Un total de 3.234 jueces y 973 fiscales secundan la huelga de togas en España

La cuarta huelga de jueces de España ha sido secundada por el 60,90 por ciento de los jueces y el 38,88 por ciento de los fiscales de este país, según los datos manejados por los convocantes a las cinco de la tarde. Dicho de otra manera: 3.234 jueces y 973 fiscales han ido este lunes a la huelga como medida de protesta para reivindicar mejoras en la Administración de Justicia y mayor independencia para el tercer poder del Estado.

Por su parte, los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial reflejan que el número de jueces y magistrados que han comunicado a las presidencias de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia su decisión de secundar la jornada de huelga convocada ha sido de 2.559. Por otro lado, fuentes de la Fiscalía General cifran en 1.004 el número de fiscales que hicieron el paro.

Según datos del CGPJ, el paro ha sido secundado por 2.559 jueces en el país

Según un comunicado remitido por las siete asociaciones judiciales que han llamado a la huelga esta ha sido “un éxito de convocatoria”. Por ello, jueces y fiscales instan al Ministerio de Justicia –capitaneado por la ministra Dolores Delgado quien secundó el paro de 22 de mayo frente al Gobierno del PP- y el CGPJ a “buscar soluciones a las razonables peticiones de los dos colectivos profesionales a los que representamos”.

“Pese a las advertencias del equipo ministerial al respecto, entendemos que estas cifras son un buen punto de partida para iniciar negociaciones sobre aspectos concretos de nuestras condiciones profesionales, de la mejora de la Justicia y de un reforzamiento tanto de la imagen de independencia de la Justicia como de la autonomía del Ministerio Fiscal”, recalcan los convocantes.

En diferentes partidos judiciales de España, los togados han leído un manifiesto donde reprochan a los poderes políticos que “sin el más mínimo respeto al Poder Judicial ni por el Poder Legislativo se anuncia  el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Hechos que se producen en el marco de un situación insostenible en la carrera judicial y fiscal, que ha llevado a toda las asociaciones de jueces y fiscales a la huelga. Recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia  judicial, medios materiales para poder dar una adecuada repuesta a los ciudadanos, la derogación del 324 de la LeCrim, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales, condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal”.

De esta forma, tras la crisis generadas por la gestión del caso del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo por los magistrados Carlos Lesmes y Luis Díez Picazo y junto con el acuerdo entre el PP y el PSOE para nombrar el presidente del Poder Judicial a Manuel Marchena, los jueces y fiscales de este país reclaman  que los nombramientos de altos cargos judiciales más transparentes donde haya que definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género.