La Guardia Civil registra la Autoridad Catalana de la Competencia por el 3%

La Guardia Civil ha registrado esta mañana la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia y siete empresas de Barcelona en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional del caso 3%, sobre la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC). En el marco de unas diligencias dirigidas por la Audiencia Nacional se han registrado además un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla relacionadas con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, los registros se están llevando a cabo, además de en la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia, en la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultorías independientes de Cataluña, el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL.

En un comunicado interno, Ayesa ha explicado a su plantilla que "no se está llevando a cabo ninguna investigación" sobre la compañía ni sobre ninguno ni sobre ninguno de sus empleados. "Ayesa está colaborando con la Guardia Civil, a petición del Juzgado correspondiente, en proporcionar información sobre terceros que haya podido llegar a Ayesa", informa.

La investigación, que parte de la investigación de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados, fechados entre 2008 y 2011. De esos correos se deduce la connivencia de algunas empresas privadas con el sector público de la Generalitat para beneficiarse del reparto de licitaciones públicas, según fuentes de la investigación. Mediante ese pacto, las empresas implicadas pactaban las ofertas que debían presentar para excluir a las competidoras.

En el marco de esta actuación, el juez José de la Mata, que instruye el caso, llamará a declarar a empresarios de compañías radicadas en diversas ciudades catalanas, Sevilla y Vizcaya, que según los investigadores habrían pactado las normas de las licitaciones con la administración entre los años 2008 y 2010. Las pesquisas habrían conseguido demostrar además la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto.

Durante las actuaciones de hoy se ha procedido al requerimiento de los 10 expedientes objeto de investigación, que fueron licitados por Infraestructuras de Catalunya y obraban en su poder. Y se ha requerido a la ACC que aporte las actuaciones realizadas en relación con el entramado de empresas investigadas.

El 'caso 3 %'

El "caso 3%" se abrió originariamente en El Vendrell, cuando una ex regidora de Esquerra Republicana denunció las presuntas irregularidades en contrataciones del consistorio, en manos de CiU, para cobrar comisiones del 3% a las empresas adjudicatarias de las obras públicas. El principal acusado de la causa es el ex gerente de CDC y conseller de Justicia Germà Gordó, hombre de la máxima confianza de Artur Mas, al que los investigadores sitúan en la cúpula de la trama organizada entre el gobierno catalán, la empresa de obras públicas Adigsa y algunas administraciones locales -entre ellas el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias- para pactar las concesiones de obra pública a cambio de financiación irregular para Convergencia.

Junto a Germà Gordó, el ex tesorero de la formación Andreu Viloca -ascendido también por Artur Mas, en sustitución de Daniel Osácar- figura entre los principales encausados por la supuesta financiación irregular de Convergencia, denunciada ya en 2005 por Pasqual Maragall en una tumultuosa sesión parlamentaria a raíz del hundimiento del túnel del Carmelo. Viloca es además el nexo entre el caso 3% y el "Caso Palau" por el que el partido fundado por Jordi Pujol ya fue condenado por financiación irregular y tráfico de influencias.