"¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de Franco?"

Pasadas las 14 horas del 23 de noviembre de 1975, instantes antes de que una decena de operarios hiciera descender con cuerdas el féretro hasta el sepulcro habilitado en el presbiterio y sellara la losa de granito de una tonelada y medio de peso que tapa la tumba, el notario mayor del Reino tomó el micrófono y preguntó en medio del silencio de la basílica: "¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos, Don Francisco Franco Bahamonde, el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente, de Madrid, a las seis horas treinta minutos del pasado día veintiuno?".

El ataúd con la momia del dictador no se introdujo en la sepultura hasta que el abad mitrado del monasterio del Valle de los Caídos (Luis María de Lojendio e Irure), a quien Juan Carlos I ordenó que recibiera los restos de Franco para su inhumación, oyó jurar en su presencia que los restos que se encontraban en el interior de la caja eran los del Jefe del Estado fallecido tres días antes. "Sí lo es, lo juro", respondieron por separado Ernesto Sánchez-Galiano Fernández, José Ramón Gavilán y Ponce de León y Fernando Fuertes de Villavicencio -primer y segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Casa Civil de Franco, por este orden- a la pregunta que les acababa de formular el ministro de Justicia, José María Sánchez-Ventura.

"Siendo las catorce horas y diez minutos se procedió a la ceremonia de la inhumación en la tumba sita en el presbiterio, entre el altar mayor y el coro de la basílica. Su Majestad el Rey [Juan Carlos I] se trasladó desde su sitial hasta la sepultura para tributar piadoso homenaje al cadáver de Su Excelencia el Generalísimo", consigna el acta notarial levantado con motivo del traslado y entierro en la iglesia del Valle de los Caídos del cadáver de Franco, cuya exhumación tramita 43 años después el Gobierno de Pedro Sánchez con la oposición de la familia.

El abad mitrado del Valle de los Caídos no autorizó el entierro hasta que se juró que los restos que había en el ataúd eran los del dictador

Sánchez-Ventura fue una de las personas que, a primera hora de la mañana de aquel 23 de noviembre,  presenció "personalmente" cómo se soldó la caja interior de las dos que componían el féretro antes de su traslado a Cuelgamuros. Esa operación se llevó a cabo entre las 8 y las 8.19 horas y -entre otros- tuvo también como testigos a Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde y yerno de Franco; Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz fallecido en 1989; y los doctores Vicente Pozuelo Escudero, Modesto Martínez Piñeiro, Antonio Piga Rivero y Bonifacio Piga Sánchez-Morate, detalla el acta.

Terminados los últimos "turnos de vela" al cadáver con la presencia del presidente del Gobierno (Carlos Arias Navarro) y sus 18 ministros, ocho guardias de la VI Unidad del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia trasladaron a hombros el féretro a las 9.55 horas hasta el túmulo instalado en una plataforma levantada en la Plaza de Oriente, delante del Palacio Real. Fue cinco minutos antes de que llegaran Juan Carlos I y la reina Sofía para presidir las honras fúnebres, oficiadas por el entonces cardenal primado de España y arzobispo de Toledo (Marcelo González Martín).

Una hora después, el ataúd se colocó en un vehículo militar y, rendidos los honores de Ordenanza, se puso en marcha el cortejo fúnebre. La comitiva siguió el siguiente itinerario antes de alcanzar la carretera de La Coruña camino del Valle de los Caídos: Plaza de Oriente, Bailén, Paseo del Pintor Rosales, Paseo de Moret y Arco del Triunfo.

Al milimétrico plan que el Servicio Central de Documentación (SECED) -predecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- había diseñado durante casi dos años con todos los detalles acerca de cómo tendría que llevarse a cabo el entierro del jefe del Estado cuando ocurriera el fallecimiento hubo que incorporársele un anexo en octubre de 1975 por razones de seguridad sobrevenidas. La Jefatura Superior de Policía de Madrid había descubierto la existencia de un comando de ETA en el Hotel Plaza -ubicado en la Plaza de España de Madrid- y en el registro de la habitación de Isidro Garalde Mamarru se había localizado un fusil con mira telescópica, lo que llevó a pensar a los investigadores que el terrorista podría atentar contra el rey el día que la comitiva se trasladara desde la Plaza de Oriente camino del Valle de los Caídos.

El ministro mayor del reino, familiares de Franco y varios médicos fueron testigos de cómo se soldó la caja interior del féretro

Bajo el nombre de ‘Variante en caso de lluvia’, nombre camuflado que se utilizó en el plan para no desvelar el motivo real de los cambios introducidos a última hora, se decidió colocar mástiles con banderolas de gran tamaño en las calles Bailén y Ferraz para que un eventual francotirador no tuviera opciones de hacer blanco.

No hubo incidencias en el traslado y, a la una y media, Fuertes de Villavicencio entregó a Lojendio en la puerta de entrada de la basílica la orden que el rey había firmado la tarde antes a las 16 horas para que recibiera el féretro y se inhumara en el sepulcro habilitado entre el altar mayor y el coro de la iglesia, con categoría basilical desde 1960. "El padre abad me manifiesta a mí, el notario, en su propio nombre y en el de la comunidad que regenta, que acepta como un honor la Orden de Su  Majestad y que la cumplimentará con el celo que corresponde a la alta misión que entraña", recogió Sánchez-Ventura en el acta.

Suspensión de espectáculos públicos

El Consejo de Regencia, presidido por Alejandro Rodríguez de Valcárcel, acordó el mismo día de la muerte del jefe del Estado la suspensión de todos los espectáculos públicos hasta las tres de la tarde del 23 de noviembre, hora en que se calculaba que ya habría terminado la ceremonia de inhumación. Fue en el mismo decreto-ley en el que se declaraba inhábil en todo el territorio nacional el 22 de noviembre, día en que Juan Carlos I fue proclamado rey.

Más de cuatro décadas después de la inhumación, el Ejecutivo de Sánchez avanza en su intento de trasladar los restos del dictador a una sepultura alejada del Valle de los Caídos, lugar en el que -según el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto- sólo pueden yacer los restos mortales de personas fallecidas durante la Guerra Civil (1936-1939).

El procedimiento sigue su curso

Desestimadas las alegaciones presentadas por los nietos de Franco, el procedimiento administrativo discurre por la fase en la que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial –localidad madrileña en cuyo término municipal se encuentra el Valle de los Caídos– tiene que valorar si el proyecto de exhumación es conforme a la ordenación urbanística en vigor, como establece la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. El Consistorio dispone de un mes como máximo para responder.

Es el mismo plazo con que contará  la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid -departamento del Ejecutivo autonómico competente en materia de sanidad mortuoria- para emitir un informe no vinculante, antes de que los descendientes de Franco dispongan de otro plazo de 10 días hábiles para volver a alegar. Sólo quedaría ya que el Consejo de Ministros resolviera motivadamente si procede la exhumación y detalle el destino que se le daría a los restos del dictador en caso, como todo hace indicar, de no llegar a un acuerdo con la familia.