para el próximo 19 de noviembre", destaca el comunicado.

Ante esto, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente avisan que ejercitarán "cuantas acciones sean necesarias y procedentes" para la defensa de sus intereses profesionales y, sobre todo, para que se reconozca su derecho a la huelga.

Es más, subrayan que este es un derecho constitucional reconocido y que no es una "concesión graciosa" del Gobierno de Pedro Sánchez, "como parece quererse trasmitir desde el Ministerio de Justicia".