El Tribunal de Cuentas lleva acumuladas en lo que va de año actas de liquidación provisional con las que reclama 12,27 millones de euros a cargos e entidades por mala gestión de los recursos públicos, una cantidad que supone un incremento de casi el 50% con relación a todo el ejercicio anterior.

Además de sus informes de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ejerce una función de Enjuiciamiento contable con la que puede exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público. También se ejerce sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público.

Esta función es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas que ahora preside María José de la Fuente, pero es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.

La vía por la que se condenó a Mas

En virtud de esta competencia, esta misma semana se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a varios de sus consejeros de Convergència a reintegrar al Estado casi cinco millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Por estos procedimientos, se han tramitado en los diez primeros meses del año 131 diligencias que han acabado en 16 actas de liquidación positivas reclamando 12.270.782,76 euros, según datos oficiales de la institución a los que ha tenido acceso Europa Press.

Eso sí, aún son provisionales porque todavía falta la sentencia, pero en todo caso ese dinero ya está controlado vía afianzamientos, como en su día le ocurrió a Artur Mas y los demás exconsejeros catalanes.

Crecimiento constante en los últimos tiempos

En todos caso, la cuantía económica de estas actas de liquidación está creciendo exponencialmente pues estos 12,27 millones superan con creces los recaudado en cada uno de los dos últimos ejercicios completos.

Así, en 2016 se instruyeron actas de liquidación por un importe total de 6,57 millones en 36 reclamaciones positivas, y el pasado año ya subió a 8,20 millones en 35 expedientes. En dos años son 14,7 millones, mientras que en este ejercicio ya van 12,27 millones en diez meses, un 49,63% más que en 2017 y un 86,52% más que en todo 2016.